EL CUIDADO COMÚN DEL ALTIPLANO POTOSINO
El 27 de julio se realizó en Estación Catorce, municipio de Catorce, San Luis Potosí (SLP) una asamblea convocada por la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte. Esta es la segunda asamblea convocada por esa agrupación en la que se toman acuerdos signados por notario en la ciudad de Salinas. La intención fue, presuntamente, “exponer la problemática” del Altiplano potosino dentro del Área Natural Protegida (ANP) de Wirikuta: la explotación indiscriminada del peyote, falta de cumplimiento y atención al Plan de Manejo de 2008 de la ANP, migración, falta de empleo, de proyectos productivos de inversión” e infraestructura hidráulica “y ayudar en la resolución del amparo 819/2011 que está impidiendo la inversión” y “la generación de empleos”.
Estaban invitados el gobernador del estado, los presidentes municipales dentro del ANP, diputados federales y locales, SEGAM, INPI, SEMARNAT, Procuraduría Agraria, SAGARPA, Secretaría de Economía, Dirección de Minería, Comisión Estatal de Agua y el Juez cuarto de Distrito; no se presentaron el gobernador ni los presidentes municipales.
Los temas de la reunión son de interés público, por tal motivo acudimos habitantes de los municipios Cedral, Vanegas, Catorce, Villa de Guadalupe, Santo Domingo y Matehuala. Maestros, jóvenes, ejidatarios, ciudadanos, pequeños productores y congregantes de distintas parroquias. Nos fue negado el acceso de manera tajante. La Unión de Ejidos argumentó que era solo para ejidatarios, huicholes y funcionarios.
Los asuntos conciernen a los que habitamos la región, que consiste en 15 municipios: Catorce, Charcas, Cedral, Guadalcázar, Matehuala, Moctezuma, Salinas, Santo Domingo, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Villa de Hidalgo y Villa de Guadalupe. La Ley de Planeación del Estado y Municipios de SLP reconoce tres microregiones: Altiplano Este, Oeste y Centro. La denominación que agrupa a la supuesta Unión de Ejidos no se corresponde siquiera con la delimitación geográfica. No vimos la representación necesaria. El número de asistentes rondaba las 35 personas, entre hombres, mujeres y menores, en su mayoría huicholes de San Andrés Cohamiata, Jalisco, que tampoco representaban a la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales.
En esta tierra semiárida están sembrados nuestros muertos y brotan nuestras raíces. Nos dedicamos a la subsistencia tradicional campesina y la prestación de servicios. Vemos con preocupación que un grupo reducido tome decisiones bajo un hermetismo que expresa violencia, más el agravio de los servidores públicos y de quienes se autodenominan representantes, cuando no todos son ejidatarios y que de manera ventajosa y agresiva nos excluyen de las decisiones sobre actividades productivas y megaproyectos que pretenden legitimar, como la minería, la agricultura industrial y la construcción de la represa La Maroma.
Estos grupos, movidos por intereses de empresarios de la megaminería y la agroindustria conducirán a una crisis ambiental e hídrica en el Altiplano. Basta observar el atroz avance de la agroindustria que desmonta enormes superficies y extrae el agua subterránea. En grandes terrenos siembra tomates, chiles, alfalfa y calabazas con agroquímicos que dañarán nuestro suelo, aire y agua subterránea. Estas industrias emplean artefactos que detonan en las nubes, y en vez de aminorar la formación de granizo, modifican la formación de nubes y promueven la sequía.
Todos los acuíferos en nuestro estado se encuentran en condición de déficit, entre estos los de Vanegas-Catorce y Cedral-Matehuala. Otros siete están sobrexplotados: Barril, Salinas de Hidalgo, Villa de Arista, San Luis Potosí, Jaral de Berrios, Villa de Reyes y Matehuala-Huizache (Atlas Nacional del Agua en México, 2018). A pesar de que en tres acuíferos se suprimió la veda indefinida establecida en 1964, la CONAGUA continúa despachando concesiones de agua subterránea a los industriales y en cambio ha limitado el libre alumbramiento, sin establecer mecanismos legales ni procedimientos.
Los proyectos de inversión en el Altiplano se consecionaron a las mineras Grupo México, Grupo Frisco, Grupo Peñoles y NEMISA. En nuestra región existe una precipitación media anual menor a 500 milímetros y la evaporación es mayor a 900 milímetros, por lo que las actividades intensivas agroindustriales, el uso de cañones antigranizo y la explotación minera ponen en riesgo nuestros acuíferos, el ciclo vital del agua y la salud de nuestras tierras y cuerpos. No así las actividades ganaderas y agrícolas, de cacería y recolección que hemos practicado desde tiempos de los rebeldes y verdaderos chichimecas, que defendieron la tierra ante la sangrienta colonización por el minero y el hacendado.
En días recientes servidores públicos de SEMARNAT, CONAGUA, SEDARH, Secretaría de Economía, SEGAM, INPI, Procuraduría Agraria y notarios públicos se han presentado en varias reuniones. Su soberbia y desaire frente a nuestros padres, madres y abuelos campesinos ha mostrado ineptitud, ignorancia y desprecio, y ha hecho patente su compromiso con los intereses empresariales y políticos.
DECLARAMOS QUE:
Seguiremos protegiendo nubes, acuíferos, formas de vida campesina y no intensivas, así como las tierras que heredamos tras una larga lucha agraria y de liberación.
La agroindustria y la minería perturban los temporales afectando nuestra siembra y la crianza de ganado.
El peyote es reconocido por nuestros abuelos y bisabuelos, practicantes de la herbolaria del desierto. Lo respetamos como planta medicinal y de conocimiento, amenazada por el turismo desmedido, la falta de vigilancia y regulación por parte de las autoridades y por la voracidad de los empresarios que están desmontando aceleradamente enormes superficies.
Desconocemos a la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte como representación legítima de los intereses de campesinos, propietarios particulares y habitantes de la región Altiplano. Son una minoría manipulada por intereses políticos y económicos que siembran división y en cuyas filas se encuentran personas que no son ejidatarios.
El Estado tiene la obligación de defender y promover el bien común, la seguridad y la justicia distributiva sobre nuestros bienes comunes y no fomentar violencia, exclusión, desigualdad, intolerancia ni la violación a nuestros derechos constitucionales, así como generar condiciones de empleo digno y equitativo para frenar la migración.
Manifestamos nuestro corazón colectivo presente y futuro; los intereses que nos guían son aquellos de la ética con la Tierra, del reconocimiento por los derechos culturales, sociales y económicos de todos los pueblos que transitamos y convivimos en el Altiplano Wirikuta.
Nuestras acciones se basan en la solidaridad entre generaciones. Consideramos que todo el patrimonio cultural, social, económico y natural pertenece a los que vendrán después.
Todos los que pertenecemos al Altiplano Wirikuta y que en los distintos rincones del bajío y las sierras, en ejidos, cabeceras municipales y rancherías que vivimos los ataques a nuestros modos, espiritualidades, ecosistemas y relaciones de vida, llamamos a formar una red de defensa y cuidado consciente de nuestra Casa Común.
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Pobladores del Altiplano, SLP 31 de julio de 2019 (Versión editada por Ojarasca).