¿Contribuye la minería a la reducción de desigualdades? — ecologica
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¿Contribuye la minería a la reducción de desigualdades?

Leticia Merino y Miguel Soto

El número 10 de los objetivos de desarrollo sustentable (ODS) de la Agenda 2030 propone asumir que la desigualdad en sus distintas dimensiones plantea barreras poderosas para la construcción de sociedades incluyentes y ambientalmente viables.

Para evaluar este objetivo con referencia al sector minero en México, retomamos las metas de: reducción de las desigualdades de ingreso, eliminación de las políticas y leyes discriminatorias que sostienen y mantienen la desigualdad, y contribuciones fiscales progresivas.

La superación de la desigualdad del ingreso y la riqueza, y de la desigualdad política –que se expresa en la captura de las instituciones del Estado por parte de las élites– es una tarea a la vez ardua y urgente para México, el país más desigual del continente americano y de todo el mundo.

¿De qué se trata esta captura del Estado? Hablamos de que individuos u organizaciones (públicas o privadas) utilizan los vacíos en las leyes para establecer alianzas que anulan la separación entre el poder público y el privado.

El fruto de este proceso se conoce como captura del Estado1, concepto estudiado en años recientes por la academia, organizaciones civiles2, instituciones de financiamiento, entre otras. Las y los actores detrás de estos convenios y alianzas no siempre son explícitos. Desde el sector privado suelen ser empresas, despachos de abogacía, de cabildeo, de relaciones públicas, de intermediarios financieros. Y desde el sector gubernamental, figuras políticas y de la burocracia.

Los arreglos entre estas partes crean un desbalance de poder en favor del interés privado, el cual termina por imponerse al público. De acuerdo con diversos estudios, algunas de las manifestaciones de la captura del Estado son:

  • La flexibilización de leyes para “suavizarlas”.
  • El debilitamiento de las instituciones reguladoras.
  • La interferencia indebida en procesos de elección popular.
  • La utilización de la fuerza pública para defender proyectos privados y actuar contra las comunidades.
  • La manipulación de comunidades mediante la siembra de discordia ante procesos de decisión popular. Por ejemplo, frente a la instalación de proyectos extractivos.
  • La aparición de las llamadas “puertas giratorias”, es decir, los intercambios de posiciones de los principales puestos de formulación de políticas de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de las agencias reguladoras hacia el sector privado. O viceversa, dentro de un mismo sector de la economía.
  • El cabildeo y el “capitalismo de cuates”, por ejemplo, el financiamiento público a empresas por medio de subsidios directos y/o exención de impuestos; de la asignación de contratos y obra pública directos sin procesos de licitación abiertos ni transparentes a personas u organizaciones ligadas al funcionario público. O el financiamiento ilegal de campañas políticas a cambio de favores.
  • La diplomacia económica, es decir, cuando un Estado impone los intereses de sus corporaciones por encima de las necesidades y derechos de los países en los que opera.
  • La privatización de los servicios públicos, origen de las fortunas millonarias en el caso de muchos magnates mexicanos.
  • La manipulación de la ciencia. Por ejemplo, financiar estudios académicos que nieguen la responsabilidad de los combustibles fósiles en el cambio climático. En esto, participan algunos medios de comunicación.

El capital económico del sector extractivo es tan grande que es uno de los principales actores detrás de la captura del Estado mexicano. Una de las razones por las que las corporaciones gozan de grandes privilegios en el acceso a los bienes de la nación. Esto los ha llevado a consolidar grandes fortunas de magnates nacionales y de empresas extranjeras, profundizando la desigualdad, económica y política de manera atroz.

Otro privilegio de estas empresas es la falta de rendición de cuentas y la opacidad. En 2016, la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reportaba que durante el periodo 2006-2015, estas empresas obtuvieron ingresos por 1 billón 714 mil 342.7 millones de pesos.

Comparados con esta cifra astronómica son irrisorios los pagos a las comunidades dueñas de los territorios donde se establecen las minas, y cuyos medios de vida, cuerpos de agua, tierras de cultivo y áreas forestales se ven irreversiblemente afectados: 0.29 dólares por hectárea durante los primeros nueve años de los proyectos y 5.08 dólares por hectárea por el resto del tiempo de la concesión.

En Zacatecas en 2014, las empresas mineras reportaron ganancias por 414.8 millones de dólares, mientras que los municipios de la entidad recibieron ocho centavos por cada mil dólares de ganancias de las mineras. Es decir, el equivalente a 0.008 por ciento de esas ganancias.

Por otra parte, estos pagos no se entregan directamente a los dueños de las tierras, sino que se destinan al Fondo Minero, en cuyo manejo intervienen varias entidades de gobierno y las empresas mineras. Sus recursos se invierten en infraestructura y servicios que es obligación del gobierno proporcionar a la población.

La disparidad abismal de ingresos entre los ganadores y perdedores de la actividad minera se expresa además en el contraste entre las ganancias de las corporaciones y la prevalencia de la pobreza, muchas veces extrema, en los principales centros mineros. Se incluyen en la exposición del “Objetivo 1, el fin de la pobreza” en este número especial de La Jornada Ecológica. Y resultan mayores a los de por sí altos valores promedio de la pobreza en el país.

En el estudio mencionado, Fundar (2016) estima que el costo de la destrucción ambiental que genera la minería equivale al menos a 40 por ciento de la riqueza que genera. Pero mientras las corporaciones obtienen inmensas ganancias privadas, los costos ambientales son impuestos a las comunidades y a las regiones mineras.

No existen a la fecha evaluaciones adecuadas ni suficientes de los daños a la salud, que también son impuestos a poblaciones, de por sí vulnerables y afectadas. Lo que sí se tiene es la falta de acceso a la justicia y remediación cuando estas corporaciones causan desastres ambientales.

Apenas el 6 de agosto pasado se cumplieron siete años del peor desastre ambiental minero en la historia del país. Lo ocasionó uno de los negocios del Grupo México, que derramó sustancias tóxicas sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando al menos a 22 mil personas.

Son siete años ya de lucha y resistencia de las comunidades y de las organizaciones que las acompañan para exigir rendición de cuentas en materia de salud y medio ambiente.

Una meta importante para la superación de la desigualdad según el planteamiento de la Agenda 2030, se refiere a la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias.

El avance en esta meta implica la reorientación radical del trato preferencial que la actual Ley Minera concede a las corporaciones al otorgar concesiones sin consultar a los dueños de las tierras y a las comunidades vecinas. Concediéndoles acceso a las tierras aun en oposición de los dueños y otorgando derechos preferentes al agua (artículos 6 y 19 de dicha ley).

Lejos de contribuir a superar la desigualdad, la Ley Minera viola distintos derechos que la propia Constitución confiere a la ciudadanía, a comunidades y ejidos, y a los pueblos y comunidades indígenas. Como los plasmados en el Artículo 2, sobre los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Entre otros, al consentimiento previo, libre e informado sobre las actividades que se desarrollen en sus territorios; en el Artículo 4, que reconoce el derecho humano al agua; y el Artículo 27, que reconoce la propiedad de ejidos y comunidades agrarias (Peláez y Merino, 2021).

Entre las metas y medidas que el ODS 10 plantea para avanzar en la superación de la desigualdad son de suma importancia las políticas fiscales progresivas, las salariales y las de protección social comprometidas con el logro de condiciones de mayor equidad en el acceso a servicios de seguridad. En México son además derechos constitucionales.

Si México dista de tener una política fiscal progresiva es mucho más grave en el caso de la minería. Frente a las grandes ganancias de las empresas, su aportación representa apenas 0.52 por ciento del conjunto de la recaudación del gobierno federal. Mientras este les devuelve más de 50 por ciento de los impuestos que pagan (www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union).

La proporción del ingreso que las empresas mineras pagan como impuestos es mucho menor que la que aportan las empresas de otras ramas de la economía y de la que pagan la mayoría de los ciudadanos. Se estima que esta proporción es menor en 50 por ciento al promedio de las aportaciones fiscales de las empresas mineras en el resto de los países de América Latina (Fundar, 2016).

Por otra parte, más de la mitad de los trabajadores mineros carecen de derechos laborales básicos al estar contratados bajo el sistema de outsourcing. Ello implica condiciones de fuerte vulnerabilidad dados los riesgos de accidentes y daños diversos a la salud que entraña el trabajo en las minas.

1 Gobernabilidad democrática en México: más allá de la captura del Estado y la polarización social. Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/igr-espanol.pdf (mayo 2009), México: Banco Mundial
2 www.animalpolitico.com/captura-del-estado/urge-enfrentar-la-captura-del-estado/

Referencias
Fundar, 2016. Las actividades extractivas en México. Estado actual. Anuario 2016.
Peláez Jorge y Leticia Merino. “¿Por qué es necesario un nuevo marco legal minero?” En: Azamar, Merino, Navarro y Peláez. Así se ve la minería en México. UNAM, 2021.