El Artículo 6 de la Ley Minera vigente en México define a esa actividad como de interés público y prevalente sobre cualquier otra, con la excepción de la producción de hidrocarburos. Con esta ley, publicada 18 meses antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se inauguró una nueva etapa de los cinco siglos de historia minera del país. Caracterizada por fuerte participación de empresas extranjeras, concesiones de gran extensión y por largos periodos, una intensidad de extracción sin precedente que se sustenta en una gran debilidad regulatoria.

De 1989 a 2018 se concesionaron a empresas mineras 113.9 millones de hectáreas (Pérez-Jiménez, 2020) de la superficie mexicana y por un periodo de cincuenta años, renovables a cincuenta años más.

Esto, junto a la flexibilidad regulatoria: bajas contribuciones fiscales, ausencia de sanción a violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales; ausencia de restricciones respecto a los sitios donde se pueden realizar extracciones y a las técnicas de extracción, ausencia de consulta según estándares internacionales a las poblaciones afectadas y acceso privilegiado a tierras y aguas para los concesionarios, desconociendo derechos preexistentes hizo de las concesiones objetos muy lucrativos de especulación financiera con bienes propiedad de la nación.

Es por esto que, entre 1994 y 2018, se extrajo casi siete veces más oro y el doble de plata que durante los 300 años de la Colonia (INEGI, 2010; gobierno de la república, 2018).

El crecimiento de las exportaciones minero-metalúrgicas fue más de 90 por ciento (Presidencia de la república, 2018). A Estados Unidos se exporta 80 por ciento del oro que se extrae en el país, y 70 por ciento de la plata, mientras que China importa más de la mitad de la producción total de cobre (Secretaría de Economía, 2013; Violeta R. Núñez, 2018).

La mayor parte de la producción minera mexicana se exporta como materia prima, por lo que genera pocos empleos y escaso valor agregado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que la proporción en las exportaciones mineras de productos elaborados de América Latina, incluyendo a México, es menor que la de África (Bárcenas, 2018).

El boom minero de las pasadas tres décadas en México ha sido parte de un proceso de reorientación extractiva de la economía. Junto con otras medidas como la reducción del gasto público, el control de la inflación y la deuda pública y la apertura indiscriminada de las economías nacionales a los mercados globales, fue impuesto por la banca internacional en el contexto de la negociación del pago de la deuda externa.

Procesos similares ocurrieron en la mayoría de los países de América Latina (Bebbington 2009, Svampa 2012, Martínez Allier, 2011). México se convirtió así en un fuerte exportador de minerales y productos agrícolas, cuya producción ejerce fuerte presión sobre los recursos naturales y lo territorios y que se comercializan como commodities, mercancías cuyos precios se fijan en los mercados financieros globales.

Las contribuciones públicas de la minería difícilmente justifican el carácter de “utilidad pública” que le confiere la ley y los privilegios a partir de ello se le conceden.

La contribución de las actividades extractivas al producto interno bruto del país en 2017 fue de 4.9 por ciento. Pero si a esta cifra se le resta la aportación de la producción de hidrocarburos, el valor de la exploración y extracción de minerales constituye apenas el 0.9 por ciento del producto interno bruto, PIB.

En 2019, la contribución fiscal de las empresas mineras representó 0.52 por ciento del conjunto de la recaudación del gobierno federal (www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union).El empleo que generan dichas empresas representa apenas el 0.66 por ciento del empleo formal (Olivera, 2019).

El territorio mexicano es rico en depósitos minerales de metales preciosos, y de cobre, aluminio, cromo, níquel, plomo, zinc y litio que se utilizan en distintos procesos industriales. Incluyendo la fabricación de tecnología de energías renovables, cuya demanda global se incrementará en los próximos años.

La persistencia de la política de privilegio de las actividades extractivas coloca al país frente al riesgo de que los impactos sociales y ambientales de la minería se multipliquen considerablemente en los próximos años, cuando los proyectos mineros que aún no se ejecutan o que se encuentran en fase de exploración, y que hoy son la mayoría, pasen a la fase de explotación.

Así las cosas, mientras los daños y pérdidas sociales y ambientales que la minería genera en distintas regiones de México son cada vez más evidentes y crecientes, las empresas mexicanas y extranjeras proclaman abiertamente que la minería no solo genera desarrollo, sino que es “sostenible”. Y que las actividades que realizan en el medio rural del país es sustentable (Camimex, 2020).

Esta pretensión busca justificar la gran concentración de riqueza que ha generado esta actividad y el tratamiento de privilegio del que goza. Y al tiempo, niega la destrucción y violencia que ha generado en diversas comunidades y regiones.

En este escenario, la Colectiva Cambiémosla Ya, integrada por un numeroso grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunidades, está convencida de que es fundamental reformar el marco legal que rige a la minería. Recurre para ello a los objetivos de desarrollo sustentable, ODS, de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Un marco de referencia inobjetable para revisar si dicha actividad es realmente sustentable y genera un desarrollo en bien de las generaciones futuras.

Los ODS son resultado del consenso de los 192 países miembros de la Asamblea de esa organización, México entre ellos. La Agenda 2030 va más allá de la definición tradicional de sustentabilidad que considera las dimensiones sociales, económicas y ecológicas en términos más bien vagos. Incluye en esta definición de forma explícita temas de gobernanza, desigualdad, género, trabajo digno y cooperación internacional, entre otros.

A la luz de este marco analizamos las aportaciones y obstáculos que la minería impone al avance del cumplimiento de varios de esos objetivos: 1) fin de la pobreza; 2) hambre cero; 3) salud y bienestar; 5) igualdad de género; 6) agua y saneamiento; 8) trabajo decente y crecimiento económico; 10) reducción de las desigualdades, 13) acción por el clima; 15) vida de ecosistemas terrestres y 16) paz, justicia e instituciones sólidas.

Hoy, más que nunca, es fundamental replantear los privilegios de esta actividad y reformar el marco legal que la rige. La destrucción que está generando en los territorios rurales –lo que incluye deforestación, sobreexplotación y contaminación del agua, destrucción de los medios de vida de las familias campesinas y la ruptura del tejido social, entre otros– es en muchos casos irreversible.

Agradecemos a Iván Restrepo, director de La Jornada Ecológica, así como a sus colaboradoras, la diseñadora Laura Angulo y la programadora Estela Guevara, la oportunidad de abordar este tema en este número especial del suplemento.