LA CONSULTA INDIGENISTA EL OLVIDO COMO ARGUMENTO / 267

EL OLVIDO COMO ARGUMENTO

En su reciente convocatoria para la realización de la consulta sobre la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación (SG) como instancias representativas del Estado mexicano, manifiestan su disposición al reconocimiento de los pueblos en tanto sujeto de derecho público, como se exigiera en los Acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 por el Gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). A 23 años, desde un Estado que se autodenomina de “izquierda y antineoliberal”, llaman a una consulta que se realiza en estas fechas en más de 50 centros coordinadores del INPI. La gran diferencia y olvido entre esta consulta y la que derivara en los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en, es que mientras ésta únicamente pregunta por separado (buscando el aval ante algunos representantes de los pueblos), aquélla se logró y fue consecuencia de un gran diálogo y consenso nacional. En aquel entonces los principales resultados fueron la firma de los acuerdos, su incumplimiento por parte del gobierno y la constitución del Congreso Nacional Indígena (CNI) como un nuevo sujeto histórico en México y que, desde mayo de 2017, en ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación, ha integrado como instancia representativa de nuestros pueblos: el Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

A pesar de que el propio coordinador nacional del INPI y sus asesores participaron en los inicios de esa parte importante del movimiento indígena nacional representado por el CNI, se olvidan de actualizar sus informes al ejecutivo en turno, propiciando el absurdo en sus declaraciones, como las que emitiera con toda su investidura el pasado 6 de julio en Guadalupe Tepeyac, en territorio zapatista sobremilitarizado, como lo evidencian los recientes informes del CDH Fray Bartolomé de las Casas.

AMLO olvidó, entre otras cosas, la mención del incumplimiento de los Acuerdos por parte del gobierno, las razones y condiciones que propiciaron la suspensión del diálogo y que aún siguen vigentes, junto con el marco legal inherente al proceso suspendido. Sobra imaginar los sobrevuelos y el despliegue de la Guardia Nacional ante la intrusión del presidente en esta zona; si realmente tuviera “mucho respeto”, como dijo, por el “movimiento zapatista” ya hubiera desmilitarizado la zona, lo cual le resulta casi imposible por los caprichos de Trump.

El EZLN no se manifiesta ni se preocupa por buscar una forma de interlocución directa o indirecta con el Estado y mucho menos reformas constitucionales. Últimamente, junto al CNI/CIG, ha optado por llamar e incidir en la intersección de redes anticapitalistas, es decir, antineoliberales, nacionales e internacionales.

También desde otras vertientes histórico autonómicas, observamos importantes avances en la construcción y recreación de procesos que han venido a fortalecer organizativamente a una parte significativa del movimiento indígena multinacional e internacional antipartidista e independiente del gobierno, sin que por ello pueda considerarse necesariamente neozapatista. Tales son los casos de experiencias con importantes antecedentes desde la Nación Purhépecha, como Cherán u Ostula, o expresiones de articulación continental en Vícam con La Tribu Yaqui, o la permanente defensa jurídica y activa del territorio del pueblo wixárika, entre otras.

La defensa del territorio ahora también amenazada y ensangrentada por la presencia de narco-paramilitares, no será subsanada por una reforma constitucional en materia de derechos indígenas. Se requiere otro tipo de acciones más organizadas entre naciones y pueblos, más allá de las fronteras y límites estatales que nos han impuesto apenas en los últimos doscientos años.

El neoextractivismo y la voracidad del capital en su nuevo ciclo de acumulación por despojo, doblega a cualquier gobierno, como el actual, por más de izquierda y antineoliberal que se declare o parezca.

Así lo demuestra el hecho de que hasta la fecha no se haya cancelado ninguna de las concesiones mineras vigentes y que tampoco se esté impulsando alguna consulta sobre la pertinencia de las mismas en territorios indígenas, desde Sonora hasta Chiapas y desde Tamaulipas hasta Quintana Roo. En consecuencia, un tema toral en materia de reconocimiento de derechos indígenas lo es el derecho a la tierra y el territorio, más allá de sus alcances al homologarlos con lo planteado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU.

En nuestro caso resulta ineludible replantearse la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional realizada por Salinas en 1992, ya que la mayoría de nuestras naciones y/o pueblos constituimos en la postrevolución ejidos y comunidades agrarias, en su mayoría con títulos primordiales, como ya se le ha hecho ver al INPI en el centro del país en el marco de su actual consulta.

Hace 23 años, temerosos de una verdadera revuelta indígena campesina nacional, en San Andrés, el gobierno dijo, si no olvidamos, que el tema de las tierras debería ser llevado a la agenda de la “mesa 3” sobre “Bienestar y Desarrollo”, lo que tampoco ocurrió. Independientemente de que delegadas y delegados del CNI manifestaron en su V Sesión que los Acuerdos de San Andrés han perdido vigencia en tanto demanda y aspiración jurídica de los pueblos en una ‘posible’ nueva relación entre éstos y el Estado, no se puede dejar en el olvido un tema tan importante como la cuestión relativa al Artículo 27 Constitucional. Después de más de veinte años el fantasma de las autonomías indias recorre nuevamente el país.

Una consulta indigenista, en todo el sentido de la expresión, impulsada desde el Estado, valga la redundancia, parece ignorar u olvidar que las aspiraciones autonómicas de naciones, pueblos y tribus indígenas, originarias y afrodescendientes de todo el continente y más allá, ventilan en su horizonte político formas autonómicas que en tanto naciones, los pueblos esgrimen negando la propia existencia del Estado; la contraposición perceptible en San Andrés entre un modelo de autonomía regional y un modelo de autonomía comunitaria ha quedado fuera de discusión por realidades políticas que en el continente están impulsando la creación y reconstitución de Estados multinacionales, como ha ocurrido en Bolivia y Ecuador, más que la construcción de una nueva relación entre pueblos y Estado. El caso de la nación purhépecha introdujo esta discusión desde la década de 1980 aunque no necesariamente en los mismos términos en que hoy la nación mapuche interpela al Estado chileno desde el Wallmapu, donde emerge nuevamente como paradigma en la vanguardia de un nuevo movimiento indio transnacional.

Por las prisas del INPI, su consulta pareciera que tiene entre otros objetivos, infructuosamente:

1. Aislar del entorno político nacional al CNI/CIG/EZLN, en tanto sujeto histórico reivindicatorio de toda propuesta de reconocimiento de derechos indígenas ante el Estado.

2. Acreditar ante el sistema internacional de derechos humanos (CIDH ONU), las cuotas morales necesarias para lograr el descuento de créditos del Banco Mundial, BID y FMI, aplicables a sus megaproyectos en el centro-sur-sureste, como el PIM, el megaproyecto transístmico y el denominado Tren Maya, entre otros.

3. Garantizar cierta unidad nacional y la prioridad del Estado en la definición de las relaciones económicas neoextractivas en todo el país.

4. Avanzar en la definición de un marco jurídico que dé certidumbre a las empresas transnacionales así como garantizar la efectividad y seguridad de sus inversiones.

5. Evitar el reconocimiento de las naciones indias, como expectativa política autonómica de nuestros pueblos.

En el Istmo de Tehuantepec, en un contexto por demás violento, solamente superado en sus consecuencias por los acontecimientos propios de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, se hacen presentes casi de manera simultánea un torbellino de consultas, de tal forma que hemos padecido la consulta a “mano alzada” realizada por el Ejecutivo en Juchitán, para “aprobar” la implementación de los megaproyectos que integran el denominado Corredor Interocéanico o megaproyecto del Istmo. En Unión Hidalgo, desde febrero de 2017, el Estado a través de la Secretaría de Energía y coyotes de las empresas eólicas disfrazados de funcionarios de Murat (padre e hijo), tratan de imponer con base en asambleas manipuladas el megaproyecto eólico Guná Sicarú, que la empresa transnacional EDF tiene prácticamente concesionado y proyectado en más de 4 mil hectáreas de tierras comunales —carácter que los propios gobiernos pretenden desconocer pasando por encima de la legalidad agraria e indígena alusiva a nuestros derechos a la tierra y el territorio.

La ausencia de una Ley Nacional y/o Estatal sobre Consulta Indígena, obliga a una juez federal de Oaxaca a reconocer lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT, para tratar de regular la implementación de dicha consulta mediante propuestas de protocolo que no son respetadas ni reconocidas por las mismas autoridades responsables de la implementación del proceso.

No es de extrañar que esto que está pasando en el Istmo esté ocurriendo en todo el país, salvo en comunidades en resistencia contra megaproyectos que desde el inicio rechazaron los megaproyectos, como en el caso de los petroleros de la zona Zoque en la cuenca del Grijalva, como también lo hiciera San Mateo del Mar contra el proyecto que Preneal quiso imponer desde el 2005.

Mención aparte merece la heroica resistencia de ikoots y binnizás contra Mareña Renovable en 2012 y 2013, no así con la imposición más reciente de Eólica del Sur en Juchitán.

En Alotepec, podremos constatar hasta dónde, las tres regiones que integran el amplio territorio de la Nación Ayuuk, optan por la reivindicación de sus derechos históricos y autonómicos en tanto Nación o por seguir navegando en el cauce político del “Nunca más un México sin nosotros”, a pesar del olvido de quienes aun entre sueños diversos positivistas hace más de veinte años acuñaron esa frase. Alotepec puede significar, si la madre tierra lo permite, la recuperación de la memoria histórica de nuestros pueblos frente al olvido como argumento.

Gubiña gue’te’ lade guí cunda’ guiba’ Chahui ga Zeniti lu binni ampeng neza guia’…