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La reforma migratoria de Joe Biden agoniza entre el temor a oleadas de migrantes

J. Jaime Hernández

Es el cuento de nunca acabar. Cuando Estados Unidos alivia o anuncia nuevas restricciones migratorias, México apechuga con las consecuencias de contener el éxodo migratorio que apura desde Centroamérica, El Caribe y el sur del hemisferio y los grupos criminales que viven del tráfico de personas registran una nueva bonaza.

Con una o varias variables circunstanciales (como los dos años de pandemia), la batalla por traspasar o reforzar fronteras se ha convertido en una constante batalla desde la década de los 90. Pero su agudización se ha hecho cada vez más patente desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 con el nacimiento de la Ley Patriota, la creación de Inmigración y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

A pesar de que el historial del flujo migratorio entre México y EU tiene más de 130 años entre ambos países, con los pasajes de la denominada era de las “deportaciones, reenganches y migraciones masivas” entre 1921 y 1941, o el Programa Bracero (1942/1964), la tensión política y racial ha cobrado mayor fuerza desde 1986 tras la promulgación de la primera amnistía bajo la presidencia de Ronald Reagan.

Desde entonces, la opinión generalizada y atizada desde las bases conservadoras de que la inmigración se ha salido fuera de control, ha sido la principal arma de contención migratoria y de odio racial, y el más eficaz reclamo electoral para los líderes y candidatos del partido republicano.

Todo este compendio de intentos y fracasos por regular el flujo migratorio entre México y Estados Unidos ha vuelto a resurgir entre los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, cuando sólo faltan unos días para que el polémico título 42, una argucia administrativa que impuso Donald Trump bajo su presidencia para prohibir la entrada de ciertas personas que "potencialmente representan un riesgo para la salud", sea derogado.

La fatídica fecha es el próximo 23 de mayo, cuando la Casa Blanca pretende sepultar el título 42 y la Suprema Corte tendría que haber dilucidado la validez o inconstitucionalidad de las demandas interpuestas por 13 estados con gobernadores o procuradores republicanos que luchan por mantener en pie las políticas antinmigrantes de Donald Trump.

Para esa fecha, el gobierno de Joe Biden tiene previsto implementar lo que se ensayó desde la presidencia de Barack Obama en 2014. Es decir, volver a solicitar el apoyo del gobierno de México para contener el éxodo de migrantes que empuja desde Centroamérica, El Caribe y el Hemisferio Sur.

Precisamente, durante el verano del 2014 la administración Obama se vió sorprendida por un alud de migrantes menores de edad que llegaban a su frontera solos. Sin tener noción sobre el mecanismo que había causado esta estampida desde Centroamérica, los gobiernos de Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala y Honduras emprendieron una investigación que condujo a las habituales redes de coyotes que desde distintos países extendieron la versión de que todos aquellos que llegaran antes de que finalizara 2014 iban a ser beneficiarios de una amnistía.

Una información que no tenía ningún sustento.

Desde entonces, las campañas de desinformación a través de las redes sociales que alientan la partida de nuevas caravanas, se ha convertido en un quebradero de cabeza para los gobiernos de Estados Unidos y México.

A pesar de que en 2014 el Congreso de EU aprobó ayuda para reforzar los puestos fronterizos de México con Guatemala, la presión lejos de amainar ha aumentado desde puntos de partida antes no contemplados como Haití, Venezuela, Cuba y Africa.

En esta ocasión, el sentido de urgencia ha vuelto a sorprender a la administración Biden que se ha mantenido más ocupado con la guerra en Ucrania. De hecho, el presidente Biden anunció que recibiría a un grupo de 100 mil refugiados ucranianos que huyen de la guerra, que además se sumarán a los 100 mil que ya permanecían en EU con visas de estudiantes o profesionales.

Aunado a ello, la Casa Blanca presionó al Congreso para un aumento significativo de la ayuda militar y humanitaria hacia Ucrania. Desde el pasado mes de marzo, EU ha aprobado más de 46 mil millones de dólares, una cifra sin precedentes desde el fin de la segunda guerra mundial.

Mientras, en el escenario de caos y desconcierto que ha traído la migración dentro y fuera de Estados Unidos, Biden ha sido incapaz de cumplir con los proyectos que pactó con su base electoral y el gobierno de México. Como, por ejemplo, destinar mayor inversión para el desarrollo de Centroamérica y alentar la participación del sector privado en esta empresa.

Hasta la fecha, nada de eso se ha materializado y sólo han sido aprobados en el presupuesto de este año 861 millones de dólares para Centroamérica. En este escenario, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se muestra cada vez más impaciente.

A pesar de que desde Washington y México se habla de cooperación, lo cierto es que el nivel de frustración desde Palacio Nacional está en relación directa con la ausencia de mayor inversión en Centroamérica y la inacción de la Casa Blanca para responder a las exigencias de poner fin al financiamiento de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, la fachada de grupos que encabeza Claudio X González para atacar al gobierno y obstaculizar los planes de la Cuarta Transformación.

Aunado a ello, el desdén de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para reconducir el proceso de normalización de relaciones con Cuba que se inició bajo la presidencia de Barack Obama, es otro de los factores que han estado en el alero y que México ha impuesto como condición para confirmar su asistencia durante la próxima Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Angeles el 8 y 9 de junio.

Finalmente, la prometida iniciativa de una reforma migratoria está hoy casi muerta en el futuro previsible. Esta misma semana, el senador por  Nueva Jersey, Bob Menendez, aseguró que las posibilidades de una reforma migratoria son nulas.

"Las posibilidades se reducen a cero", dijo Menendez, uno de los principales impulsores del proyecto de reforma.

A pesar de que la Casa Blanca insiste en que la reforma migratoria es una prioridad, los niveles récord de detenciones en la frontera sur con México han reducido drásticamente el margen de operación de Joe Biden. Tan sólo durante el pasado mes de marzo, el número de capturas subieron hasta las 210 mil, la cifra más alta en dos décadas.

Este aumento en las detenciones ha dado más munición al partido republicano de cara a las elecciones de medio término en noviembre próximo, cuando aspiran a recuperar el control de las dos cámaras en el Congreso, sepultando así toda posibilidad de una reforma migratoria y enrareciendo aún más el ambiente de cooperación con México.