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CONTINUIDAD EN LOS MEGAPROYECTOS. GASODUCTO TUXPAN-TULA

ELIANA ACOSTA

PROPÓSITO DEL “DIÁLOGO DE AMLO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS”

A un año de gobierno variopinto en el que coexisten las antípodas e insólitas conjunciones en su interior, tras arreglos parlamentarios interpartidistas impensables en otros sexenios, el actual gobierno hace gala de arreglos interclasistas que muestran los alcances, las contradicciones y limitaciones de una administración que se empecina en declararse posneoliberal. Andrés Manuel López Obrador entabla negociaciones con la clase empresarial y celebra la ratificación del TMEC o el aumento histórico del salario con un 20%. Hace varios meses echó a andar, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, su política indigenista en un presumible Diálogo con los Pueblos Indígenas. Política que deja ver a toda luz su oferta de “programas sociales”, presume la finalidad de superar el rezago histórico y la desigualdad económica, y de un modo menos evidente despliega múltiples subterfugios que terminan favoreciendo la continuidad y ampliación de megaproyectos en territorios indígenas.

Con ese lema ha recorrido desde el 18 de octubre Oaxaca, Sonora, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, reuniéndose con representantes de más de 30 pueblos indígenas. Afirma que el interés es llevar a cabo “un diálogo horizontal y respetuoso con los 68 pueblos indígenas y afromexicano del país”. Dice ser un gobierno que “reitera su reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de su propio devenir; por ello, las políticas y programas sociales se encaminan en el marco de esta nueva visión” (http://www. inpi.gob.mx/dialogos). Por medio de asambleas previas a las que son convocadas por el INPI las autoridades oficiales de las localidades de municipios indígenas o con presencia de esta población, se llega a acuerdos de las propuestas y reivindicaciones que se comunicarán el día del encuentro con el presidente. Así, lo dicho en público está previamente consensado y establecido, y entonces no extraña que, durante el diálogo, el presidente tenga respuesta a todas las demandas expuestas.

Las demandas son múltiples y algunas se replican en los diversos pueblos, en tanto otras responden a contextos particulares. Entre las solicitudes compartidas está la construcción de caminos, escuelas y hospitales, acceso a agua, servicios de luz y redes de telefonía celular, programas productivos y redes de comercialización que incentiven el campo y las actividades económicas locales, regularización de la propiedad agraria y reconocimientos de formas de gobiernos propias, así como el respeto y fortalecimiento de las lenguas, identidades y culturas indígenas.

En otros casos, como los chocholtecos y mixtecos en Nochixtlán, Oaxaca, demandan que se garanticen los derechos de los pueblos en la construcción del corredor industrial, o los guarijíos en Sonora que solicitan acompañamiento jurídico frente a la Presa Bicentenario Los Pilares y su declaración, justo durante el diálogo con el presidente, de la anuencia de las autoridades indígenas de dejar terminar la obra.

Los wixárika en Yesca, Nayarit, que demandan beneficiarse de la energía eléctrica producida por las hidroeléctricas de la región, o algunos mayas peninsulares en Carrillo Puerto, Quintana Roo que, junto con la solicitud de ser consultados ante el Tren Maya, declaran: “Queremos ser los pueblos indígenas los principales administradores y beneficiarios de los proyectos que se establezcan sobre nuestras tierras”. Entre las demandas “a modo” no extraña tampoco que aun cuando sabemos de los conflictos y las resistencias de los pueblos, se haga apenas mención de megaproyectos en las regiones indígenas, como es el gasoducto en la región yaqui o la minería en Coatetelco en territorio con población nahua.

En el mismo tenor, aunque con diferencias significativas, empezando el año AMLO retomó el Diálogo con los Pueblos Indígenas en Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Destaca su presencia el 4 de enero en la comunidad otomí de San Pablito y su paso por la Sierra Norte, región donde los pueblos movilizados y organizados se han manifestado contra los Proyectos de Muerte y, en específico, el Consejo Regional de los Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla Hidalgo que mantiene una lucha frente a la amenaza del gasoducto Tuxpan-Tula y, ante la gira del presidente, dio a conocer un pronunciamiento exigiendo su cancelación.

La demanda fue retomada por el presidente auxiliar de la comunidad nahua de Xolotla. AMLO, tras ser recibido con júbilo, sones de flor y corona y rosario de cempoaxochitl con los que lo enfloraron, y tras ser nombrado en náhuatl Huey Tlahtoani, abundó en varios de sus programas sociales y su implementación en la región, entre ellos el Programa Sembrando Vida y el Banco del Bienestar, y luego anunció un cambio del trazo del gasoducto Tuxpan- Tula. Al respecto, advirtió que había heredado muchas “cosas podridas, pero no es la misma política de antes” y que en el caso de los gasoductos se había llegado a un acuerdo sin ir a tribunales internacionales. En sus palabras declaró: “Sí les digo aquí en San Pablito, Pahuatlán, aunque tengamos que pagar, pero no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones, vamos a proponer otros trazos que no afecten las zonas sagradas y no estarles pagando […] les digo, en el peor de los casos, no va a pasar el gasoducto por este cerro” (véase: http://www.inpi.gob.mx/dialogos/dialogocon- los-pueblos-otomi-nahuatl-totonaco-y-tepehuapahuatlan- puebla/).

Con el subterfugio de un cambio de trazo en vez de cancelación, hizo referencia a dos temas significativos: fracking y transgénicos. “Nosotros dijimos no al fracking, aquí no se usa ese método”, dijo, aun cuando se ha documentado su uso actual en Puebla y en otros estados y se han denunciado sus afectaciones al ambiente y la salud de la población (véase Taller por la Defensa de los Territorios, “Discursos y realidades sobre el Fracking”, 21 -11-19, https://www.youtube. com/channel/UCxDRSWGIj7UVrEad2vSUyUw). También manifestó que “se prohibió el uso de la semilla de maíz transgénico… vamos a proteger nuestra semilla criolla”, cuando lo que hay es una iniciativa de ley que declara proteger y fomentar el maíz nativo en relación con la alimentación pero no prohíbe la siembra de transgénicos y menos ante la reciente firma del T-MEC (véase Red en Defensa del Maíz, redendefensadelmaiz.net).

Con el anuncio del cambio de trazo el gobierno quiere garantizar la concreción y término del gasoducto ante la resistencia. De mayor cuidado es declarar que no pasará por cerros sagrados y “en el peor de los casos” por el cerro de San Pablito. Habría que subrayar que por la lucha legal y el recurso de amparo interpuesto por el Consejo Regional se había logrado justamente la suspensión definitiva en San Pablito y Cuautpepec a fines de 2017. Que no se construya por “este cerro” no significa que no se construya en “otros cerros” de las 460 localidades afectables en la región, a las que por cierto en tribunales se ha puesto en duda la categoría de “pueblo indígena”, aunque lo son. Más delicado aún es la delimitación de lo sagrado. Entre los pueblos nahuas, otomíes, tepehuas y totonacos, si bien lo sagrado puede localizarse en puntos concretos, donde se identifican lugares que habitan dueños, aires y más existentes extrahumanos, en su complejidad, además de espacios y acciones rituales, implica sobre todo formas de relación. Destaca la concepción sobre el agua y los manantiales que se hallan entre los cerros de toda la región y que aun con la política de privatización del líquido vital en Puebla, con su lucha la gente mantiene una gestión comunitaria del agua. Como entidad viva y ancestral, le nombran Atlanchane, María Isabel o, en su traducción del otomí, “manto de vida”. Los pueblos cuidan los manantiales y no exentos de contradicciones han procurado desde su tradición y praxis el binomio aguacerro, especialmente amenazado por el gasoducto y otros megaproyectos.


 

¿DIÁLOGO CON LOS PUEBLOS O GUERRA DE SOCAVAMIENTO?

Ramón Vera-Herrera

Entrando el año, el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla-Hidalgo emitió un comunicado ante la inminente visita del presidente López Obrador a San Pablito Pahuatlán, uno de los corazones de su lucha ante TransCanada (en México, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, TGNH) una compañía que busca cruzar por 263 kilómetros del territorio en cuestión con un gasoducto conocido como Tuxpan- Tula (que al momento de su licitación se pensaba entraría en operación en diciembre de 2017).

Uno de los logros iniciales de la resistencia contra el gasoducto fue tejer órganos de consejo comunitario o municipal de orden tradicional junto con sus autoridades comunitarias y agrarias (aunque en la zona no haya comunidades o ejidos sino pequeños propietarios en núcleos claramente indígenas). De ahí creció el Consejo Regional con una fuerza surgida del abajo reconstituyendo al sujeto colectivo “pueblo originario” (sean ñahñúes, nahuas, totonacos o tepehua). Desde entonces, su claridad los hizo desconfiar de lo que ya se conocía como Comisión de Diálogo con los Pueblos Indígenas, que encabezó en ese entonces Jaime Martínez Veloz y ahora promueve el Instituto Nacional para los Pueblos Indios con Adelfo Regino a la cabeza junto con el presidente AMLO.

Y es que tal comisión buscaba, como ahora el presidente con su INPI, intervenir en la vida de los pueblos mediante programas asistenciales que fragmentan a las comunidades, aplanan voluntades, rompen la organización y reparten dinero como si con dinero cambiaran las condiciones estructurales que sojuzgan a los pueblos, promoviendo despojos, devastación, intervención en sus territorios, envenenamientos, intoxicaciones y contaminación, riesgos de explosiones y, sobre todo, enajenación de sus vidas y entornos de subsistencia.

Tales consejos autogestionarios conformados en Consejo Regional interpusieron amparos que lograron suspender las actividades de TGNH “en forma definitiva”, por lo menos en San Pablito, hasta la fecha. Como se ha dicho en múltiples ocasiones, el gasoducto transportaría 886 millones de pies cúbicos de gas desde EUA, 263 kilómetros afectando a 459 localidades de 34 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Edomex, pero que en el caso de la Sierra de Puebla- Hidalgo implica estaciones de bombeo para remontar las alturas de la sierra desde las cañadas de la Sierra a las alturas hidalguenses.

Así, el posicionamiento del Consejo Regional es contundente al señalar que se niegan a que el presidente apoye “el paso del gasoducto Tuxpan-Tula, por el despojo de nuestro territorio, los desplazamientos de pueblos, el envenenamiento de la tierra, el agua y el aire y con ello, la aparición de nuevas enfermedades como el cáncer, la insuficiencia renal, las malformaciones congénitas, la diabetes, la hipertensión, la violencia, los feminicidios y muchos males más que están presentes hoy y que se agravaran mañana”. E insisten: “nos parecería una gran burla a nuestra dignidad como pueblos indígenas que pretenda hacer una de sus consultas a mano alzada sobre el gasoducto Tuxpan-Tula. No permitiremos una burla así. No queremos ningún tipo de consulta, porque nuestra vida no tiene precio”.

Como lo describe Eliana Acosta en su texto de la página 4, tras ofrecerles programas sociales y asistencias sin fin, López Obrador dedicó los últimos minutos de su intervención en su visita de “diálogo” a ofrecerles que cambiaría el curso del gasoducto para que no pase por el cerro sagrado de Pahuatlán.

Y en ese momento se desnuda su estrategia. Él, que dice estar pendiente de los pueblos y trabajar por ellos desde su pasado como director del INI en Nacajuca, Tabasco, parece no entender que lo sagrado son las relaciones, y que todo el territorio de la sierra es sagrado no por algún folclore que se les haya ocurrido (como así piensan desde la condescendencia los funcionarios). Hablamos de un territorio donde los pueblos originarios de la región han cuidado la vitalidad y flujo del agua, y por ende de los bosques. De todas las relaciones que median y tejen tramados significativos entre los puntos que puedan identificarse como sagrados, como bien lo pone Itzam Pineda Rebolledo. Es la relación de los pueblos originarios con la importancia crucial de los montes lo que termina haciendo de ese territorio algo que debería valorarse y cuidarse.

¿Creerá que no nos dimos cuenta de que al anunciar el cambio de trazo está amarrando que el gasoducto se haga, pese a que están suspendidos en definitiva sus trabajos? Y el hecho de que haya acordado con las empresas no pagarles sin llegar a tribunales... menos mal, durante años les pagaron ¡por su mera existencia!, sin siquiera transportar el gas por el que les pagaban miles de pesos según los contratos. Con este “cambio de trazo”, en realidad, se recrudece la situación en la región, mientras los operadores del INPI, Sembrando Vida, los programas para jóvenes, se apresuran a seguir con su “diálogo con los pueblos indígenas”, eufemismo descarado para nombrar el socavamiento, la deshabilitación, la fragmentación, la coptación y el menosprecio hacia los pueblos a los que deberían servir.

El Consejo Regional remata su posicionamiento diciendo: “Nos pronunciamos por ejercer nuestro derecho a la libre determinación y la autonomía...”

“No a los proyectos de muerte, ni hoy ni nunca, ni aquí, ni allá”.

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