LA NUEVA INVASIÓN EUROPEA DEL ISTMO

ELECTRICITÉ DE FRANCE, SIEMENS, GAMESA…

La nueva invasión de empresas extranjeras en México, algo que también he denominado neocolonialismo, con capital de diversas nacionalidades, tales como Electricité de France (EDF), Renovalia Energy, Siemens y Gamesa, entre otras, sin mediar ningún proceso legal de consulta indígena más allá de los simulacros promovidos por el INPI que ya conocemos, con la anuencia y acompañamiento de los gobiernos de Murat hijo y Andrés Manuel López Obrador, está imponiendo parques eólicos en más de 15 mil hectáreas de tierras comunales de la comunidad indígena binnizá, zapoteca del Istmo, de Ranchu Gubiña (Unión Hidalgo), Oaxaca.

Así operan las autoridades del ramo, avaladas por una falsa y contradictoria “conciencia ecológica”, impulsada a su vez por la difusión mediática del argumento de que la manera de combatir el grave problema del cambio climático radica en parques eólicos para generar “energías limpias renovables”, lo que en Europa en apariencia les viene bien ante la proliferación de plantas nucleares. Lo contradictorio es que tanto en Francia como en México no se sustituye el uso de energías, sino que se intensifica el uso de “combustibles fósiles”; mientras la guerra se mantiene y reaparece como principal motor del nada nuevo ciclo histórico del capital mundial. El reciente aumento de 20 por ciento en los precios del crudo incentiva inversiones multinacionales para la reactivación económica capitalista en las zonas petroleras del sureste del país. Aterrizan raudales de inversión. “Vuelve la esperanza a los hogares” con miles de desempleados. Cunden en los altavoces del Istmo nuevos anuncios para contratar mano de obra barata, obreros, soldadores, paileros y ayudantes, inaugurando en nuestras comunidades una nueva etapa de “progreso y desarrollo”.

El parque eólico Gunaa Sicarú, impuesto por EDF en Unión Hidalgo, al igual que el de las líneas de transmisión irá de Unión Hidalgo a Ixtepec, y de Ixtepec-Potencia a Yautepec-Potencia. Ambos proyectos ya fueron aprobados, aunque la consulta no ha concluido. Plantean que con la generación de energía de este parque se dejarán de emitir 797 mil 630 toneladas de bióxido de carbono anuales. Esto es de singular importancia, pues constituye uno de los ejes centrales del discurso ecologista que justifica un nuevo mercado financiero poco estudiado por los economistas y que inaugura el mercado de bonos verdes, cuyo usufructo corresponde única y exclusivamente a las empresas mencionadas. Así lo expresa una de las cláusulas de los contratos firmados, mismo que ahora los supuestos “pequeños propietarios” dicen desconocer.

El ingeniero electricista Jesús Aquino Toledo, originario de Unión Hidalgo, calcula conservadoramente, entre otros estudios relativos al impacto de los parques eólicos en la población, que el ingreso por concepto de “bonos verdes” consiste en aproximadamente 319 millones 52 mil pesos anuales. Por otra parte, reporta que para EDF corresponderían 326 millones 592 mil pesos de ingreso mensual por venta de energía. De este monto, al supuesto dueño de la tierra le corresponde 1.5 por ciento de la venta facturada de la energía que se genere en “su parcela”, es decir, cerca de tres millones y medio de pesos de utilidades netas mensuales de las más de 4 mil 600 hectáreas del parque eólico Gunaa Sicarú. La revisión de las cláusulas y contratos por parte de la empresa sólo se podrá realizar después de transcurridos cinco años. Esto basta para evidenciar la magnitud de la invasión y del despojo en términos cuantitativos, propiciando las empresas desde las bolsas de valores un mercado financiero especulativo, que es lo que en el fondo les preocupa: la terciarización de sus economías, ”finanzas verdes limpias y sanas” en sus países, mientras aquí generan un contexto de etnocidio, económicamente caótico, de chatarrización confundida con desarrollo industrializador de los países de la región, dados sus compromisos y obligaciones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y las empresas transnacionales a cuyos consejos directivos los ex jefes de Estado retornan felices luego de haber cumplido con ofrecer los recursos del país al mejor postor.

Para concretar los multimillonarios negocios especulativos del mercado energético de las energías renovables y limpias, funcionarios del actual gobierno federal, de dependencias como el INPI y la Semarnat se topan con obstáculos histórico-jurídicos, conocen el carácter agrario comunal de las tierras y se ufanan en aprobar y apoyarse en leyes secundarias, como las de la reforma energética y la ley agraria, para imponer parques eólicos en tierras comunales, ignorando a la representación comunal agraria de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo. Avalan contratos apócrifos firmados entre supuestos “pequeños propietarios” y las empresas. Por una Resolución Presidencial vigente desde 1964, el municipio de Unión Hidalgo constituye uno de los anexos de la comunidad agraria de Juchitán, que cuenta con más de 68 mil hectáreas, de las cuales 20 mil corresponden a la demarcación de Unión Hidalgo. Desde la desaparición física del profesor Víctor Pineda Henestrosa, o Víctor Yodo, el Estado argumenta la ilegalidad en cualquier representación agraria comunal que no venga de la cabecera de Juchitán. Allí, dado el descabezamiento histórico que representa la desaparición de Víctor Yodo, hasta ahora no ha sido posible restaurar la representación comunal en la totalidad de la comunidad agraria y hemos tenido que recurrir a la denominada representación sustituta, a fin de que los jueces federales puedan admitir amparos contra la violación de nuestros derechos agrarios por parte de las empresas y los gobiernos federal y estatal.

Al actual gobierno le ha convenido el saldo sangriento de la represión, asesinatos y desapariciones de sus antecesores en 1968 y durante la guerra sucia. El caso de Víctor Yodo lo ilustra, pues el vacío que dejó en la representación comunal agraria de Juchitán coloca “legalmente” en casi total indefensión a los comuneros e indígenas de esta región del sur del Istmo de Tehuantepec. Ante el apremio para que el gobierno federal aterrice una multimillonaria inversión con el megaproyecto del Istmo y la reiterada comunicación interoceánica, nuestros derechos agrarios, indígenas e incluso ambientales se violan cotidianamente por las empresas y los gobiernos, aunque el Estado debe garantizar la observancia, reconocimiento y cumplimiento de tales derechos.