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Legisladores demócratas exigen investigar asesinatos de migrantes, encubiertos por la patrulla fronteriza

La Jornada Sin Fronteras

Washington, 7 de mayo .—Ha tenido que pasar más de una década para que un grupo de 10 congresistas demócratas soliciten esclarecer el asesinato del migrante mexicano, Anastasio Hernández Rojas (32 años) y la operación de encubrimiento de las llamadas unidades especiales de la patrulla fronteriza (CBP) en el sector de San Diego.

El caso ha desatado una intensa batalla de familiares y grupos defensores de los derechos de los migrantes que han convertido el caso de Anastasio Hernández en punta de lanza para esclarecer otros casos de asesinatos perpetrados a sangre fría y encubiertos por unidades de la patrulla fronteriza.

Información consignada por distintos medios señalan que ante este reclamo, un grupo de 10 congresistas han enviado una carta enviada a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno. Entre ellos se encuentran los presidentes de los Comités de Seguridad Nacional de la Cámara y el Senado, los Comités Judiciales de la Cámara y el Senado y el Comité de Supervisión de la Cámara.

En esta misiva, solicitan “información relacionada con la autoridad legal, las actividades, la capacitación, la financiación y la supervisión de la Patrulla Fronteriza, equipos de recolección de evidencia, también conocidos como Equipos de Incidentes Críticos o Equipos de Investigación de Incidentes Críticos, según la región”.

El caso considerado como paradigmático es el del migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas, un migrante mexicano y padre de familia y padre de cinco menores quien llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en Estados Unidos sin los debidos documentos migratorios.

El 29 de mayo de 2010, Hernández fue interceptado por una unidad especial de la patrulla fronteriza en el área de San Ysidro. El informe de una autopsia preliminar concluyó que Hernández Rojas murió debido a lesiones sufridas un día antes por los agentes fronterizos.

Según indicó en su reporte el médico forense, el inmigrante falleció por una encefalopatía anóxica (falta de oxígeno en el cerebro), causada por un infarto agudo de miocardio en el Centro Médico Court de Chula Vista.

Doce años más tarde, los congresistas demócratas Bennie Thompson, D-Miss; el senador Gary Peters, D-Mich; el representante Jerry Nadler, DN.Y; el senador Dick Durbin, D-Ill; la representante Carolyn Maloney, DN.Y. ; el Senador Alex Padilla, D-Calif; el Representante Nanette Diaz Barragán, D-Calif; la Senadora Kyrsten Sinema, D-ArizL; la Representante Zoe Lofgren, D-Calif., y el Representante Jamie Raskin, D -Maryland, han decidido dar un pase al frente para responder al clamor de las familias y denunciar este caso plagado de irregularidades.

“Los comités están preocupados por los informes que indican que los Equipos de Incidentes Críticos pueden haber obstruido las investigaciones apropiadas por parte de las fuerzas del orden”, escribieron Thompson y Maloney en una declaración separada de la carta.

"Nuestros comités están tratando de comprender mejor el papel de los Equipos de Incidentes Críticos luego de una posible mala conducta de los agentes de la Patrulla Fronteriza, ya sea que estos equipos hayan obstruido las investigaciones penales, civiles o administrativas o hayan impedido la rendición de cuentas por la mala conducta de los agentes, y los pasos que CBP está tomando para asegurarse de que estos equipos se utilicen adecuadamente".

Según informó el diario San Diego Tribune, las unidades, que tienen diferentes nombres en diferentes áreas de la frontera, como Equipo de Incidentes Críticos, Equipo de Investigación de Incidentes Críticos o Equipo de Recolección de Evidencia, nunca recibieron autoridad del Congreso para investigar el uso de la fuerza por parte de otros agentes.

Hay tres entidades que sí tienen autoridad para realizar tales investigaciones criminales. Son el FBI, la Oficina del Inspector General del DHS y la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza.

Entre las familias que se vieron afectadas y se pronunciaron esta semana se encuentra también Valentín Tachiquín, padre de Valeria Tachiquín, una ciudadana estadounidense de 32 años que fue asesinada a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza en Chula Vista en 2012.

 

“Estamos buscando justicia”, dijo el padre a los periodistas durante una conferencia de prensa el pasado martes consignada por el diario San Diego Tribune.

“Queremos que todo se aclare. Queremos que todos en el departamento sean transparentes sobre los hechos, y simplemente salió a la luz, las unidades de encubrimiento que están usando, no deberían estar allí”.

Su hija habría cumplido 42 años en abril, dijo.

El Union-Tribune también revisó los registros de casos proporcionados por los defensores sobre su caso, incluido el informe de la autopsia, una transcripción de una entrevista policial con el agente involucrado, análisis de evidencia de dos expertos para un caso civil relacionado con el asesinato y parte de un informe interno creado por la unidad de la Patrulla Fronteriza.

“Una tarde de septiembre de 2012, Valeria Tachiquín se encontraba casualmente en un edificio de apartamentos en Chula Vista cuando agentes de la Patrulla Fronteriza vestidos de civil se presentaron allí para hacer un “toca y habla”, lo que significa que los agentes no tenían una orden judicial para entrar pero podría tratar de involucrar a las personas allí en una conversación consensuada.

“Tachiquín no vivía en el apartamento, ni era la persona que buscaban los agentes. Cuando salió del edificio de apartamentos, un agente cuya placa no era visible le pidió que se identificara. Ella se negó y fue a su coche.

“Un agente dio instrucciones a otro compañero para que perforara su ventana y la arrestara. Después de que el segundo agente golpeó su ventana, ella trató de alejarse. El primer agente terminó en el capó de su automóvil; existe un debate entre los citados en los documentos sobre si aterrizó allí porque ella lo golpeó o porque él saltó. Él disparó 10 tiros, matándola”.

En medio de esta batalla la coalición de Comunidades de la Frontera Sur y Alliance San Diego también han presionado al fiscal de distrito de San Diego para que presente cargos contra los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en el presunto encubrimiento de varios casos.

Con información de San Diego Tribune, Governing y BBC