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LA REBELIÓN DE LOS JORNALEROS EN PERÚ / 285

WALTER VARGAS DÍAZ

Ni bien el país salía de la conmoción política generada por la disputa entre el Congreso y el gobierno del ex presidente Martín Vizcarra en torno a la vacancia presidencial y mutuas acusaciones de corrupción, miles de trabajadores y trabajadoras agroindustriales de la costa peruana iniciaron un paro general con el objetivo de poner fin a veinte años de aplicación de un régimen especial que los condena a la precariedad laboral y al abuso patronal en el campo, mientras favorece con privilegios tributarios a las empresas agroexportadoras. El conflicto ya cuenta tres muertes en menos de un mes, a causa de la represión policial, y pone en cuestión las supuestas bondades del boom agroexportador peruano.

El negocio de la Ley Chlimper. En el ocaso de la dictadura de Alberto Fujimori, su ministro de Agricultura, el empresario agroexportador José Chlimper Ackerman, propuso la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), aprobada a finales del año 2000. Ésta contenía un régimen temporal de diez años, que consiste en la reducción del pago de impuesto a la renta por parte de las empresas del 30% al 15%, la recuperación anticipada del impuesto a las ventas, la reducción del aporte empresarial al seguro social de los trabajadores y la disolución de los beneficios laborales, de tal modo que, en la práctica, se les pague por debajo del salario mínimo legal. Además, cuando las empresas agroexportadoras contratan a empresas intermediarias (services), las condiciones de trabajo son aún más precarias.

Este régimen fue ampliado legalmente hasta 2021 durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuyo ministro de Economía fue Pedro Pablo Kuczinsky, ambos acusados hoy por la justicia peruana de actos de corrupción con la red de empresas constructoras de Odebrecht. Finalmente, el año pasado, a propuesta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que agrupa a las corporaciones y empresas privadas del país, el gobierno de Martin Vizcarra decidió ampliar el régimen hasta 2030, apenas con una ligera variación salarial y manteniendo intactos los beneficios tributarios empresariales, prolongando así las condiciones precarias de 270 mil trabajadores.

Tomar la carretera, abrir el debate. Las señales de perpetuación del régimen especial agroexportador fueron inequívocas. La respuesta de las multitudes de asalariados rurales en Ica y La Libertad fue la organización de comités de lucha —a pesar del asedio antisindical de las empresas—, la toma de carreteras y el paro general del 31 de noviembre, con el objetivo de derogar la Ley de Promoción Agraria y exigir condiciones dignas de trabajo.

Desde la localidad de Santa Cruz en Ica, la trabajadora Geraldine Martínez exclamó con indignación durante la protesta: “Me levanto a las tres de la mañana, a las cuatro y media me estoy yendo dejando a mis hijos; me explotan más de ocho horas, salgo a las tres o cuatro de la tarde, sólo por 36 soles, sin comida, sin agua. Aquí los beneficiados son los ingenieros, los caporales y los dueños del fundo” (RPP Noticias).

No se trató de un grito aislado. La protesta se generalizó bloqueando la conexión vial con el sur y el norte del país. Los voceros de las grandes empresas agroexportadoras iniciaron una campaña mediática exigiendo preservar sus privilegios, teniendo como argumento central que los reclamos de los trabajadores conducirían al colapso de las inversiones privadas. El 4 de diciembre, el Gobierno —ahora presidido por Francisco Sagasti— arremetió con la represión policial letal, causando la muerte de Jorge Muñoz, trabajador de 19 años, así como 44 personas heridas. Posteriormente, el Congreso derogó la Ley de Promoción Agraria y anunció la preparación de una nueva norma.

Luego de sucesivos discursos demagógicos, debates de medianoche y votaciones frustradas, el Congreso aprobó una nueva Ley de Promoción Agraria a dos días de acabar el año, con la novedad de una mínima bonificación adicional al salario, que es rechazada por los trabajadores por insuficiente. Walter Campos, miembro fundador del sindicato de trabajadores de la empresa agroindustrial Camposol en La Libertad, nos dice con claridad: “Estamos en desacuerdo con esta nueva ley, en realidad no se ha dado un aumento salarial sino una bonificación que no forma parte de la remuneración básica, es decir, no se toma en cuenta para los beneficios laborales”.

Aunque no sólo se trata de mejoras salariales. Los trabajadores sometidos a jornadas de explotación, insolación e inseguridad física saben por experiencia cotidiana que la fiscalización laboral no funciona contra el poder fáctico de las empresas agroexportadoras, sean formales o informales. El derecho a la negociación colectiva no está reconocido a nivel de toda la rama productiva y los privilegios tributarios se mantienen, sólo se anuncia —nuevamente— una eliminación progresiva. Por si fuera poco, la nueva ley sigue autorizando la reducción del aporte económico obligatorio de las empresas agroexportadoras al Seguro Social de Salud de los trabajadores (EsSalud); privilegio inadmisible si se tiene en cuenta que la pandemia de la Covid-19 develó el colapso de las capacidades sanitarias del país, y que todo hace indicar el inicio de una segunda ola de propagación del virus.

Es así que los trabajadores rurales, que se hallaban en protesta vigilante desde el 22 de diciembre, vuelven a irrumpir en las vías costeras. A su vez, los grupos económicos de la agroexportación intensifican su campaña mediática, presentándose como víctimas de una supuesta agitación social y del “sabotaje contra el progreso”; ni siquiera aceptan los leves cambios aprobados y exigen más represión en nombre de la paz social. AGAP, gremio de las empresas y corporaciones agroexportadoras, advirtió que podrían cerrar las cosechas de espárragos, café, limón, banano, arroz y mango, si es que se realizan mejoras laborales o si se modifican los privilegios tributarios.

Diálogo post mortem. La violencia policial se ha recrudecido en La Libertad. El 30 de diciembre, trabajadores agrarios de la provincia norteña de Virú bloquearon nuevamente la carretera Panamericana para exigir la atención a sus reclamos. La represión policial volvió a cobrar la vida de dos jóvenes trabajadores: Kanuner Rodriguez (16 años) y Reynaldo Reyes (27 años), muertos por impacto de balas de armas policiales durante los intentos de desalojo de los manifestantes. Tras las muertes y nuevas promesas de diálogo, los piquetes de trabajadores rurales fueron replegados en la víspera del año nuevo, pero se anuncia que la lucha continuará si el Congreso y el gobierno siguen negándose a reconocer sus exigencias.

Así se niega a caer el poder salvaje de la explotación agroindustrial. Un modelo de negocios considerado “exitoso” por los nuevos dueños de los latifundios costeros del país, defensores de una prosperidad falaz exportadora, a costa de la precarización de la vida de los trabajadores del campo.

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Walter Vargas, abogado peruano, miembro de la Escuela de Saúl Cantoral.

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