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La perspectiva comunitaria para una transición energética digna

Sandra Rátiva Gaona y Eduardo Enrique Aguilar

La matriz energética mexicana además de ser adicta y dependiente al petróleo –decisión irresponsable dado el fin de la era del petróleo barato y sus efectos climáticos– prioriza la actividad industrial de larga distancia y gran escala.

En particular, la energía eléctrica es producida para sectores industriales como industria minera, cementera, siderúrgica, química o automotriz (60.6 por ciento). Del otro lado de la matriz energética, el sector agropecuario consume tan solo el 3.4 por ciento de la energía del país, principalmente como diésel para maquinaria y, en segundo lugar, como energía eléctrica para bombeo o riego; mientras que el consumo doméstico rural se destina principalmente a la cocción de alimentos (53 por ciento) y el calentamiento de agua (20 por ciento), en los que se utiliza la quema de leña y de gas LP, cuando la economía lo permite.

Es sorprendente que, a pesar de que “la transición energética” se volvió un término de uso común, jamás se habla de la urgente necesidad de reducir los consumos de energía de las ciudades y de los centros industriales para alcanzar un poco de justicia socio-ecológica.

Para analizarlo de forma crítica es necesario señalar que existen enormes desigualdades en términos de consumo de energía entre las zonas urbanas y las zonas rurales del país, y aunque la infraestructura de la energía eléctrica en México alcanza al 99 por ciento de la población, todavía estamos hablando de aproximadamente 500 mil familias en México que no tienen acceso a este servicio, lo que significa que, en términos cotidianos, no pueden refrigerar sus alimentos, conectar un aparato de climatización en temperaturas de 40 °C o, en contexto de pandemia, acceder a clases virtuales o televisadas.

Estos son los peores escenarios que podemos encontrar, pero para completar el panorama de la energía eléctrica en escenarios rurales, donde sí hay infraestructura y conexión al sistema eléctrico nacional, el problema más apremiante es la mala calidad de la energía.

Aproximadamente el 48 por ciento de las subestaciones del país tienen más de 26 años de instaladas, y 28 por ciento de las líneas de transmisión tienen más de 21 años, según la propia Comisión Federal de Electricidad) lo que en concreto significa pérdidas en el proceso de transmisión y en la estabilidad del suministro.

Las zonas rurales viven apagones y cortes de luz todas las semanas, algunas ocasiones por horas, pero en algunos casos y algunas regiones, son de días; el daño a electrodomésticos como radios, televisores, ventiladores, refrigeradores es bastante común en las modestas economías de las familias rurales.

Ante este panorama, en los discursos de las empresas, en los medios de comunicación o el gobierno se habla de producir más energía sin mencionar en ningún momento la redistribución de la energía; así pues, abordar la transición energética debe de comprenderse como un proceso amplio, articulado y complejo fundado en la justicia, la sostenibilidad y no sólo de la implementación de nuevas tecnologías.

Al contrario, señalamos que no existen opciones tecnológicamente mágicas que resuelvan los costos y la escasez de los hidrocarburos, de hecho, sostenemos que es necesario cambiar el foco de la discusión, de la transición energética hacia la transición socio-ecológica; es decir, un proceso que involucra una serie de elementos fundamentales para la reproducción de la vida humana y la restauración de los nichos de la vida no humana.

En este proceso, las comunidades rurales resultan ser fundamentales por el ejercicio de su economía local basada en el consumo a escala humana; es decir, contar con actividades productivas y de utilización energética ajustada a cubrir las necesidades reales de las personas, por ello, su producción de alimentos, gestión del agua y de la tierra, así como su lógica política ligada al asambleísmo se convierten en horizontes de sustentabilidad profunda.

Del mismo modo, hemos visto cómo muchas comunidades indígenas y campesinas han iniciado sus procesos de autonomía y soberanía energética. En algunos casos como respuesta a las amenazas de grandes proyectos energéticos “renovables” o por la necesidad apremiante de mejorar sus condiciones de vida.

Lo más relevante de estas experiencias que se vienen gestando, por ejemplo, en la sierra nororiental de Puebla (la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, el Consejo de Pueblos Totonaku, la cooperativa de mujeres Maseual Siuamej), en el sur de Veracruz (comunidades en resistencia civil a las altas tarifas de CFE del sur de Veracruz), en el istmo de Tehuantepec (la Asamblea de Pueblos del lstmo en Defensa de la Tierra y el Territorio), en Chiapas o en Michoacán (algunas comunidades con acompañamiento de asociaciones civiles como el IMDEC, GIRA u Otros Mundos) que desafían al modelo energético actual ya que apuestan por lógicas no privativas y no corporativas del mismo.

Estas experiencias comparten entre sí el desarrollo de procesos de formación política y de apropiación tecnológica, espacios de reflexión y deliberación, y una capacidad desplegada de autodeterminación y proyección hacia el futuro con planes de vida en sus territorios.

Para finalizar, sostenemos que muchos de los argumentos colocados aquí han sido dejados de lado y hasta desechados por los llamados expertos y tecnócratas bajo argumentos de la imposibilidad, de la no factibilidad, de los altos costos que esto acarrea o de las pérdidas de energía que acarrean los sistemas, entre otros.

Ciertamente, estas personas cuentan con una visión instrumental de la energía, invisibilizan que las claves presentadas parten de las experiencias concretas existentes en otras latitudes de Latinoamérica dejando claro que son socialmente factibles, económicamente viables y ecológicamente sustentables, el único argumento es que no son funcionales a la gran generación de lucro, más bien, buscan la generación de bienestar.

Así pues, de fondo, la transición energética justa busca responder las preguntas ¿energía para qué? y ¿energía para quién? de la siguiente manera, energía para que los pueblos, barrios y comunidades construyan vidas dignas.

Sandra Rátiva Gaona
Socia trabajadora de la cooperativa de energías renovables Onergia
@agarimas

Eduardo Enrique Aguilar
Profesor de la Universidad de Monterrey
@E_AguilarH