Los derechos de las personas LGBTI+ en México avanzaron de manera significativa en las últimas dos semanas. Tres entidades de la república aprobaron medidas legislativas y reglamentarias que amplían el marco del ejercicio de dichos derechos. En el Edomex, el Congreso aprobó sancionar a quienes sometan en contra de su voluntad a una persona a terapias de “conversión” de su orientación sexual o identidad de género. Mientras que el gobierno de Jalisco acordó modificar el Reglamento del Registro Civil para permitir a las personas trans la adecuación de sus datos personales a su identidad de género. Y en Puebla, el Congreso del estado dio entrada a los matrimonios entre personas del mismo sexo con la reforma al Código Civil.

Estos avances dan cuenta del cambio que se ha dado en la sociedad mexicana. La discusión pública la van ganando quienes propugnan por la ampliación de derechos sin distinciones discriminatorias ni exclusiones injustificadas en contra de quienes se oponen por creencias dogmáticas, fundamentalistas y moralistas basadas en los prejuicios.

Dar garantías y protección a la expresión de la diversidad de identidades sexuales y de género no sólo es una obligación constitucional de las instituciones del Estado, sino que significa también avanzar en el proceso civilizatorio del país, en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más libre y más humana.