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El territorio, las leyes y la muerte / 259

¿Qué detendrá la permanente ola de asesinatos de los defensores de sus tierras y de la Tierra en México? Las sierras Tarahumara y Huichola, y el Istmo de Tehuantepec representan los puntos más letales, donde los sicarios del narco y/o caciques y/o agentes gubernamentales ultiman a quienes se interponen a sus pretensiones de apropiarse el territorio de los pueblos originarios. Defensores legítimos que a nombre de su comunidad y de sus pueblos apuestan su vida, y en este México nuestro la pierden impunemente. Tan sólo del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) de Oaxaca, en 2018 han caído asesinados cinco de sus miembros.

Tal es la regla en Coloradas de la Virgen (Guadalupe y Calvo, Chihuahua). El asesinato de don Julián Carrillo el pasado 24 de octubre significa, como expresa Amnistía Internacional, “el punto culminante de la crónica de muertes de su familia”. Antes cayeron su hijo Víctor (5 de febrero de 2016), sus sobrinos Alberto Quiñónes (31 de marzo de 2017) y Guadalupe Carrillo (30 de julio de 2017), y su yerno Francisco Chaparro (1 de julio de 2018). La irresponsabilidad del gobierno estatal de Javier Corral, que tantos descuidos nos debe (Miroslava no se olvida), no ha controlado a los gatilleros ni a sus plenamente identificados patrones, permitiendo una suerte de exterminio familiar contra los defensores del bosque rarámuri.

Con Brasil y Colombia, el nuestro es uno de los peores países del mundo en la materia. Se suman Perú, Honduras y Guatemala, haciendo de la nuestra la región más mortífera para los defensores, todos ellos ancestralmente arraigados a sus territorios y sus usos para la vida, no el negocio ni la muerte. El inminente cambio de gobierno en Brasil hace temer que el exterminio indígena en la Amazonía no hará sino agravarse hasta hacer de esa nación la mayor genocida ambiental del mundo.

¿Y el cambio de gobierno en México? Una cosa son las buenas intenciones verbales y muy otra son los hechos. Alarma que el senador Ricardo Monreal, importante líder de Morena, promueva desde ya, antes del cambio presidencial, una perversa Ley Agraria que contrarreforma la contrarreforma salinista de 1992, o como lo pone Carlos González del Congreso Nacional Indígena (CNI), le da continuidad. De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la iniciativa de ley agraria presentada por Morena en la nueva Legislatura es una regresión, una amenaza para los derechos de los pueblos, no reconoce la colectividad y facilita la penetración de los capitales de inversión en los núcleos agrarios, como son las industrias extractivas, los proyectos energéticos, la urbanización y los agronegocios.

Si la novedad transformadora morenista va por la ruta de la esperpéntica “Ley Monreal”, sus proclamadas buenas intenciones seguirán empedrando la codicia del capital, la privatización disimulada y el camino del Infierno.

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