Apenas dos décadas le tomó a la industria porcícola imponerse como el sector que, a la par de su injerencia económica en las arcas de la política local, ejecuta los actos de contaminación más graves en el sureste del país.

La consolidación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) a mediados de los años 90, con la consiguiente apertura del mercado estadunidense para la exportación de cortes de cerdo, aceleró la decisión de compañías como Grupo Porcícola Mexicano, controlada por el poderoso Grupo KUO y dueña de la marca Kekén, de migrar desde el Bajío su estructura de megagranjas hacia esa zona de México.

Semejante movimiento encontró su primera motivación en la decisión de las autoridades estadunidenses de declarar a Yucatán zona libre de Fiebre Porcina Clásica (FPC) y enfermedad de Aujeszk, pronunciamiento efectuado en 2003 y que terminó por liberar las exportaciones de carne hacia ese destino.

A partir de este status, Grupo Porcícola Mexicano impulsó una estructura de proveedores –“aparceros”– que le permitió consolidar una posición monopólica en el negocio de los cerdos en la península.

Solo en los últimos 15 años, Kekén y sus socios montaron al menos 800 megagranjas en el territorio yucateco, según datos de la organización Mercy For Animals. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependiente del gobierno federal, apenas reconoce 500 aunque basta una recorrida satelital a través del mapa del estado para confirmar que dicho cálculo se queda más que corto.

Un rasgo particular, y nada casual, está en que la mayoría de estas instalaciones se ubican en el denominado Anillo de Cenotes, la principal reserva de agua dulce peninsular. Y, en simultáneo, estas auténticas fábricas de cerdos –que en múltiples casos llegan a albergar a más de 50 mil animales– se aglomeran en torno a las comunidades mayas del estado, dueñas de un copioso historial de derechos vulnerados por parte de los capitales privados, la política y el sistema judicial del estado.

Respecto del posicionamiento en áreas con disponibilidad de fuentes hídricas, una investigación reciente, promovida por la organización Brighter Green, destacó al agua como un insumo esencial para la porcicultura, actividad que utiliza el recurso tanto para el abastecimiento de los cerdos como para la limpieza permanente de las instalaciones de crianza, engorde y procesamiento de los animales ya ultimados.

Lourdes Medina Carrillo, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Utsil Kux-tal AC, expuso en el informe de Brighter Green* que “más del 90 por ciento de las 800 factorías de cerdos que se estiman en Yucatán opera sin ningún tipo de permiso ambiental. En todos los casos, proyectos sin registro de consulta indígena previa, surgidos a partir de la destrucción de selvas consideradas las segundas más importantes del continente luego del Amazonas”.

La Semarnat señaló que las megafactorías ejecutan una deforestación catastrófica. En Kinchil –una hora al oeste de Mérida–, por ejemplo, el área donde están emplazadas las instalaciones de Kekén presenta una pérdida de vegetación de casi un 80 por ciento en lo correspondiente a selva baja. Además, en un monitoreo de esta dependencia, dado a conocer en Yucatán en marzo de 2023, se confirma que las fuentes de agua en las zonas donde operan las megafactorías porcícolas se encuentran totalmente contaminadas con nitrógeno y fósforo provenientes de las excretas de los cerdos.

“Identificamos altas concentraciones de amonio, nitratos y fosfatos en suelos y lodos de excretas semisólidas. Y también presencia de cobre, hierro y zinc. ¿A qué nos llevan estas conclusiones? A que hay uso de medicamentos para que los cerdos no tengan procesos diarreicos y crezcan, y tengan una mayor cantidad de masa”, argumentó el organismo.

Los efectos más funestos de la porcicultura en Yucatán son inseparables de la decisión política de estimular la multiplicación de megagranjas en torno a las comunidades indígenas del estado. Kekén y sus similares Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), GAL Porcícola, Agroindustrias Moba, Unión de Aparceros Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán, entre otras firmas, encuentran en los pueblos mayas una fuente cercana de mano de obra precarizada y, en más de un caso, la posibilidad de depredar selva y agua sin ningún tipo de control o limitación.

Para garantizar el negocio de estas empresas, el poder gubernamental del estado no ha dudado en, incluso, utilizar el aparato policial con el fin de reprimir la oposición a las porcícolas que exhiben las comunidades mayas que padecen el desastre ambiental que generan las megagranjas.

En Kinchil, por ejemplo, en junio de 2013 la firma Kekén realizó el despojo ilegal de 30 hectáreas de Cantukun, terreno propiedad de una familia maya de apicultores y campesinos locales. En la investigación de Brighter Green se señala que la vulneración fue llevada a cabo “con la intervención del Grupo de Reacción Organizada Contra Asaltos (ROCA), un cuerpo de élite de la policía de Yucatán entrenado por el SWAT estadounidense, los comandos de la unidad israelí Sayeret Matkal y las unidades especiales GIPN y RAID de la policía francesa.”

Ya en Sitilpech –una hora al este de Mérida–, en la madrugada del 18 de febrero de 2023, vecinas y vecinos fueron duramente reprimidos por la policía estatal luego de montar un campamento comunitario en rechazo a la acción de otra mega factoría contaminante de Kekén.

“No satisfecha con la represión y la golpiza a mansalva aplicada a las y los habitantes de Sitilpech, la gobernación de Yucatán completó su avanzada contra la comunidad maya activando un proceso judicial en marzo de 2023 contra ocho vecinas y vecinos, en concreto las personas que hasta ese momento habían expuesto con mayor énfasis su oposición a la megagranja en los medios de comunicación regionales.

Esto derivó en un juicio por el presunto bloqueo a una carretera que se presume estatal. Los representantes legales del estado llegaron a pedir prisión preventiva para las personas acusadas y una condena efectiva de hasta cinco años.

Finalmente, el proceso judicial derivó en una sentencia de un año y medio de restricciones y control domiciliario para las y los acusados”, se indica en el informe.

Pero los últimos años también han sido prolíficos en lo que refiere a la resistencia activada por la población maya. En ese sentido, campesinas y campesinos de Kinchil mantienen litigios judiciales contra Kekén, acusada de usurpación de tierras por lo ocurrido en Cantukun.

En Santa María Chi, en la periferia de Mérida, funcionarios judiciales establecieron una suspensión provisional al funcionamiento de la megagranja, propiedad de la familia Loret de Mola, a fines de septiembre de 2023. Se comprobó que la empresa contamina el agua, el aire y el suelo de la comunidad, además de provocar daños directos en la salud de la población.

Desde entonces, la empresa solo puede operar de manera parcial y en Santa María Chi se exige el cierre definitivo de la instalación.

Otra muestra de lucha exitosa en contra de los intereses de la industria porcícola corresponde al pueblo maya de Homún, al sur de la capital de Yucatán, donde las autoridades judiciales también intervinieron quitando permisos de impacto ambiental otorgados a PAPO, una de las tantas proveedoras de Kekén en el estado.

En abril de 2024, autoridades judiciales dejaron sin efecto las concesiones y avales de uso y descarga de agua residual otorgados a la compañía por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo cual anuló por completo la posibilidad de que la mega factoría ejecute cualquier tipo de tarea.

Frente al favoritismo político y en gran medida judicial del que gozan las mega factorías en Yucatán, la resistencia de las comunidades mayas del estado representa el último gran bastión de defensa del territorio en un contexto de depredación ambiental acelerada y atropello a los derechos y libertades sociales.

En esta instancia de saqueo natural exacerbado, tanto la supervivencia de los ecosistemas como la misma soberanía alimentaria encuentran en la lucha histórica, que sostienen los pueblos indígenas de la península de Yucatán, el pilar más propicio para sobrevivir al extractivismo que predomina en estos tiempos.

^*Recuperado de https://piedepagina.mx/tierra-de-sacrificios-como-la-produccion-industrial-de-cerdos-y-pollos-aniquila-la-vida-en-yucatan/

Patricio Eleisegui
Correo-e: patricio.eleisegui@gmail.com