EL NUEVO SITIO DE CUAUTLA / 256 — ojarasca Ojarasca
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EL NUEVO SITIO DE CUAUTLA / 256

Gloria Muñoz Ramírez

YA QUE EL ESTADO NO LOS PROTEGE DEL CRIMEN, LOS PUEBLOS NAHUAS DE LOS ALTOS DE MORELOS HAN DECIDIDO AUTODEFENDERSE

Cuenta Donato Pérez, transportista de Hueyapan, pueblo nahua del oriente de Morelos que, hace 25 años, 29 trabajadores del transporte colectivo de pasajeros abrieron la ruta a Cuautla, y todo este tiempo habían trabajado con tranquilidad. Hace tres meses la vida les cambió. Una persona en motocicleta llegó a la oficina de la base y dejó una nota con un teléfono. Nadie marcó el número, pero después le llamaron directamente al presidente de la ruta y le solicitaron 400 mil pesos. La semana siguiente les volvieron a llamar, ésta vez con la amenaza directa de que si no pagaban quemarían una de las unidades con todo y pasajeros. Se preocuparon y decidieron llamar a las autoridades. El secretario de gobierno los citó en Cuautla y, cuenta Donato, “nos dijo que él no tenía la bolita mágica para que se acabara, que nos iba a mandar unas patrullas, pero eso era como dar un Mejoralito a la organización delictiva. Nos fuimos decepcionados del gobierno y no sabíamos a quién recurrir”. La fecha del ultimátum se cumplió y se paró la ruta ese día. Nadie trabajó. “Acudimos al pueblo y por su seguridad dimos a conocer qué estaba pasando. De esa reunión salió el acuerdo de organizar una manifestación en Cuautla el 23 de julio. Una parte de la guardia comunitaria acompañó la movilización y otra parte se quedó a cuidar al pueblo”.

Lilia González Cortés, elegida por los pueblos de los Altos de Morelos como comisionada para el diálogo con el gobierno estatal, relata a Ojarasca que el problema de las extorsiones “ya tiene tiempo comunidades de los municipios de Tetela del Volcán y Zacualpan, pero no habían llegado a Hueyapan”. Se trata, explica, de personas de origen colombiano que se presentan como prestamistas, pero en realidad son extorsionadores que “todos los días te cobran intereses, y si no tienes, te obligan”. Por ejemplo, una señora les pidió mil pesos, y todos los días le cobraban 60 pesos de intereses. Ella terminó pagando 3 mil pesos y cuando quiso dejar de pagar, la amenazaron con quemar su puesto de quesadillas, y mejor lo cerró. El pueblo de Hueyapan decidió apoyar a los transportistas porque, explica Lilia, “si ellos daban entrada al cobro de piso, entonces después seguirán en las tortillerías, las panaderías o las señoras de las quesadillas”. Se unieron entonces otros pueblos y dieron a conocer un manifiesto en el que, entre otras demandas, exigen el retiro inmediato del Mando Único y el reconocimiento de sus guardias en las labores de seguridad, además de la instalación de puntos de revisión y patrullaje permanente de elementos de la Marina en la zona de Cuautla, entre otras exigencias.

Durante la movilización con la que sitiaron Cuautla, los pobladores de Morelos pidieron al gobierno estatal que “revisara a los colombianos, guatemaltecos, panameños y le advertimos que responsabilizábamos al Estado de cualquier cosa que nos pudiera ocurrir a partir de ese momento, pues nuestros guardias comunitarios ya estaban rebasados, qué van a hacer si sólo tienen un radio”, cuenta Lilia. “Ellos”, añade “están armados y te cobran las cuotas con armas y desgraciadamente sólo manifestándonos pudimos sentarnos con el Estado. Entramos entonces a un proceso de diálogo y quedó el gobierno de ir a darnos respuesta el día sábado, pero no llegó, no le interesó, nos dejó plantados. Y luego el subsecretario de gobierno Salvador Díaz Cerón nos dijo que cubriría todas nuestras demandas el martes 31 de julio a las diez de la mañana. Dijo que nos iba a dar los chalecos, radios y armas que necesitábamos para cuidarnos. Nosotros no le pedimos armas, pero él se ofreció”. Llegó el día de la cita y se juntaron más de cuatro mil personas pertenecientes a 30 comunidades en el centro de Hueyapan para recibir al representante del gobierno, pero nuevamente los dejaron plantados. La gente estaba ya muy enojada, burlada. Y justo estaban los representantes de los pueblos tomando acuerdos para el siguiente paso, cuando les avisan por radio que la gente de Tlacotepeyac había detenido a tres colombianos y que dos habían escapado. “No pasaron ni diez minutos cuando nos avisaron que lo estaban golpeando y que uno ya se había muerto”. La gente lo había linchado. Todo se salió de control. Un mes antes la guardia comunitaria había detenido también a tres colombianos que cobraban piso, los entregaron a las autoridades “y ahí, en nuestras narices los liberaron y salieron hasta riéndose, las autoridades dijeron que no había elementos y que tenían trato especial por ser colombianos”. Por eso, explica Lilia sin ánimo de justificar, pues en todo momento reprueba el linchamiento, “cuando agarraron a éste la gente pensó ‘éste nos las paga’”.

“Eso no está bien, porque nosotras las comunidades no tenemos que hacernos justicia por nuestra propia mano, pero el culpable de que esto ocurra es el Estado, no los pueblos”, insiste la comisionada de Hueyapan, quien lamenta que ahora, “nosotros sufrimos por algo que el gobierno pudo haber controlado”. En el Manifiesto del Consejo de Pueblos Unidos del Estado de Morelos (frente creado en la coyuntura de la movilización en Cuautla), se advierte que grupos de delincuentes están sembrando el terror con “amenazas, cobros de piso, asaltos, secuestros, abigeatos, robos de vehículos, a casas habitación, empresas, comercios, transporte público, extorsiones, violaciones, levantones y homicidios”, con la complacencia o nula acción de autoridades estatales y municipales. Y éste fue precisamente, insiste Lilia, el contexto de “lo que ocurrió y no debió de ocurrir”.

Las rondas tradicionales

Un integrante de la guardia comunitaria de Hueyapan, que insiste en no dar su nombre por motivos de seguridad, explica que las rondas o guardias comunitarias existen en los pueblos nahuas desde hace mucho tiempo, pero se fueron perdiendo y fue apenas hace cuatro años, en el contexto del incremento de la violencia, sobre todo por el robo de aguacate y el secuestro de niños en los pueblos vecinos, que la asamblea comunitaria determinó retomar los rondines Actualmente hay 31 policías comunitarios, todos sin cobrar sueldo. La guardia, dice el entrevistado, exige el reconocimiento del Estado, pues les han negado la existencia. “Solicitamos cien radios, principalmente, porque así nos comunicamos, ni modo que a chiflidos. También chalecos y dos vehículos para cada comunidad. Nos dijeron que sí, pero ni siquiera llegaron la cita de ese martes”.

Al día siguiente del linchamiento, el miércoles, sí los recibieron, pero, señala Lilia González, “fue para amenazarnos y burlarse de nosotros”. Y la estrategia actual, dice, es dividir a los pueblos. “Están preguntando por comunidad qué quieren, en lugar de escuchar a la organización, por eso les pedimos que no caigan en la trampa pues vamos en grupo”. La situación, finaliza, “está al límite”.

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