La revisión más superficial del marco legal mexicano para el control de las sustancias tóxicas muestra que es incompleto, obsoleto y extremadamente ineficaz. Siendo mal pensados, se puede suponer que esto se debe a la falta de interés de los legisladores y funcionarios responsables de dedicarle el tiempo y la atención necesarios a proponer, formular y llevar a la práctica un marco adecuado.

Esa falta de interés coincidiría con la de las empresas que fabrican sustancias tóxicas, nos las exportan o las usan como parte de sus procesos sucios cuando las traen a México y llevan a otros países del mismo nivel de desarrollo porque ya les es inviable cumplir con las crecientes reglas en sus países de origen.

De esta situación sobran ejemplos, pero actualmente destacan dos casos que son paradigmáticos: los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y los agentes con actividad hormonal (AAH), los cuales no dejan duda de en dónde estamos y hacia dónde vamos como resultado de la negligencia y omisiones de las instancias teóricamente responsables de protegernos de las agresiones tóxicas.

Los plaguicidas altamente peligrosos

En agosto del 2017, Greenpeace y 42 organizaciones solidarias presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja sobre las omisiones en el control de estos plaguicidas en perjuicio de la población en general, violando varios de sus derechos constitucionales.

El proceso que siguió esta queja es un claro ejemplo de negligencia e ineficacia. Para empezar, durante 18 meses la CNDH mantuvo un discreto silencio al respecto, quizá tratando de entender el problema o, quizá, tratando de no meterse en honduras. No fue sino hasta diciembre de 2018, cuando la nueva administración federal ya había entrado en funciones, que la CNDH decidió que la queja estaba justificada y emitió su recomendación 82/2018, dirigida a las autoridades de agricultura, ambiente y salud.

A pesar de que dicha recomendación establece plazos específicos para su cumplimiento, en febrero del 2021, dos años y dos meses después, no se ha cumplido ninguno de sus puntos, lo que es prueba inequívoca de la escasa utilidad y eficacia de las recomendaciones de la CNDH en casos como éste, como lo confirma que, para la eliminación gradual del uso del glifosato en el país se requirió un decreto presidencial, que fue publicado el 31 de diciembre del 2020.

Considerando que en México tienen registro vigente más de 180 plaguicidas (dos tercios) de los más de 300 que la Pesticide Action Network International (PAN Internacional) estima que son “altamente peligrosos”, es evidente que no hay para cuándo lograr su control en México.

Para prohibir cada PAP con registro en el país se va a tener que presenciar una agitada discusión en la que los fabricantes, importadores y grandes usuarios de estos productos amenazan airadamente al gobierno y a la sociedad con diversas versiones del petate del muerto: “nos vamos a morir de hambre”; “se perderán mercados”, “se perderá competitividad” y, casi casi, “la agricultura entrará en crisis en el país por falta de glifosato”.

Mientras tanto, el presidente se tendrá que distraer de asuntos más urgentes, como ahora el coronavirus. Primero, para aquietar los desacuerdos en su equipo y, después, para resolver las discrepancias mediante un decreto.

Es claro que este método no es el mejor para protegernos de los muchos riesgos de los PAP. Debe haber otros más eficaces, en los cuales, en lugar del presidente, actúen otras instituciones. Por ejemplo, el Poder Legislativo que, se supone, es el responsable de emitir las leyes necesarias para proteger nuestra salud y nuestro ambiente.

En el caso de los PAP es importante resaltar que en México no hay una definición jurídica para ellos, lo que impide aplicarles medidas de control específicas. De hecho, no hay lineamientos para revocar los registros de plaguicidas o denegarlos en caso de que surja nueva información sobre sus riesgos. Y legalmente no es posible exigir información reciente a las empresas cuando solicitan la renovación del registro de un producto.

Ante la pregunta ¿por qué no existe aquí una definición legal de los PAP? La respuesta puede ser “porque los legisladores no se han enterado que este grupo se estableció desde el 2006 y los países deben revisar su régimen legal para incluirlos”.

Otras respuestas pueden ser: “porque los legisladores no consideran que el control de los plaguicidas (todos, los altamente peligrosos y los tan solo normalmente peligrosos) requiera acciones urgentes”, “porque ni siquiera saben qué son los plaguicidas y cuáles son sus riesgos a corto y a largo plazo”.

O, más grave todavía, porque, para causar un daño evidente, la mayoría de los PAP necesitan varios años, mientras los legisladores van a ocupar sus curules solamente tres o seis, por lo que los daños probablemente aparecerán después de que las hayan dejado. Quizá por eso no consideran que vale la pena desperdiciar su tiempo en un asunto que, aparte, no los va a hacer populares con varios grupos importantes o influyentes e, inclusive, puede afectar su futuro político.

Además del Poder Legislativo, hay varias dependencias del Ejecutivo que, en teoría, son responsables de vigilar su control; entre ellas, en el sector salud Cofepris y Cenavece. Y en el de agricultura, Senasica que, a juzgar por su falta de acciones o lo contradictorio de algunas, tampoco parecen tomar en serio este tema.

Los agentes con actividad hormonal

Si la falta de control de los PAP en México es grave, mucho más lo es la de los agentes con actividad hormonal (AAH), los cuales y sus muchísimos y graves riesgos al parecer todavía no son ni siquiera reconocidos aquí. Como si estas sustancias no existieran para las instituciones que deberían protegernos de problemas como los que de seguro ya nos están generando los AAH. Y ello a pesar de que desde 1992, hace ya casi 30 años, son motivo de numerosas investigaciones en el mundo. Y desde el 2012 fueron aceptados como tema emergente por el Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM por sus siglas en inglés), del cual México es parte.

Por ejemplo, después de años de hibernación profunda, el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos (CSG) que, según el Artículo 73 constitucional, fracción XVI, es la principal autoridad sanitaria del país y cuyas disposiciones son de carácter general y obligatorias, el año pasado decidió resucitar y lo hizo con gran pompa y circunstancia, anunciando que evaluaría los riesgos químicos.

Después de, se supone, numerosas sesiones de alto nivel, con la posible participación de buen número de asesores de excelencia, el CSG salió con un auténtico parto de los montes: una lista de sustancias peligrosas cuyo estudio y control debe ser prioritario para México, encabezada, ni más ni menos, que por... ¡el plomo!

Nadie puede negar que el plomo es un problema para el país. Pero tampoco que sus riesgos ya fueron conocidos por griegos y romanos. Y en México fueron denunciados por primera vez en 1878, hace 140 años.

Una breve revisión histórica muestra que, cada cierto tiempo, una nueva administración federal del país retoma el asunto, convoca expertos, organiza reuniones en las que se llega a conclusiones y se plantean soluciones, teóricamente definitivas, ninguna de las cuales ha logrado, hasta el momento, controlar el problema o, al menos, establecer un marco legal integral que eventualmente pueda lograrlo.

De inmediato surge la pregunta: ¿cómo justifica el CSG su decisión de concentrarse en un tóxico del pasado como el plomo, por mucho de que siga causando problemas, y ni siquiera mencionar en sus planes, de pasadita o como nota al pie, a los PAP y a los AAH, que son los tóxicos que están generando las enfermedades de nuestro presente y las de nuestro futuro; entre ellas las notorias epidemias de obesidad, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal y otras que ¡ahorita!, ¡ya!, debieran tener su atención total?

Que esta importante instancia ni mencione los PAP y los AAH quizá se debe a que sus integrantes ignoran su existencia y sus riesgos. Quizá también a que prefieren no arriesgarse con temas cuyo control no saben a quiénes va a afectar.

Lo que no parece preocuparlos en lo más mínimo es que la salud y el ambiente de los mexicanos sigue deteriorándose. Mientras se animan a hacer algo, aunque sea reuniones de alto nivel y sabias declaraciones que caen pronto en el vacío.

Lilia América Albert
Toxicóloga
Directora de Ambiente y Salud, AC
Correo-e: la.albertp@gmail.com