El 11 de noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la ciudad de Cananea para presentar el Plan de Justicia para Cananea, el cual tiene cinco ejes con 12 objetivos: trabajo digno (4 objetivos); atención médica y medicamentos gratuitos (4); bienestar (1); salud ambiental y derecho al agua (2), y mejoramiento urbano (1).

De los 12 objetivos, solamente uno, el 4.1, estaba dirigido a atender las demandas de los pobladores del río Sonora. Básicamente se planteaban tres temas:

Se comenzaron los diagnósticos en materia de agua, aire y suelo a cargo de la Semarnat, en conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

A mediados de noviembre de ese año se iniciaría el levantamiento de cédulas y muestreos en personas de la comunidad del río Sonora por las instituciones de salud.

Trabajarían con Grupo México para que las diez plantas potabilizadoras que fueron instaladas a lo largo del río (y que no funcionaban) pudieran operar.

A inicios de 2022, los CCRS expresaron que el Plan de Justicia para Cananea fuera presentado formalmente ante las y los ciudadanos del río Sonora (Ibarra, 2023). A partir de esta exigencia, se renombró como Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora. A finales de 2023, cuando se cierra el periodo estudiado en el libro, ha ocurrido lo siguiente:

El Diagnóstico Ambiental Río Sonora

Respecto a la primera acción, los diagnósticos encabezados por la Semarnat, en el segundo trimestre de 2022, se presentaron a los CCRS avances en diversos temas, entre los que destacan:

1) una estimación de pérdidas económicas por los daños ocasionados a partir del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi, encabezado por el INECC;

2) los estudios ambientales en los componentes de suelo, aire y biota, elaborados por el INECC;

3) los estudios sobre la rehabilitación y operación de las plantas potabilizadoras, encabezados por el IMTA (Ibarra, 2023).

Todos estos avances se concentraron en el Dictamen Diagnóstico Ambiental Río Sonora, dado a conocer por la Semarnat en septiembre de 2023. Algunos de los resultados son:

a) Se confirma que el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1 fue inadecuado, por lo que el derrame de 2014 fue responsabilidad de la empresa minera.

b) Existe un acaparamiento del 57 por ciento del volumen concesionado de agua subterránea por parte de la empresa Buenavista del Cobre.

c) Hay una persistencia de la contaminación del agua superficial por metales asociados a jales y lixiviados que pone en riesgo la salud ambiental y de las personas en la zona.

d) Los sedimentos indican la presencia de aluminio, antimonio, arsénico y bario en casi todas las muestras analizadas, debido a la contaminación crónica por la actividad minera.

e) En el municipio de Cananea se evidencian valores de enriquecimiento del suelo por elementos directamente relacionados con la extracción de cobre.

f) En cuanto a calidad del aire, se registraron 11 sitios a lo largo del río Sonora con valores superiores a las típicas concentraciones de mercurio en grandes ciudades. Oscilan entre 40 y 100 ng/m3.

g) La relación negativa de la comunidad de artrópodos (como indicador de la biota) con los metales y metaloides en suelos y la lejanía con la mina, indican que la principal fuente de afectación son las partículas provenientes de esta zona minera, particularmente de la nueva presa de jales.

h) Se calculó una pérdida económica de 20,508 millones de pesos debido al derrame tóxico de 2014; 17 veces más que los 1,207 millones del Fideicomiso Río Sonora. Los rubros fueron: limitaciones de acceso al agua; pérdidas económicas en la producción agropecuaria y otros sectores de la economía; daños en la salud física y mental; daños en suelos y vegetación ribereña, y desembolsos realizados por el sector ambiental federal.

Este dictamen se dio a conocer también en conferencia de prensa, conocida como “la mañanera”, en octubre de ese mismo año. Además se presentó en Ures a los CCRS por la titular de la Semarnat. Sin embargo, los pobladores del río Sonora siguen esperando que se pase de los diagnósticos a las acciones de remediación ambiental.

Los estudios epidemiológicos del Cenaprece

Sobre la segunda acción, la atención a la salud, efectivamente, a finales de 2021, como se especificó en el Plan de Justicia, a través del Cenaprece se tomaron las muestras de sangre y orina a mil 504 pobladores del río. Entre los resultados más importantes, presentados en abril de 2022, fueron los señalados por Pacheco y Duarte: 1) se encontró plomo en la orina de la mayor parte de la población muestreada, 2) arsénico en más de la mitad y 3) cadmio en la gran mayoría. Además, plomo en la sangre de buena parte de la población examinada.

Los que resulta incomprensible sobre este tema es que, a pesar de estos datos tan contundentes, y que desde mayo de 2022 se presentó una estrategia de intervención en salud, no se atendió a la población muestreada, ni se ha llevado alguna acción específica en ese mismo ámbito de atención. Y mucho menos se ha reactivado la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora.

La falta de atención a los habitantes del río Sonora provocó que, a inicios de diciembre de 2023, los representantes de los CCRS realizaran frente a palacio de gobierno una manifestación para demandar atención inmediata a la salud de la población afectada por el derrame. Obtivieron una respuesta desfavorable de la Secretaría de Salud.

Las plantas potabilizadoras

Respecto a la tercera acción, la rehabilitación y operación de las 10 plantas potabilizadoras que no funcionaban, en marzo de 2022, en el marco del Plan de Justicia, el IMTA presentó a los CCRS una estimación de costos de alrededor de 20 millones de pesos para la rehabilitación y operación por un año de la decena de plantas.

No obstante, en un recorrido realizado en 2023 por las localidades del río y cuyos resultados puede ser revisados en el Observatorio Río Sonora, se aprecia un limitado avance en las plantas potabilizadoras. En cinco de las seis plantas fijas, instaladas en las localidades de Bacanuchi, Banámichi, San Felipe de Jesús, La Capilla y Mazocahui, el único cambio observable es la instalación de celdas solares. Pero ninguna funcionaba. Las cuatro plantas potabilizadoras móviles ubicadas en Arizpe, Huépac, Aconchi y Baviácora continúan sin funcionar, resguardadas por los ayuntamientos.

La única planta potabilizadora fija que tuvo alguna novedad fue la de San Rafael de Ures, modificada de planta potabilizadora a purificadora (o garrafonera). Funcionó por algunos meses durante el 2023, pero la cerró el 20 de noviembre de ese año el comité comunitario. La razón fue el incumplimiento de los compromisos de los gobiernos federal y estatal para su operación y mantenimiento: falta de equipo para la limpieza y el mantenimiento de la planta para cumplir las medidas de salubridad que exige Cofepris; falta de muestreos de calidad del agua; elevados costos de servicio eléctrico y adeudos a los operadores de la planta.