CRÓNICA DE UNA CONSULTA SIMULADA

EL INPI EN TEHUACÁN, PUEBLA

Complejo Cultural “El Carmen”, Tehuacán Puebla. 18 de julio de 2021. Ese día se llevó a cabo la consulta para aprobar la propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. A continuación, una crónica desde mi posición de mujer nahua de la Sierra Negra de Puebla.

Un día antes a la consulta ya se encontraban acomodando sillas, se veían demasiadas, me pregunté si llegaría tanta gente, pues la región de Tehuacán es muy grande. Yo arribé al Complejo Cultural “El Carmen”, aproximadamente a las 10 am. Se escuchaba un discurso en lengua náhuatl. Al querer ingresar me preguntaron si ya había realizado mi registro para ingresar al recinto. Para hacerlo me dirigí a la parte trasera del ex convento. A mi llegada una mujer me cuestionó de qué comunidad de la región provenía y si era autoridad. ¿Son muy necesarias esas preguntas?, pues al decirle que era ciudadana y que creía tener el mismo derecho que una autoridad de estar ahí, recibí como respuesta: ah, sí, está bien, pase a la mesa de registro de invitados especiales.

A la hora del registro, me volvieron a cuestionar sobre el cargo que ocupaba. Ante mi respuesta, noté que no tenían ni idea de en qué “categoría” debería elegirse en el formulario de registro. También me dieron unos boletos que decían desayuno y comida. Al interior del convento se podían apreciar a los distintos participantes desayunando; sinceramente esto me recordó a la usanza clientelar característica del PRI. Al ingresar al lugar donde se hacía la consulta, vi que todos estaban parados con las manos levantadas hacia el cielo. Se estaba realizando un “ritual indígena”. En la parte del presídium, se había puesto una ofrenda con flores y frutos de la región. Con toda esa parafernalia, se buscaba legitimar el discurso gubernamental respecto a los pueblos indígenas. No digo que esté mal ese tipo de rituales, siempre y cuando el discurso sea más consecuente con las acciones.

Mientras se hacia ese ritual, la esposa de Sergio Rivera, líder de la lucha en contra de la hidroeléctrica que se intentó imponer en la Sierra Negra, sus hijos y compañeros de lucha, siguen exigiendo su aparición con vida.

En Santa María Coyomeapan, el pueblo está exigiendo la salida de “Los Celestinos”, quienes han gobernado por 11 años (ambos casos se deben, en gran medida, a la presencia de la Minera Autlán en la región, principal beneficiada del proyecto hidroeléctrico). Véase: https://www.losangelespress.org/sierra-negra-de-puebla-azotada-por-caciques-ycrimen- organizado/?fbclid=IwAR2SOBBe5v5yH4uZb_0oPa9 tEESb9gN9AU851gFfPzdQ3klxbUsi62Kspwk.

Mientras se hacía el ritual, en Santa Ana Teloxtoc y Zapotitlán Salinas las mineras se preparan para explotar su territorio.

Mientras se sigue con el ritual, Chichiltepec, Ocotlamanic y Capulhuacán (localidades del municipio de Coxcatlán) cierran la carretera para exigir al presidente de su cabecera municipal que cumpla con las obras de infraestructura que prometió en su campaña electoral.

Mientras se sigue y sigue con ese ritual, continúa impune la arenga contra las mujeres nahuas de Santa María de la Asunción Coapan, quienes han sido golpeadas, reprimidas y acosadas en el primer cuadro de esta “ciudad de indios”, por vender tortillas y derivados del maíz. Esta misma Junta Auxiliar de Tehuacán está en lucha por el cierre del basurero de la ciudad que se encuentra en su territorio; además, éste no cumple con las medidas de sanidad ya que fue impuesto por gobiernos anteriores.

En el marco de la consulta, se leyeron y leyeron las diapositivas que ya se nos habían entregado impresas al hacer nuestro registro. Se intentó explicarlas, pero en la mayoría de las ocasiones su lectura era textual. Al finalizar, se dijo: levanten la mano si están de acuerdo con esta reforma. Sí, la mayoría la levantó, pero hubo quienes no lo hicimos. Al finalizar ese acto, distintos actores de los pueblos indígenas de la región emitieron su sentir respecto a los conflictos sociales, culturales y ambientales que existen en sus localidades.

En el cierre de la “asamblea”, se recordó que cada autoridad debía pasar a recoger las formas destinadas para recolectar firmas de los habitantes de cada comunidad y, así, comprobar que los pueblos indígenas estamos enterados y aprobamos dicha reforma. Pero, ¿qué pasa con los pueblos que no pudieron estar presentes?, ¿por qué se dice que se aprobó por unanimidad si aún no se lleva el contenido de lo discutido a cada pueblo?

Al día siguiente, se publicó en las redes sociales del INPI: “En la Asamblea de Tehuacán, Puebla, se aprobó por unanimidad respaldar la Iniciativa de Reforma Indígena. Representantes de los pueblos nahua, mixteco, afromexicano y ngiva manifestaron que es fundamental la participación de las mujeres indígenas en la vida pública nacional”, sin matizar los sentires de quienes alzaron la voz y expresaron sus inconformidades respecto a esta reforma.

Es importante recalcar que no todos levantamos la mano, por lo que no existe consenso. Del mismo modo, queda en evidencia la necesidad de reformular el quehacer gubernamental en este tipo de intervenciones, procurando una mejor logística y mecanismos apropiados para impulsar la participación y abrir un diálogo donde se exponga el sentir de los pueblos. De lo contrario, tal como se ha relatado anteriormente, estos ejercicios quedan como un mero disfraz de inclusión y reconocimiento de los pueblos indígenas.

Lo más preocupante es que la actual consulta se hizo en medio de contradicciones que reflejan los horizontes divergentes en torno a los modelos de desarrollo que están en disputa. Mientras por un lado se busca legitimar el respeto a las culturas indígenas, por el otro, se hacen oídos sordos ante las demandas locales que no quieren más extractivismo y destrucción de su territorio; al mismo tiempo que con el uso de la fuerza pública se reprime el oficio de las “mujeresmaíz” coapeñas, no sólo ejerciendo violencia física e institucional sobre ellas. Negando la cultura y tradiciones históricas de estos pueblos.

Esta experiencia muestra que urge una evaluación y autocrítica de las prácticas institucionales. El gobierno federal tiene la posibilidad de aceptar los errores y replantear sus acciones, donde se priorice escuchar y comprender la voz de los pueblos para un verdadero ejercicio de justicia, respeto e inclusión. De no hacerlo se mantendrá la simulación y exclusión de quienes sólo piden vivir con dignidad y en paz. No basta con un ritual.

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Guadalupe Bolaños Ceja, nahua de la Sierra Negra de Puebla y estudiante del Centro de Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán. La autora agradece a Sergio Elías Uribe Sierra sus comentarios y aportaciones.