EL CUIDADO COMÚN DEL ALTIPLANO POTOSINO — ojarasca Ojarasca
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EL CUIDADO COMÚN DEL ALTIPLANO POTOSINO

El 27 de julio se realizó en Estación Catorce, municipio  de Catorce, San Luis Potosí (SLP) una asamblea convocada  por la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano  Norte. Esta es la segunda asamblea convocada por esa  agrupación en la que se toman acuerdos signados por notario  en la ciudad de Salinas. La intención fue, presuntamente,  “exponer la problemática” del Altiplano potosino dentro  del Área Natural Protegida (ANP) de Wirikuta: la explotación  indiscriminada del peyote, falta de cumplimiento y atención  al Plan de Manejo de 2008 de la ANP, migración, falta de empleo,  de proyectos productivos de inversión” e infraestructura  hidráulica “y ayudar en la resolución del amparo 819/2011 que  está impidiendo la inversión” y “la generación de empleos”.

Estaban invitados el gobernador del estado, los presidentes  municipales dentro del ANP, diputados federales  y locales, SEGAM, INPI, SEMARNAT, Procuraduría Agraria,  SAGARPA, Secretaría de Economía, Dirección de Minería,  Comisión Estatal de Agua y el Juez cuarto de Distrito; no se  presentaron el gobernador ni los presidentes municipales.

Los temas de la reunión son de interés público, por  tal motivo acudimos habitantes de los municipios Cedral,  Vanegas, Catorce, Villa de Guadalupe, Santo Domingo y  Matehuala. Maestros, jóvenes, ejidatarios, ciudadanos, pequeños  productores y congregantes de distintas parroquias.  Nos fue negado el acceso de manera tajante. La Unión de  Ejidos argumentó que era solo para ejidatarios, huicholes y  funcionarios.

Los asuntos conciernen a los que habitamos la región,  que consiste en 15 municipios: Catorce, Charcas, Cedral,  Guadalcázar, Matehuala, Moctezuma, Salinas, Santo Domingo,  Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de la Paz, Villa de  Ramos, Villa de Hidalgo y Villa de Guadalupe. La Ley de Planeación  del Estado y Municipios de SLP reconoce tres microregiones:  Altiplano Este, Oeste y Centro. La denominación  que agrupa a la supuesta Unión de Ejidos no se corresponde  siquiera con la delimitación geográfica. No vimos la representación  necesaria. El número de asistentes rondaba las 35  personas, entre hombres, mujeres y menores, en su mayoría  huicholes de San Andrés Cohamiata, Jalisco, que tampoco  representaban a la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales.

En esta tierra semiárida están sembrados nuestros  muertos y brotan nuestras raíces. Nos dedicamos a la subsistencia  tradicional campesina y la prestación de servicios.  Vemos con preocupación que un grupo reducido tome  decisiones bajo un hermetismo que expresa violencia, más  el agravio de los servidores públicos y de quienes se autodenominan  representantes, cuando no todos son ejidatarios  y que de manera ventajosa y agresiva nos excluyen de las  decisiones sobre actividades productivas y megaproyectos  que pretenden legitimar, como la minería, la agricultura  industrial y la construcción de la represa La Maroma.

Estos grupos, movidos por intereses de empresarios de  la megaminería y la agroindustria conducirán a una crisis  ambiental e hídrica en el Altiplano. Basta observar el atroz  avance de la agroindustria que desmonta enormes superficies  y extrae el agua subterránea. En grandes terrenos siembra  tomates, chiles, alfalfa y calabazas con agroquímicos  que dañarán nuestro suelo, aire y agua subterránea. Estas  industrias emplean artefactos que detonan en las nubes, y  en vez de aminorar la formación de granizo, modifican la  formación de nubes y promueven la sequía.

Todos los acuíferos en nuestro estado se encuentran en  condición de déficit, entre estos los de Vanegas-Catorce y  Cedral-Matehuala. Otros siete están sobrexplotados: Barril,  Salinas de Hidalgo, Villa de Arista, San Luis Potosí, Jaral de  Berrios, Villa de Reyes y Matehuala-Huizache (Atlas Nacional  del Agua en México, 2018). A pesar de que en tres acuíferos  se suprimió la veda indefinida establecida en 1964, la  CONAGUA continúa despachando concesiones de agua  subterránea a los industriales y en cambio ha limitado el  libre alumbramiento, sin establecer mecanismos legales ni  procedimientos.

Los proyectos de inversión en el Altiplano se consecionaron  a las mineras Grupo México, Grupo Frisco, Grupo Peñoles  y NEMISA. En nuestra región existe una precipitación  media anual menor a 500 milímetros y la evaporación es  mayor a 900 milímetros, por lo que las actividades intensivas  agroindustriales, el uso de cañones antigranizo y la explotación  minera ponen en riesgo nuestros acuíferos, el ciclo  vital del agua y la salud de nuestras tierras y cuerpos. No así  las actividades ganaderas y agrícolas, de cacería y recolección  que hemos practicado desde tiempos de los rebeldes  y verdaderos chichimecas, que defendieron la tierra ante la  sangrienta colonización por el minero y el hacendado.

En días recientes servidores públicos de SEMARNAT,  CONAGUA, SEDARH, Secretaría de Economía, SEGAM, INPI,  Procuraduría Agraria y notarios públicos se han presentado  en varias reuniones. Su soberbia y desaire frente a nuestros  padres, madres y abuelos campesinos ha mostrado ineptitud,  ignorancia y desprecio, y ha hecho patente su compromiso  con los intereses empresariales y políticos.

DECLARAMOS QUE:

Seguiremos protegiendo nubes, acuíferos, formas de vida  campesina y no intensivas, así como las tierras que heredamos  tras una larga lucha agraria y de liberación.

La agroindustria y la minería perturban los temporales afectando  nuestra siembra y la crianza de ganado.

El peyote es reconocido por nuestros abuelos y bisabuelos,  practicantes de la herbolaria del desierto. Lo respetamos  como planta medicinal y de conocimiento, amenazada por  el turismo desmedido, la falta de vigilancia y regulación por  parte de las autoridades y por la voracidad de los empresarios  que están desmontando aceleradamente enormes  superficies.

Desconocemos a la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca  del Altiplano Norte como representación legítima  de los intereses de campesinos, propietarios particulares y  habitantes de la región Altiplano. Son una minoría manipulada  por intereses políticos y económicos que siembran  división y en cuyas filas se encuentran personas que no son  ejidatarios.

El Estado tiene la obligación de defender y promover el bien  común, la seguridad y la justicia distributiva sobre nuestros  bienes comunes y no fomentar violencia, exclusión,  desigualdad, intolerancia ni la violación a nuestros derechos  constitucionales, así como generar condiciones de empleo  digno y equitativo para frenar la migración.

Manifestamos nuestro corazón colectivo presente y futuro;  los intereses que nos guían son aquellos de la ética con  la Tierra, del reconocimiento por los derechos culturales,  sociales y económicos de todos los pueblos que transitamos  y convivimos en el Altiplano Wirikuta.

Nuestras acciones se basan en la solidaridad entre generaciones.  Consideramos que todo el patrimonio cultural,  social, económico y natural pertenece a los que vendrán  después.

Todos los que pertenecemos al Altiplano Wirikuta y  que en los distintos rincones del bajío y las sierras, en  ejidos, cabeceras municipales y rancherías que vivimos los  ataques a nuestros modos, espiritualidades, ecosistemas y  relaciones de vida, llamamos a formar una red de defensa y  cuidado consciente de nuestra Casa Común.

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Pobladores del Altiplano, SLP  31 de julio de 2019  (Versión editada por Ojarasca).

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