El viernes catorce de noviembre del 2014 fue un día histórico para la lucha en contra de la industria extractiva en México. Ese día quedaron confirmados 65 juicios agrarios en favor del ejido El Bajío, en Caborca, Sonora, que obligan a la Minera Penmont, propiedad de Fresnillo PLC, a “regresar al lugar [las tierras del ejido] todo el oro y demás minerales que extrajo de ellas”.

Un poco más de un año antes, en julio del 2013, Minera Penmont ya había sido desalojada de El Bajío. Los campesinos lograron sacar de sus tierras a la empresa con el juicio 188/2009.

Pero esto no había sido cosa fácil, el conflicto legal inició cuando cinco ejidatarios se inconformaron legalmente y solicitaron que la minera desocupara sus tierras.

El ejido, ubicado en medio del desierto de Sonora, había firmado acuerdos para que la empresa entrara a realizar tareas de exploración, pero a través de distintas manipulaciones legales había comenzado la construcción de las instalaciones para operar una segunda mina a cielo abierto en la región.

La primera, que hasta el día de hoy sigue en operaciones, se llama La Herradura, es una de las minas de oro a cielo abierto más grandes del país, y se encuentra a un costado de las tierras de El Bajío.

La Herradura produce casi el 60 por ciento del oro del grupo, y le genera casi el 25 por ciento de sus ingresos
–unos 708 millones de dólares en 2023–¹. Asimismo el estado de Sonora es el segundo productor de oro en México, después de Zacatecas, y es específicamente el municipio de Caborca –gracias a La Herradura– el que más producción de oro aporta, casi el 35 por ciento de la producción en 2023.

El ejido El Bajío y la mina Dipolos, que Minera Penmont operó en sus tierras por cuatro años, sigue siendo un espacio estratégico para la industria minera. Pero es también este desierto uno de los biodiversos del mundo, con más de 2 mil especies de plantas, 350 de aves, sesenta de mamíferos y cien de reptiles.

Destacando los endémicos sahuaros (el enorme cactus de brazos columnares que llega a vivir más de ciento cincuenta años) y berrendos (el segundo mamífero terrestre más rápido en el mundo, solo superado por el guepardo). Estos últimos están en peligro de extinción a causa de la destrucción de su hábitat y la caza furtiva. La actividad minera y la construcción de carreteras u otras barreras físicas son dos de las principales causas de su muerte.

Como sabemos, la actividad minera no solo afecta a la vida silvestre, sino que los impactos al ambiente lesionan la salud de las comunidades.

Pero eso no es todo. La empresa que engañó a los ejidatarios, contaminó sus tierras y manipuló autoridades, ha causado conflictos legales para llevar a los ejidatarios a la cárcel, y hasta enfrentamientos con grupos armados que han cobrado la vida de tres miembros de la comunidad y la desaparición de una cuarta persona, sigue operando y generando ingresos millonarios. Aunque también le ha mentido a sus accionistas.

Minera Penmont fue una coinversión entre el grupo minero mexicano Peñoles y Newmont Mining Corporation. En octubre de 2014, Newmont vendió su 44 por ciento de participación a Peñoles.

En 2008, Peñoles creó Fresnillo PLC para gestionar el negocio de metales preciosos, incluyendo el oro, y Penmont pasó a ser parte de este nuevo conglomerado.

Los accionistas mayoritarios de Peñoles son la familia Bailléres.

Ese mismo año, Fresnillo llevó a cabo su oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Londres (LSE por sus siglas en inglés), un mercado financiero donde la mayoría de los consorcios mineros globales tienen presencia.

Si recapitulamos esto último, observamos que casi al mismo tiempo que Peñoles creaba a Fresnillo para cotizar en la LSE, el conflicto con los ejidatarios comenzaba.

En 2014, cuando la comunidad venció en juicio a la minera, los estadunidenses ya desalojados vendieron su porción del negocio a los mexicanos que se quedaron con el conflicto, ¿por qué?

El ex magistrado agrario Manuel Loya Valverde ha sido muy claro al respecto. Fue él quien confirmó el juicio de la desocupación de la mina y emitió las sentencias favorables a El Bajío con represalias como consecuencia.

El Senado de la República, encargado de la ratificación de jueces agrarios, le negó su puesto en diciembre del 2014. Loya Valverde ha denunciado públicamente el cabildeo que llevaron a cabo los representantes de la familia Bailléres en su contra.

Además de realizar dicho cabildeo, el grupo minero de los Bailléres escondió información sensible para sus inversionistas. No fue sino hasta su reporte anual de 2012, publicado en el primer cuatrimestre del 2013, que mencionó por primera vez el conflicto con el ejido. Un juicio que medio año después supondría el cierre de Dipolos, la mina que en tres años de operación les dio el 22 por ciento de su producción de oro, según sus propios reportes. Pero aun así en 2012 apenas decían: “Aunque los demandantes obtuvieron un fallo a su favor por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2012 [...] no se espera que este asunto tenga un impacto significativo en las operaciones o la situación financiera de la compañía [...] actualmente no es posible determinar la cantidad y el momento de cualquier impacto financiero que pueda surgir.”²

El consorcio minero le cuenta a sus accionistas, por primera vez, que tiene un litigio iniciado hace cuatro años contra un grupo de campesinos; que dicho juicio lo ha perdido en múltiples instancias, incluso llegando al máximo órgano de justicia del país, y que ha puesto en riesgo su inversión de más de 60 millones de dólares, además de todas las proyecciones futuras pues la explotación está comprometida; pero que no se preocupen porque el “impacto financiero”, también conocido como las pérdidas millonarias aún no ha sido determinado.

Incluso en el año 2013, cuando la empresa ya había sido expulsada con el uso de la fuerza pública de las tierras del ejido, la compañía les dijo a sus accionistas que: “En cuanto a la situación de El Bajío [...] hemos cuestionado a la administración sobre el valor en uso de nuestros activos mineros y discutido con Ernst & Young [su firma contable] su opinión sobre los juicios contables aplicables y la adecuación de las divulgaciones. El comité de auditoría respaldó la decisión de la administración de no registrar ninguna pérdida por deterioro en los activos mineros”.³

Salieron de las tierras, retiraron sus instalaciones, incluyendo maquinaria y laboratorios, dormitorios, comedores, pero hasta el día de hoy, en sus reportes financieros del 2023, Fresnillo PLC asegura que la mina Dipolos: “Ha estado sujeta a acciones legales –relacionadas con el acceso a la superficie; [y] se asume que estas acciones eventualmente se resolverán de manera favorable y se reanudarán las operaciones mineras”.⁴

Fresnillo dice esto a pesar de que las sentencias están firmes desde noviembre del 2014. Y, lo que es más, aun reconoce activos pues al afirmar que eventualmente reanudará su actividad minera, dice: “Por lo tanto, el grupo continúa reconociendo propiedades, planta y equipo, así como inventarios relacionados con Soledad-Dipolos”⁵, por 35.6 millones de dólares.

Control de daños, le dicen: a lo largo de los años ha ido aceptando algunas pérdidas, pero sigue reconociendo activos inexistentes. Lo que Fresnillo no reconoce es que desde el 30 de agosto del 2023 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México certificó casi 2 mil 500 hectáreas del ejido El Bajío como área destinada voluntariamente a la conservación; es decir, se volvió un área natural protegida bajo los estándares del Estado mexicano. Una figura que funcionará como un candado para la conservación por al menos 15 años.

Si fuera cierto lo que Fresnillo afirma al decir que su compromiso es “implementar medidas sólidas para salvaguardar la biodiversidad y garantizar que nuestras operaciones no la afecten negativamente [y] evitamos deliberadamente las áreas naturales protegidas de México”⁶, entonces ya podrían ir avisándoles a sus accionistas que la mina Dipolos está cerrada, reconociendo las pérdidas que han evitado, y entregándole al ejido El Bajío las 236 mil onzas de oro que extrajeron ilegalmente de sus tierras. Extracción que en su momento Fresnillo reconoció como una utilidad bruta de 420 millones de dólares.

¿O seguirán destruyendo el medio ambiente y escondiéndole pérdidas millonarias a sus accionistas?

¹ De acuerdo a sus estados financieros, La Herradura le generó al grupo el 24.7 por ciento de sus ingresos ajustados que en 2023 ascendieron a 2 mil 869.1 millones de dólares. Recuperado de https://www.fresnilloplc.com/media/mumbsyvj/44314-fres-annual-report-2023-web.pdf
² Traducción del inglés al español por el autor, tomado del reporte financiero 2012 de Fresnillo PLC.
³ Traducción del inglés al español y acotaciones por el autor, tomado del reporte financiero 2013 de Fresnillo PLC.
⁴ Traducción del inglés al español por el autor, tomado del reporte financiero 2023 de Fresnillo PLC.
⁵ Del mismo reporte anual de 2023.
⁶ Ibidem.

Ángel Melgoza*
Documentalista y periodista independiente

*Nació en Michoacán (1992). Se dedica a investigar y contar historias. Desde 2015 ha cubierto temas relacionados con literatura, medio ambiente, comunidad y política. En 2021, dirigió el largometraje documental Tolvanera, sobre la historia de lucha del ejido El Bajío. Actualmente es periodista freelance y estudia una maestría en la New School for Social Research en Nueva York.