La generación distribuida es una alternativa factible para enfrentar algunos de los problemas ambientales, económicos y sociales de los centros urbanos. En vez de recurrir a las grandes centrales eléctricas, esta alternativa apuesta por la generación de energía a partir de pequeñas centrales de generación eléctrica dimensionadas para satisfacer las necesidades energéticas de los consumidores locales; es decir, permite que los usuarios generen su propia energía desde el mismo hogar e incluso vendan sus excedentes, haciéndolos más conscientes en su consumo, transformándolos en prosumidores y democratizando el sistema energético.

En México, la generación distribuida comenzó antes de la reforma energética de 2013. Desde 2007 existían contratos de interconexión de pequeña y mediana escala (CIPyME) con una capacidad menor a 1 MW. Sin embargo, no fue sino hasta la Ley de la Industria Eléctrica de 2014 que se reconoció y reguló con mayor detalle.

En esta regulación se estableció que una central de generación distribuida debe tener una capacidad menor a 500 kW y ser interconectada a las redes de distribución mediante un contrato con CFE Distribución. Además, el usuario debe tener un contrato de contraprestación con su suministrador de energía en donde se indica la forma en que se pagarán los excedentes, en caso de haberlos.

La capacidad instalada de los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida (o techos solares, para abreviar) en el país ha aumentado constantemente desde 2017; presentan mayor crecimiento los sistemas de entre 5 y 10 kW de capacidad, propios de residencias grandes y comercios. Sistemas más pequeños, de entre 1 y 5 kW, comúnmente instalados en los mismos sectores, aumentaron a partir del último trimestre de 2018.

A partir de 2019, hubo un incremento considerable en las instalaciones superiores a 10 kW, es decir, en los sectores comerciales o industriales. En lo que respecta al sector residencial, se estima aproximadamente 85 por ciento de la capacidad instalada en años recientes se localiza en zonas urbanas, es decir, en regiones habitadas por más de 2 mil 500 personas. Ver la gráfica en la página siguiente.

La generación distribuida en zonas urbanas tiene un gran potencial en todos los sectores: industrial, comercial y público, ya que permite generar electricidad renovable in situ, sin cambiar el uso de suelo y aprovechar el espacio urbano ya intervenido utilizando azoteas existentes, por lo general desaprovechadas.

En el sector residencial el potencial es muy amplio, ya que el modelo urbano prevaleciente en la mayoría de los municipios mexicanos es el de las viviendas unifamiliares. Solo nueve de las 32 entidades federativas tienen una alta densidad de población (más de 130 habitantes/km²).

La generación distribuida residencial es de especial importancia puesto que permite atender uno de los principales problemas de la nación: la pobreza. El 71 por ciento de los hogares mexicanos presentan algún tipo de pobreza energética, esto es, que no cuentan con las condiciones para satisfacer sus necesidades energéticas como la iluminación, la cocción de alimentos, la conexión para el trabajo o la educación, o el confort térmico indispensable en las zonas calurosas.

El 70 por ciento de estos hogares (17 millones) se encuentra en zonas urbanas. La generación distribuida puede desempeñar un rol importante en la atención a este problema, como se verá a continuación.

La instalación de un techo solar tiene un costo medio de $1.61 por cada kWh (ICM, 2021). En comparación, las tarifas subsidiadas que se aplican al sector residencial son menores, a excepción de la tarifa 1F, que es vigente en las zonas más calurosas del país. Esto dificulta que los usuarios opten por un sistema fotovoltáico de generación distribuida (SFVGD), sin considerar el capital necesario para ello.

El subsidio a las tarifas eléctricas no es una solución a la pobreza energética, puesto que es mayor cuando más energía se consume; es decir, subsidia menos a los usuarios más pobres. De ahí la importancia de implementar programas o políticas que promuevan la instalación de SFVGD en las casas para cubrir sus necesidades, reducir su gasto en energía eléctrica y asegurar un suministro constante, incluso en las regiones más calurosas, donde podrán tener mejores sistemas de enfriamiento a menor costo.

En otras regiones, los ahorros les permitirán acceder a tecnologías más modernas y transitar hacia la electrificación, sin que ello represente una carga mayor al sistema eléctrico; permitiéndoles un nuevo ahorro al no depender de energéticos como el gas LP.

Un ejemplo de este tipo de programas es Hogares Solares (antes Bono Solar), que es un mecanismo revolvente que permite recanalizar el gasto que se destina al subsidio eléctrico hacia la dotación de SFVGD en las azoteas residenciales. Después de algunos años, el subsidio ya no es necesario y el gobierno puede destinar esos recursos a otros temas prioritarios como salud, educación o seguridad.

La generación distribuida residencial en las zonas urbanas de México tiene un enorme potencial; por lo que es fundamental el diseño de políticas públicas y de incentivos para su adopción. Las bondades de esta alternativa son numerosas: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; aliviar la gran demanda eléctrica de las ciudades; y disminuir costos para el sistema eléctrico.

También hay beneficios para la sociedad, pues abre la posibilidad de canalizar los recursos públicos que se gastan en subsidios en satisfacer otras necesidades prioritarias, de mejorar la economía familiar y de crear a usuarios conscientes y responsables de la energía.

En conclusión, fortalecer los instrumentos políticos para acelerar la implementación de los hogares solares es esencial para reducir la pobreza energética en nuestras ciudades.

Ilse Ávalos Vargas, Alejandro Blázquez García,
Ricardo Rubén Cruz Salinas, Luisa Sierra Brozón
y Daniel Chacón Anaya
@iniciativaclima