FALSEDADES Y SIMULACIONES. UNA REVISIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA MEGAPROYECTOS COMO EL “TREN MAYA”
La propaganda oficial presenta al Tren Maya (TM) como un proyecto de “desarrollo para el bienestar” que implica la redefinición territorial de la península de Yucatán, el turismo, el entorno y las comunidades mayas. Un proyecto de esta magnitud no puede pensarse seriamente sin considerar sus impactos sociales y ambientales de largo plazo. Adelantamos aquí una crítica a la descripción de Fonatur sobre los impactos del proyecto y su mitigación.
En marzo de 2020, Fonatur licitó la elaboración del Documento Técnico Unificado (DTU) del TM a una empresa denominada Corporativo en Soluciones Integrales VR, S.C. (CSI), empresa que fue contratada en 2019 para solicitar a Semarnat la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). A mediados de junio de 2020, Fonatur presentó la MIA, también elaborada por CSI, con la esperanza de que el documento —plagado de racismo, medidas insuficientes y excesivo en su extensión— reivindicara al Tren Maya.
Sin embargo, antes de discutir si la MIA del TM es realmente un instrumento de evaluación ambiental, es preciso entender que dichos documentos son sólo un requisito administrativo. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en la materia no contemplan mecanismo alguno para rechazar definitivamente una MIA; sólo se la puede suspender hasta que el promovente subsane lo que indique Semarnat y sea aprobada. De hecho, 88% de todas las MIAs presentadas entre enero de 2001 y mayo de 2020 fueron consideradas bajo la modalidad “sin riesgo” y más del 95% fueron eventualmente aprobadas. Cada MIA tarda en promedio 200 días naturales en aprobarse y entre 2001 y 2020 se aprobaron más de 40 mil en el país.
La entidad con más MIAs aprobadas es Quintana Roo, con dos mil 576, seguida de Veracruz y Oaxaca con poco más de dos mil 200 cada una. En Quintana Roo se aprueba una MIA cada tres días mientras que en el país se aprueban casi seis diarias. Sólo en la península de Yucatán y el estado de Tabasco hay más de seis mil 874 MIAs registradas, es decir, 16.8% de todas las MIAs del país. La gran mayoría (90%) se ubican en la modalidad de “no riesgos” y son de sectores como el inmobiliario, construcción de carreteras y otro tipo de infraestructura que han promovido la urbanización salvaje y la deforestación de la península. ¿Se puede realmente evaluar con rigor y aprobar la MIA del TM (de más de mil 900 páginas de extensión) en menos de siete meses? Además, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de Semarnat no obliga a contemplar los daños acumulativos de otros proyectos ya integrados en la región, porque en realidad, se trata de un falso procedimiento de descripción de algunos de los elementos del medio biofísico, que no integran una visión sistémica de la relación de la humanidad con la naturaleza, ni mucho menos la historia y la voluntad de los pueblos indígenas para con sus territorios. Sin una visión integral no es posible evaluar los impactos de largo plazo de un proyecto que dice ser de desarrollo.
La MIA carece precisamente de visión de largo plazo congruente con la preservación del territorio y el respeto a los derechos de los pueblos originarios. La objeción no se restringe a la frase del etnocidio (que Fonatur redujo a “desafortunada” y que reclamó se había sacado de contexto, como si hubiese un contexto adecuado para hablar del etnocidio), sino porque el texto habla también de cambios en la “distribución étnica y racial” de la población, pero no de un plan de preservación de la cultura maya a través de sus comunidades. Para colmo, el plan de “cambio demográfico” se encuentra en la sección de los “impactos positivos” del TM, y el único plan de mitigación para el desarrollo de asentamientos irregulares (que proliferarán por la creación de empleos turísticos) consiste en un “mapeo continuo de actores” y un “canal de comunicación abierto” con los interesados.
Más que una caracterización de impactos, la MIA regresa a la retórica sin fundamentos del neoliberalismo acerca de las bondades de una “derrama económica” futura: la inversión en hoteles, urbanización, estaciones, zonas de servicios, etcétera, distribuirá mágicamente la riqueza. Es el mismo argumento empleado para justificar todos los megaproyectos neoliberales. ¿Qué cambiará entonces el TM si no tiene siquiera un plan de redistribución directa de la riqueza o distribución de los ingresos del proyecto directamente a las comunidades? Nuevamente, nos quieren ver la cara.
Después de haber afirmado que el TM se acompañaría de “Polos de Desarrollo” que reducirían la pobreza de las comunidades, no hay discusión alguna de éstos en la MIA, salvo la mención de unos “asentamientos semipermanentes” que distribuirían “ordenadamente” a la población en todas las comunidades donde arribará el turismo. Recuérdese la “distribución” del turismo en la Riviera Maya que impuso la urbanización de Tulum, Playa del Carmen y Bacalar, o cuando Pisté se desbordó después de que Chichen Itzá se volvió “maravilla del mundo”. Sin un plan de desarrollo territorial acorde a la visión de las comunidades, el patrón de urbanización será tanto o más destructivo.
Las medidas de mitigación que promete el TM son abismalmente insuficientes. Aunque dice ser un proyecto de desarrollo de largo plazo, estas medidas no alcanzan ni para dos años, ni consideran el cambio climático como riesgo de largo plazo. Por ejemplo, su plan de recuperación de flora y reforestación sólo destinará 1.4 millones de pesos para “reubicar árboles sanos”, que serían seleccionados con criterios arbitrarios y sin la sabiduría de los pobladores (compárese la cifra con los 104 millones de pesos que Fonatur gastó en publicidad en 2019 para promocionar al TM). Todos los árboles “no sanos” no serían reubicados (eso es lo que verdaderamente significa la promesa de no deforestar un sólo árbol), mientras que considera depositar una fianza de 14 millones de pesos por el desmonte de 600 hectáreas de selva. En el tramo Palenque-Izamal, se “contratará a siete jornaleros” para la reubicación de árboles. No podían ser más claras las prioridades.
Éstas no son deficiencias aisladas. El programa de recuperación de suelos se aplicará en menos de 100 hectáreas, pero ninguna de ellas dentro de la reserva de Cuxtal, al sur de Mérida, cuya preservación es crucial para el abasto de agua potable a la capital de Yucatán. Tampoco define un área de influencia en la que Fonatur proponga vigilar la tala clandestina de árboles, que esta dependencia atribuye a la falta de empleos y al atraso de las comunidades. En el tramo que pasa por los municipios de Campeche y Yucatán, se han perdido 17 mil kilómetros cuadrados de selva en menos de 20 años y la mitigación se limita a especular con la “creación de empleos cercanos a las comunidades para que no se vean obligadas a talar la selva”. Este argumento es falso, como lo demuestra el municipio de Dzitás, a 15 kilómetros de Chichen Itzá y que ha perdido 26% de su cobertura forestal desde 2001 y con mayor intensidad en los últimos 12 años. El poblado turístico de Maní registra también deforestación intensa en sus municipios aledaños —Dzán y Mama—, que han perdido más de 30% de su cobertura forestal en los dos últimos sexenios. En Bacalar, Quintana Roo, ya se perdieron 1,100 kilómetros cuadrados de selva.
Aunque la península es conocida por su compleja red de ríos subterráneos y su geología única en el mundo, la metodología para evaluar el riesgo de derrumbes sólo identifica los cenotes ya conocidos oficialmente y es sólo adecuada para Estados Unidos. Se ha insistido que los métodos convencionales para examinar la geología de la península y sus riesgos de contaminación y derrumbes deben ser más adecuados a la región y no modelos importados de formaciones geológicas distintas a las de la península. La MIA reconoce que se producirá agua residual pero no indica dónde se construirían las plantas de tratamiento, qué tipo de plantas y como mitigación sólo señala que “la operación será de la mejor manera para no llegar a desperdiciar agua innecesariamente”. Seguir las normas vigentes de descarga de agua residual es garantía que se va a contaminar más el agua, porque éstas no contemplan daños acumulativos, descargas cercanas, ni las miles de sustancias tóxicas que se verterán y afectarán la dinámica de flujos y la biodiversidad de la red hidrológica de la península. La normatividad vigente a la que presumen apegarse fue ya rebasada por la realidad y por las guías internacionales.
La MIA evidencia la ignorancia y racismo de CSI y que nadie en Fonatur la revisó antes de presentarla (¿no que tenían una comisión científica?). La MIA busca obstaculizar el reconocimiento de la sabiduría de los pueblos mayas sobre su territorio como conocimiento amenazado, susceptible de desaparecer por la “redistribución racial”, a pesar de ser reconocido en tratados. ¿El INPI está de acuerdo con la redistribución racial y el etnocidio? Si pensaban redistribuir a la población mediante criterios raciales, ¿por qué no se consultó a los pueblos sobre esa intención?
La MIA contiene un insignificante plan para manejo de residuos con un costo de 984 mil pesos y de 36 meses de duración, pero no hay una estrategia de reducción de residuos que prohíba las bolsas y empaques plásticos de un solo uso, ni considera el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de los turistas, ni lineamientos claros que apunten al desuso de tiraderos municipales que filtran lixiviados al subsuelo. Aunque menciona que se enviarán los residuos peligrosos a confinamientos especiales, no indica cuáles ni el tipo de residuos peligrosos que se generarán. ¿Cómo pueden prometer sustentabilidad sin un plan integral de reducción de residuos de largo plazo? ¿Cómo planean la restauración de sitios en caso de accidentes y derrames, dado que el tren de carga usaría la misma vía que el tren de pasajeros?
La MIA dice que las medidas de mitigación costarán, en total, 7.7 millones de pesos, es decir, 0.02% del monto licitado de 37 mil millones para la construcción de los primeros tres tramos. El resto de las medidas vendrá, según la lógica neoliberal, con la creación de 2.2 millones de empleos, especulación que no refleja el impacto que tendrá la nueva población flotante en la infraestructura público-urbana de las comunidades y en los recursos naturales de los cuales todavía gozan. La metodología para estimar cuántas personas dejarán de ser pobres con el TM es una fantasía metodológica lineal que mide el beneficio como función del ingreso. Pero, ¿no había dicho el presidente mismo que hay que abandonar el PIB (el valor agregado) como medida del desarrollo? ¿Por qué seguir usando falsas medidas de “desarrollo” como el ingreso para medir los “beneficios” del TM? ¿Por qué no es consistente Fonatur ni con el discurso presidencial?
En los Términos de Referencia de los polos de desarrollo y otros documentos, Fonatur indica que el TM cortaría la movilidad en varios lugares por donde pasaría, como en la ciudad de Campeche. Ello requeriría la construcción de puentes y otro tipo de infraestructura captiva —como los CETRAMs de la CDMX articulados a centros comerciales— para canalizar la circulación de usuarios y el consumismo. En ciudades como Mérida, se planea la construcción de un falso túnel, sin que se refleje en la MIA y los impactos que tendría en el acuífero. ¿Ya olvidaron que los vecinos llevan décadas pidiendo que la antigua estación de trenes de Mérida se vuelva parque urbano? ¿Ya se olvidó que los gobiernos estatal y municipal reprimieron en 2011 a quienes protestamos contra el paso a desnivel? ¿Harán lo mismo los actuales? Como hemos dicho antes, Fonatur extralimita sus atribuciones, que sólo le facultan a construir infraestructura turística. El TM sería un tren de pasajeros y de carga y no existe una comisión intersecretarial con la participación activa de las comunidades que supervise y vigile a Fonatur en un proyecto de esta envergadura.
Es indispensable no dejarnos engañar por la MIA y su procedimiento de evaluación. Es un documento realizado al vapor y eventualmente destinado a aprobarse. Sin embargo, sirve para dar cuenta de su talante propagandístico, puesto que, a decir de Fonatur, “no generará impactos ambientales de magnitud tal que produzcan desequilibrios que afecten… la existencia y desarrollo del hombre” [sic]. Vaya perspectiva ecológica, sistémica, de género y de respeto de las comunidades originarias.