Desde hace cuatro sexenios, los sucesivos gobiernos han comenzado planteándose el propósito de unificar nuestro sistema de salud, pero han terminado claudicando irremediablemente. Uno de los grandes obstáculos para frenar las enfermedades que más afectan a la población y para garantizar el acceso universal a los servicios de salud es precisamente la fragmentación de nuestro sistema de salud, integrado por distintas instituciones que tienen normativas y políticas de atención diferentes y hasta encontradas entre sí. Lo anterior se hizo evidente en la emergencia de salud que enfrentamos debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, la coordinación lograda entre las principales instituciones para contenerla también nos mostró que es posible tomar decisiones para avanzar en la dirección de la atención unificada.

En ese marco, establecer la política de acceso universal al diagnóstico y a la prevención de las principales enfermedades que afectan a la población mexicana sería un paso de suma importancia en esa dirección. Con ello se garantizaría que, no importando el lugar de residencia, el estatus migratorio o la afiliación a una institución de salud, las personas accedan sin trabas burocráticas a la detección oportuna o a los insumos de prevención, como las vacunas o los anticonceptivos. Se trata de una propuesta audaz sin duda, pero de indudable beneficio para la población.