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Litigio, herramienta para una transición energética justa

Gustavo Alanís Ortega y Anaid Velasco

El litigio se ha consolidado en años recientes como una de las herramientas coadyuvantes en la defensa y exigencia del cumplimiento efectivo de diversos derechos humanos, sobre todo de aquellos de “reciente” reconocimiento, en los que la interpretación y alcance del derecho se ha ido construyendo paulatinamente, toda vez que su entendimiento por parte de los diversos actores involucrados, incluidos los jueces, requiere de una práctica constante que ayude a su implementación efectiva y que, idealmente, se traduzca en interpretaciones más benévolas y afines a los conceptos de dignidad y justicia social.

Tal es el caso del derecho humano a la salud, el derecho humano a un medio ambiente sano y los derechos territoriales relacionados con los dos anteriores, derechos que guardan una estrecha relación con los proyectos de energías renovables. Desde la integración de las energías renovables como tema de agenda en la política pública energética y climática hasta su efectiva operación en campo, el respeto y garantía de los derechos humanos mencionados debe ser uno de los ejes transversales que articulen la transición energética.

Cabe recordar que en México los primeros litigios relacionados con los proyectos de energías renovables surgieron a propósito de las violaciones al marco legal de derechos ambientales y territoriales reconocidos a las comunidades en los que se instalaron dichos proyectos; primero, en los casos de presas hidroeléctricas a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en estados como Jalisco y Guerrero, y posteriormente, en proyectos de energías eólicas a cargo de empresas privadas en el estado de Oaxaca.

De esta primera ola de litigios relacionados con las energías renovables se rescatan importantes lecciones aprendidas. La primera fue la visibilización de una realidad que caracteriza a América Latina, región en la que la implementación de proyectos de energías renovables necesariamente debe considerar que en el territorio habitan pueblos y comunidades indígenas y equiparables cuyas voces deben ser escuchadas y consideradas en los procesos de planeación, autorización y operación de estos proyectos energéticos.

Otra lección a destacar de esta ola de litigios fue la necesidad de seguir consolidando la relación existente entre lo social, lo económico y lo ambiental, toda vez que no se puede alcanzar una transición energética justa o cumplir con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en detrimento o a pesar de los derechos humanos de las comunidades que habitan los territorios en los cuales se pretenden impulsar medidas de aprovechamiento de energías renovables.

Debido a estas lecciones aprendidas, el marco legal mexicano tuvo importantes transformaciones en 2013, a propósito de la reforma energética la cual fue aprovechada para insertar instrumentos tales como la evaluación ambiental estratégica, el estudio de impacto social y el procedimiento de consulta indígena para el caso de los proyectos del sector eléctrico, sean renovables o no.

Ciertamente, existe una enorme área de oportunidad en la mejora de estos instrumentos para alcanzar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos que pretenden garantizar; sin embargo, son áreas de oportunidad que han sido prácticamente ignoradas por la presente administración y, por el contrario, en los pasados dos años se ha dado impulso a una serie de reformas legales en detrimento de la salud y el medio ambiente de las personas, como sucede en el caso de los Acuerdos de Política de Confiabilidad del Sector Eléctrico y las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. Lo anterior ha dado pie a una segunda ola de litigios en defensa de estos derechos, aunada a la falta de cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de combate al cambio climático por parte de México, que incluyen, entre otros, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la generación de energía con fuentes renovables.

La violación de estos derechos humanos y la falta de cumplimiento efectivo del marco legal, nacional e internacional debida a la nueva política energética centrada en el uso de fuentes fósiles es tan evidente que los jueces no han dudado en señalar estas violaciones en los diversos litigios impulsados por organizaciones de la sociedad civil cuyo interés es la garantía de los derechos ambientales.

Los retos hoy son, por un lado, la aceptación de estos fallos y una modificación del marco legal consistente con el sentido de las sentencias y, por el otro, mejorar los instrumentos ya previstos en las leyes del sector eléctrico que ayudan al cumplimiento de los derechos humanos de las comunidades potencialmente afectadas por los proyectos de energías renovables. Solo así nuestro país estará en camino de llegar en tiempo y forma a una transición energética justa, en beneficio de la salud y calidad de vida de los mexicanos.

Gustavo Alanís Ortega y Anaid Velasco
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC
Correo-e: comunicacion@cemda.org.mx