Existen diversos estudios donde se menciona la necesidad de justicia en el caso del río Sonora. Entre los aspectos positivos del balance general que realizan en el capítulo 2 de este volumen, a casi diez años del derrame, María Fernanda Ibarra Barreras y José Luis Moreno Vázquez resaltan los avances en materia de levantamiento de expedientes de salud familiares, la nueva valoración de los costos del daño ambiental y el mantenimiento de la interlocución con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los aspectos negativos que sobresalen son la permanente incertidumbre entre la población en relación con la calidad del agua que consumen; la falta de transparencia en la aplicación de los recursos ejercidos en el programa de la Zona Económica Especial Río Sonora (ZEERS); el incumplimiento de los compromisos originales (clínica de salud, 37 potabilizadoras, plan de remediación del río), y la falta de atención a las demandas planteadas por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).

Como conclusión general, los autores destacan que existe una simulación de las autoridades responsables ante un sistema jurídico que no proporciona una solución imparcial, equitativa, completa ni expedita, al no establecer un procedimiento que pueda prever eficazmente los daños ambientales. A una década de ocurrido el derrame no ha habido ni una rápida ni una adecuada reparación, por lo que continúa la búsqueda de justicia.

A esta conclusión se podría agregar otra cuestión importante sobre el ámbito judicial: la rigidez, la verticalidad, la falta de especialización operan en contra de los afectados ambientales que requieren una solución expedita; un sistema judicial que anteponga los principios pro persona, pro actione, precautorio a los formalismos jurídicos (Ibarra y Moreno, 2021).

Según establecen Ibarra y Moreno, los pobladores de las comunidades afectadas se encuentran limitados a ejercer acciones de tipo legal, pues están sujetos a la realización de estudios técnico-científicos sobre los efectos del derrame por los impactos ambientales, los cuales resultan altamente costosos y no se encuentran a su alcance.

Este hecho se contrapone con el principio precautorio el cual, frente a la incertidumbre, posibilita al juzgador revertir las cargas probatorias hacia las autoridades que deberán probar la inexistencia de los riesgos a la salud ambiental. De allí la necesidad de un nuevo marco legal en el cual exista una jurisdicción especializada para brindar prontitud a este tipo de procesos (Ibarra, 2023).

La atención a la salud

No existe duda de que la salud es el tema prioritario para los pobladores del río Sonora; así lo patentizan diversos estudios. Sobre este tema, Orozco y Rodríguez (2022), con base en entrevistas abiertas y en un taller de cartografía social realizado con pobladores de la región del río, establecen que existe una gran preocupación por la alta incidencia de cáncer en la región, preocupación que es exacerbada por la falta de médicos e insumos en los centros de salud en los municipios afectados.

A esta percepción de problemas de salud física se agregan los de salud mental. De acuerdo con el estudio realizado por Luque et al. (2019) durante el periodo 2014-2016, el síntoma más común que reportaron la mayoría de los entrevistados fue la intrusión de pensamientos sobre el evento, los cuales interferían afectando las actividades diarias. Esto en muchos casos conllevaba problemas para concentrarse en sus actividades diarias y una mayor irritabilidad, lo cual a su vez afectaba también sus actividades laborales produciendo en muchos casos pérdida de días de trabajo.

En el tercer capítulo del libro, Karen Andrea Pacheco Flores y Héctor Duarte Tagles, nos recuerdan que, al inicio del desastre, se reconoció el daño a la salud en 360 personas derivado de la exposición a los contaminantes del derrame. Para atender esto y los futuros casos, en el ya mencionado FRS se estableció un operativo permanente de vigilancia epidemiológica a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el cual se extendería por 15 años. Entre las acciones se planeaba la instalación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el Estado de Sonora (UVEAS). Pero dicha unidad, ubicada en Ures, no cumplió con los requisitos para ser considerada un centro de salud.

Otro episodio importante en la (des)atención en la salud fue el estudio toxicológico realizado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece). Se dio a conocer en 2022. Se encuestaron mil 504 personas de diversas localidades del río Sonora. En este estudio se encontró, entre otros datos, plomo en orina en más de 90 por ciento de la población muestreada; arsénico en más de 50 por ciento y cadmio en más de 80 por ciento. Otro dato alarmante es la presencia de plomo en la sangre en más de 70 por ciento de todas las personas examinadas. No obstante estos datos, hasta 2023 no se habían reactivado la UVEAS ni planteado alguna alternativa satisfactoria de atención a la salud.

La desconfianza hacia las instituciones

Otro tema señalado en diversos estudios sociales sobre el derrame es la desconfianza de los pobladores hacia las instituciones gubernamentales. Escoboza, 2020; Escoboza-Castillo, Díaz-Caravantes y Elizalde-Castillo, 2023; y Luque et al., 2019, identificaron una generalizada falta de confianza en el gobierno expresada por la mayoría de los entrevistados. Consideraron muy poco probable que se lograra la limpieza del río en un mediano plazo. Asimismo, Elizalde et al. (2021) constataron en un estudio de corte cualitativo en tres localidades del río, que las personas desconfiaban de la calidad del agua porque las instituciones gubernamentales no les presentaban los resultados.

Sobre este tema, Pablo Armando Escoboza Castillo y Jesús Ángel Enríquez Acosta, basándose en un estudio en dos comunidades, concluyeron que la desconfianza de los pobladores hacia las instituciones gubernamentales ocurre, principalmente, por tres razones.

La primera, es la falta de seguimiento y atención por parte de las instituciones, pues los pobladores aludieron a que las acciones gubernamentales han sido insuficientes, y que solo ocurrió en mayor medida durante la fase de emergencia, cayendo después en un estado de abandono.

La segunda razón se debe a la escasa comunicación de parte de las instituciones, la cual se ha caracterizado por la carencia de apertura al diálogo en la toma de decisiones, la falta de consulta con las poblaciones y la ausencia de información sobre la calidad del agua y el estado de riesgo de la población.

La tercera razón es la incompatibilidad de intereses con las instituciones gubernamentales, pues existe la percepción, con base en las múltiples experiencias, de que anteponen los intereses de la empresa minera al de las comunidades.

El desconocimiento de la calidad del agua

Un tema de gran interés que genera desconfianza de los pobladores hacia las instituciones gubernamentales es la incertidumbre sobre la calidad de agua. Uno de los objetivos del Fideicomiso Río Sonora fue llevar a cabo un monitoreo de calidad del líquido de forma continua en el río Sonora durante un quinquenio. En los primeros años los resultados de este monitoreo eran mostrados en la página web del FRS; sin embargo, incumpliendo los compromisos, el 7 de febrero de 2017 cierra el Fideicomiso Río Sonora y al tiempo su página web.

Los datos fueron recogidos y mostrados posteriormente en la página web del Observatorio Río Sonora de El Colegio de Sonora y en la página del Observatorio Socio Ambiental. Asimismo, estudios académicos han hecho esfuerzos por analizar y simplificar las bases de datos del monitoreo de agua subterránea (Díaz-Caravantes, Duarte y Durazo-Gálvez, 2016) y de agua superficial (Díaz-Caravantes et al., 2018)

En estos estudios se demuestran algunas inconsistencias de las bases de datos. A pesar de estas omisiones, los datos patentizan la contaminación por el derrame, cuya presencia de metales continúa en algunos sitios.

A pesar de estos esfuerzos, los pobladores del río Sonora siguen indicando que no tienen datos sobre la calidad del agua, pues las autoridades solo acuden a tomar muestras y no les comunican los resultados.

Fallidas plantas potabilizadoras

Relacionado con el tema de la calidad del agua, también se puede identificar el incumplimiento de la instalación de las plantas potabilizadoras del río Sonora. A inicios de 2015, en el marco del FRS, se indicó que se instalarían 37 para eliminar metales en las poblaciones afectadas (Gobierno de la República, 2015, p. 8).

Sin embargo, como fue estudiado por Díaz-Caravantes, Durazo-Gálvez, Moreno, Duarte y Pineda (2021a), no se cumplió con el número de plantas potabilizadoras proyectado. Solo se instalaron seis fijas y cuatro móviles, mientras que lugares con alta presencia de metales no cuentan con potabilización. Además, los tipos de plantas instaladas con el FRS no son los adecuados para remover metales pesados y arsénico. Y solamente dos funcionaron en forma intermitente.

En resumen, en cuanto a las plantas potabilizadoras, se considera otra acción incumplida.

El Fideicomiso Río Sonora

En los estudios realizados por integrantes de El Colegio de Sonora y otras instituciones, se exponen los diversos problemas fruto del limitado e inadecuado desempeño institucional a través del Fideicomiso Río Sonora: 1) dudosa distribución de indemnización que creó más conflicto social que soluciones; 2) una unidad de vigilancia epidemiológica que quedó en obra negra; 3) monitoreo de calidad del agua con inconsistencias que no ha llegado al conocimiento de los pobladores, y 4) ineficiente y constreñida instalación de plantas potabilizadoras en las localidades afectadas.

Estos incumplimientos podrían tener su explicación más lógica en lo que podría llamarse, en el mejor de los casos, una descoordinación gubernamental. Según los estudios, presenta diversos matices, como una interconexión entre las leyes, las políticas; los niveles de gobierno, las empresas y la población para la gestión del riesgo (Toscana y Hernández, 2017); una relación conflictiva entre el gobierno federal y estatal (Luque y Murphy, 2020); y una desvinculación entre las autoridades del agua a nivel municipal, estatal y federal con las dependencias gubernamentales encargadas de la salud (Díaz­ Caravantes et al., 2021a).

El estudio que explica a detalle estos pormenores institucionales en cuanto al FRS es la tesis doctoral de Haro (2021). En esta se expone que la ineficacia del FRS en parte se debe a que, en la agenda de decisión, los responsables de las autorizaciones fueron distintos a los formuladores, la cual estuvo a cargo de participantes menos visibles. Como el presidente del comité técnico, funcionarios federales externos a los criterios de procedencia y los participantes fuera del gobierno: asociaciones de profesionistas, centros de investigación y universidades públicas. Asimismo, establece que “participantes como el Ejecutivo, los afectados, los actores gubernamentales estatales y locales y los medios de comunicación tuvieron una escasa incidencia”.