JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO

LAS ABEJAS DE ACTEAL NO “NEGOCIAN” UNA SOLUCIÓN AMISTOSA CON EL GOBIERNO FEDERAL

Lo han dicho siempre. Se lo dijeron al expresidente priísta Ernesto Zedillo, a los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y se lo repiten al actual, Andrés Manuel López Obrador: “Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, integrantes de la Organización de la Sociedad civil Las Abejas de Acteal, bajo ninguna circunstancia estamos aceptando una solución amistosa con el Estado mexicano”. La razón es la misma de hace 23 años: no hay castigo para los autores intelectuales de la masacre de 45 indígenas y cuatro no nacidos. La justicia no ha llegado y no se ha investigado al Ejército mexicano (como en Ayotzinapa).

Lejos de ofrecer una solución integral con el anuncio de que el próximo 3 de septiembre se firmará un acuerdo de solución amistosa y se celebrará un acto de reconocimiento del Estado por los hechos que dieron lugar a la muerte de 45 tsotsiles, el actual gobierno federal profundiza y se aprovecha de la añeja división de la organización, pues está pactando con un grupo de sobrevivientes sabiendo perfectamente que no representan a la totalidad de quienes exigen justicia. “No se dan cuenta de que esta firma de solución amistosa entre el Estado mexicano y el grupo Concejo Pacifista generará más división entre los sobrevivientes, como lo hicieron los gobiernos priístas y panistas”, advirtieron Las Abejas en un comunicado, al tiempo que calificaron el acto oficial como “atole con el dedo”.

La organización apela a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que emita el “Informe de Fondo del caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal)” y reitera su palabra llevada a esta instancia internacional el 20 de octubre del 2015, en donde dejaron claro que “el Estado mexicano continuaba propiciando la impunidad, protegiendo a los autores materiales e intelectuales con su sistema de justicia corrupto, y ocultando su estrategia contrainsurgente para acabar con la lucha de los pueblos por la defensa de la vida”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicaron entonces y reiteran ahora, “ha cubierto con su manto de impunidad a los paramilitares liberados. Ellos han regresado a sus comunidades cercanas a donde vive la mayoría de las víctimas y sobrevivientes de la masacre. Lejos de ser castigados, el Estado mexicano, a través del gobierno del estado de Chiapas, los premió indemnizándolos con tierras, casas y pensiones mensuales. Este acto es una burla para las víctimas y sobrevivientes”.

“No aceptamos”, insisten, “llegar a una solución amistosa en el presente caso. Por lo tanto pedimos se continúe con la tramitación del mismo hasta la emisión del informe de fondo correspondiente, donde señale el Estado mexicano su responsabilidad por la violación a los artículos 1.1, 2.4, 5 y 8, 17, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

¿El Ejército Mexicano asumirá su responsabilidad en la creación, entrenamiento y dotación de armas del uso exclusivo a los paramilitares? ¿Reconocerá su autoría en el diseño del Plan de Campaña Chiapas 94?, se preguntan Las Abejas de Acteal. En la respuesta está el fondo.