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ACUERDO UNIÓN EUROPEA-MERCOSUR

RAMÓN VERA-HERRERA

FRENEMOS EL MARGEN DE MANIOBRA A LAS TRANSNACIONALES

Desde finales de abril, al culminar las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y México, la sociedad civil europea levantó airadas protestas exigiendo un cambio radical en la política de la UE.

 

Uno de los aspectos más graves señalados es el capítulo de protección de inversiones: “otorgar a las empresas transnacionales el derecho exclusivo de desafiar las decisiones democráticas de los Estados, impugnando legislaciones de interés público”. México es ya de antemano uno de los seis países más demandados en el mundo por los inversionistas extranjeros ante esos tribunales internacionales privados, contrarios al derecho de las naciones, conocidos como mecanismos de arbitraje de disputas entre inversionistas y Estados (ADIE o ISDS por sus siglas en inglés).

 

En ese marco, es importante que unas 150 organizaciones de toda América Latina levanten sus voces airadas contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur, semejante y paralelo al acuerdo con México, y cuyo núcleo anuncia más desastres legalizados. Desde Europa también se levantan voces que se suman a las que ya protestan desde abril y se realizan estudios para evaluar y ayudar a entender los alcances y los daños que se avecinan.

 

Para las organizaciones que rechazan el acuerdo y que exigen que no se firme ni se ratifique, “este acuerdo tendrá fuertes impactos económicos, sociales, laborales y ambientales en los países del Mercosur, forzará la apertura del sector industrial en los países del bloque en un plazo de 15 años”, favorecerá la importación de automóviles, maquinarias, textiles y calzados y otros. “Provocará el quiebre de cientos de industrias en la región”, remplazará la producción industrial local por importaciones y provocará aumento en el desempleo. “En un contexto económico crítico ligado a la pandemia de Covid-19, esta apertura tendrá efectos sociales incalculables y aumentará la conflictividad laboral en la región”.

 

De ambos lados del Atlántico se cuestiona que el acuerdo fuera negociado “de un modo opaco” por los gobiernos del Mercosur: “Los negociadores se guiaron por una fe ciega en el libre comercio sin analizar los impactos integrales de todos los capítulos de este acuerdo sobre la salud, los ecosistemas, el mundo del trabajo, los derechos humanos, y las mujeres”.

 

El desempleo en el sector vehicular aumentará en Argentina y Uruguay, en el de la maquinaria en Brasil y Paraguay, golpeando el sector químico y farmacéutico en Uruguay, Paraguay y Argentina. Hay cálculos que señalan que tan sólo en Argentina están en riesgo más de 180 mil puestos de trabajo, además de que en toda la región del Mercosur el acuerdo “contribuirá a reforzar las desigualdades de género, aumentando la brecha salarial de género” que no está resuelta ni en Europa ni en los países del Mercosur, pero que en éstos sus dimensiones son más brutales.

 

Para Rocío Hernández, adjunta de Comunicación del Baix Llobregat, y Olivier Chantry, responsable de Clima y Biodiversidad, ambos de la Unió de Pagesos de Catalunya (Unión Campesina de Cataluña), “el acuerdo con el Mercosur presenta una batería de amenazas para el modelo alimentario campesino. La entrada al mercado comunitario europeo de productos agrícolas y ganaderos obtenidos en condiciones de seguridad mucho más laxas y precios bajos pone en peligro el modelo agrícola familiar frente al modelo latifundista, tiene graves consecuencias sobre la gente que consume en Europa, agravará el cambio climático y concentrará las materias primas en manos de menos empresas —que serán más fuertes y poderosas—, lo cual supone un riesgo para la seguridad alimentaria. El campesinado pasará a ser un mero operador de los proveedores de insumos y los compradores de la producción, en manos de los grandes fondos de inversión”.

 

Dicen las organizaciones que rechazan el acuerdo desde América Latina: “Mientras que con el acuerdo pierden los trabajadores y trabajadoras, también se destaca un ganador muy claro en Mercosur: el sector del agronegocio, que se verá beneficiado con la ampliación de cuotas para la exportación de productos agrícolas hacia la UE, especialmente de carne vacuna, porcina y aviar. La ampliación de la frontera agrícola para la exportación daña directamente la agricultura familiar y campesina, afecta a los territorios y pueblos indígenas e incentiva el desmonte y la tala ilegal de bosques para ampliar la superficie dedicada al pastoreo y los cultivos para la exportación. Esto no ocurre sólo en la Amazonia, ya que amplios territorios del Mercosur están habitados por pueblos originarios. El avance del agronegocio vulnera los modos de vida de los pueblos y sus derechos, sobre todo de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, así como los derechos de la misma naturaleza. Este tratado con la UE sólo profundizará el deterioro de la producción de oxígeno, afectará la biodiversidad y agudizará la crisis climática planetaria”.

 

Para Rocío Hernández y Olivier Chantry de la Unió de Pagesos de Catalunya, “la Unión Europea es dependiente de las importaciones de proteínas vegetales y cereales de América del Sur y es evidente que la firma de este acuerdo empeorará esta situación. El campesinado europeo no puede competir con los precios de estas importaciones que no consideran las consecuencias ambientales, sociales, económicas y sanitarias sobre las poblaciones locales y los recursos naturales. Cabe destacar que sólo en Brasil en 2019, debido a la extensión de estos monocultivos asesinaron al menos a 32 sindicalistas, gente campesina e indígena, por el creciente acaparamiento de tierras”.

 

Por esta razón, insisten las organizaciones latinoamericanas, “las alusiones a los temas ambientales suenan a retórica que pretende ‘teñir de verde’ los objetivos reales del documento: incrementar el comercio para las grandes empresas exportadoras de bienes, servicios y capitales”. Dicen Rocío Hernández y Olivier Chantry: “Entre el 90 y 100% de la soja y el maíz producidos en estos países son organismos genéticamente modificados (OGM-transgénicos) resistentes a uno o varios herbicidas (glifosato, isoxaflutole, dicamba, inhibidores de ALS, 2,4-d y glufosinato) y toxinas BT. En Europa, algunos de estos herbicidas no están autorizados o fueron retirados. No se ha evaluado la toxicidad de sus residuos en los alimentos. Esta situación impide aplicar la reglamentación europea sobre los Límites Máximos de Residuos (LMR) ‘tolerados’ en la alimentación. En muchos casos, las multinacionales proporcionan ensayos para las evaluaciones de riesgo de transgénicos con valores de dosis de herbicidas menores a las que recomiendan y son realmente utilizadas en campo”. Es una falacia que controlen los potenciales efectos sobre la salud de quienes consumen tales alimentos.

 

Se insiste en la promoción de un “modelo biotecnológico agrario basado en el uso extensivo de pesticidas y agrotóxicos, que han probado ser perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas. Estos productos afectan directamente a trabajadores y trabajadoras rurales y a la población del campo, así como a quienes consumen en las ciudades, tanto en el Mercosur como en la UE. El caso de Brasil es emblemático, ya que nunca se aprobaron tantos nuevos pesticidas como en los últimos tres años. Estos pesticidas, prohibidos en Europa pero liberados en Brasil, se convertirían en regla para el consumo en América Latina y llegarían también a los consumidores europeos con su importación”, como bien señalan las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana.

 

También se promueve abiertamente un modelo biotecnológico que busca rebasar lo transgénico para adentrarse en las nuevas tendencias de OGM “no declarados”, y así lo puntualizan Rocío y Olivier encaminando el centro de su estudio: “Hoy en el mundo se están liberando nuevos OGM no evaluados, por ejemplo, los creados con nuevas técnicas “de edición” genética como la tecnología CRISPR/Cas9, ya que en muchos países la industria biotecnológica ha logrado imponer su punto de vista y no se consideran OGM. Sin embargo, la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 25 de Julio de 2018 indica que los organismos obtenidos mediante técnicas o métodos de mutagénesis in vitro son OGM. Estas nuevas técnicas generan, al igual que las anteriores, modificaciones ‘no deseadas’ y no predecibles que implican riesgos y nuevos protocolos de identificación y detectabilidad. De momento, Europa no quiere cumplir con su obligación de desarrollar métodos de detección ni protocolos de vigilancia”.

 

Uno de los aspectos más preocupantes es la promoción a ultranza de las leyes y convenios de propiedad intelectual sobre semillas y variedades vegetales. Dicen los integrantes de la Unió de Pagesos de Catalunya: “La aplicación de las reglas de la OMC en materia de propiedad intelectual permite patentar en Europa las semillas, los animales y los caracteres genéticos obtenidos por procesos biotecnológicos. Los caracteres patentados pueden también encontrarse u obtenerse de manera natural o con procedimientos que son esencialmente biológicos. Éstos son llamados caracteres ‘nativos’ —como por ejemplo el color, la precocidad, las resistencias, entre otros muchos. La patentabilidad de los caracteres nativos genera ya batallas legales donde el campesinado y las pequeñas y medianas empresas semilleras no tienen recursos financieros para defenderse y luchar en procesos judiciales. El aumento de patentes sobre estos bienes comunes (conservados, diversificados y seleccionados por las prácticas campesinas durante milenios) nos alerta sobre el acaparamiento de los recursos genéticos en manos de un puñado de multinacionales y de fondos de inversión. Es crucial desarrollar un sistema de identificación y trazabilidad de los nuevos OGM para evitar que las patentes se extiendan más allá de los OGM”.

 

A esto hay que añadir, por desgracia, los tratados de libre comercio, como el que nos ocupa, porque apuntan todos ellos a promover la aberración jurídica que representa el convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), mediante el cual un grupo de corporaciones y grandes semilleras se arrogó la prerrogativa, el privilegio de discriminar quién sí y quién no puede sembrar. Qué semillas pueden utilizarse y cuáles están reservadas, obligando a registrar y certificar las semillas propias pero también a denunciar a cualquier que utilice de manera “no autorizada” una semilla, un cultivo, un material vegetal que durante milenios fue libre y se intercambió de modo responsable entre campesinas y campesinos. Tratados como el de la UE con el Mercosur, como el de la UE con México, así como el T-MEC y el TPP-11, en realidad generalizan la aplicación de la versión de 1991 del Convenio UPOV. Esta reglamentación viene acompañada de normativas que acaban con la biodiversidad, que criminalizan, como en Europa, al campesinado y sus prácticas de ‘selección campesina’ con las que integran, adaptan y conservan en sus fincas la biodiversidad cultivada.

 

En síntesis: “Los Tratados de Libre Comercio continúan y profundizan el trabajo de la OMC. Son los instrumentos de las multinacionales y los fondos de inversión para imponer las desregulaciones necesarias con el fin de privatizar y acaparar la vida usando como herramienta sus nuevos OGM”, pero también son los instrumentos para activar los infiernos ambientales debidos a la desregulación ambiental que permite la devastación y la contaminación extrema. Es por eso que debemos resistir su aplicación y exigir que no se firmen. En caso de estar firmados y ratificados, es necesario resistir su aplicación y desmantelar sus argumentos y anclajes con las leyes nacionales.

 

En todos los continentes, las organizaciones campesinas y la sociedad civil no podemos permitir la existencia de estos acuerdos.

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REFERENCIAS

“El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no debe ser firmado” (suscrito por más de cien organizaciones latinoamericanas): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx3feKyiILifwnynNAsvMAfPHiNNhK-78Mt-fxW0dsROGcQ/viewform

 

Rocío Hernández y Olivier Chantry, “El Acuerdo UE-Mercosur en la era biotecnológica”: https://www.bilaterals.org/?elacuerdo-eu-mercosur-en-la-era

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