El riesgo de extinción del jaguar (Panthera onca) aumenta aceleradamente en todo el mundo, principalmente por la reducción y modificación de su hábitat. La principal causa de la matanza de jaguares es la cacería por las afectaciones al ganado.

Sin embargo, existe una preocupación por el crecimiento del comercio ilegal de la especie, principalmente en Sudamérica, donde hay evidencias de tráfico de cabezas, garras y colmillos para abastecer a mercados ilegales asiáticos.

Años atrás se estimó que en México existían entre 4 mil y 5 mil jaguares y que más de la mitad habitan en la península de Yucatán. Estudios recientes calculan que quedan entre 800 y mil 400 jaguares en esta región del país, convirtiéndola en área prioritaria para su conservación.

Hasta el 2020 se desconocía el impacto que el aprovechamiento y comercio ilegal causa a los jaguares en la península. Por tal motivo, la Asociación Mexicana de Mastozoología (AMMAC) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) realizaron el diagnóstico de esta problemática en la península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo) y un análisis de las capacidades institucionales oficiales y el marco legal disponible para el combate de estas actividades ilegales.

El proyecto requirió una colaboración multidisciplinaria, debido a la naturaleza oculta, disimulada, sigilosa, furtiva, delictiva, prohibida y peligrosa del comercio ilegal. Se utilizaron diferentes aproximaciones metodológicas: análisis de fuentes escritas y bases de datos, gestión y uso de información oficial, investigaciones en mercados electrónicos, análisis de esquemas legales establecidos y parámetros derivados de aplicación de la ley (inspecciones, operativos e incautaciones), aplicación de encuestas y entrevistas, modelación geográfica de áreas críticas y análisis de instrumentos jurídicos y capacidades institucionales relacionados con la atención del aprovechamiento y comercio ilegal de jaguar en la península de Yucatán.

Evidencias encontradas

Como parte del diagnóstico se analizaron las bases de datos de incautaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), con aproximadamente 20 millones de registros. De 1975 a 2019, se registraron mil 949 eventos de intercambio entre países de ejemplares, partes y productos de jaguar, a partir de mil 481 ejemplares vivos.

Del total de eventos comerciales, el 16 por ciento (316) fueron incautaciones de ejemplares, partes o productos de jaguar que involucraron 501 elementos diversos, entre ellos 21 ejemplares vivos. Se encontraron 16 países importadores entre los que destaca Estados Unidos con el 89 por ciento de importaciones incautadas de jaguar.

México registró 36 transacciones ilegales con 22 ejemplares afectados. No se encontraron vínculos con países asiáticos.

Durante el monitoreo de redes sociales y páginas de mercado electrónico se identificaron 55 eventos de venta en 37 casos que incluyeron 158 partes y productos de jaguar.

La Ciudad de México registró la mayor incidencia de venta y Puebla, el mayor volumen. El municipio de Tehuacán tiene el mayor porcentaje de eventos de venta y de partes y productos ofertados. Entre 2016 y 2022 se documentó el comercio de 84 garras, 43 colmillos, ocho pieles, cinco patas, siete carteras, seis taxidermias, cuatro cabezas y un cráneo.

En este comercio se estimó que hubo entre 24 y 41 ejemplares muertos involucrados. El 87 por ciento de los vendedores fueron recurrentes. La actividad no es exclusiva hacia el comercio del jaguar, sino que incluye diversos productos o partes de fauna silvestre en general. Los eventos están documentados en fichas técnicas que han sido entregadas a las autoridades.

De 1997 a 2019, la Semarnat autorizó el establecimiento de 26 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y 14 Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) para el manejo del jaguar en 34 municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hasta el 2016, al menos 11 ejemplares estaban albergados en dichos predios, en Yucatán.

Paralelamente se analizaron datos de aplicación de la ley proporcionados por la Profepa sobre inspecciones y aseguramientos de jaguar.

De 1999 a 2019 se documentaron 47 inspecciones en las que se detectaron irregularidades relacionadas con el manejo y aprovechamiento de jaguar; se incautaron 65 jaguares, 30 partes y productos de aproximadamente 20 individuos.

En estas inspecciones se estimó que hubo 85 jaguares afectados. El 49 por ciento de las irregularidades se registraron en zoológicos, circos, UMA y PIMVS legalmente autorizados.

En 19 municipios se llevaron a cabo actividades ilegales contra los jaguares, en los cuales la Profepa ejecutó 251 operativos, mil 029 recorridos de vigilancia y estableció 69 Comités de Vigilancia Participativa. En 21 años, solo se ha puesto a disposición del Ministerio Público Federal a una persona, en Quintana Roo.

También se encuestó a 266 personas con 11 mil 978 respuestas y a 23 actores clave. El 97 por ciento respondió que en México existe el comercio ilegal de jaguar, pero el 58 por ciento no lo ha presenciado. El 50 por ciento señaló como alta la gravedad del comercio ilegal en la península de Yucatán, pero el 82 por ciento no conoce un sitio en donde se realice.

La mayoría no tiene certeza sobre el incremento del comercio ilegal. La información y sitios señalados entre encuestados y entrevistados coincidió. Concuerdan con la posibilidad de que en un futuro cercano el comercio ilegal pueda incrementarse y fortalecerse.

La participación de las mujeres y los hombres en la cadena de comercio ilegal es diferenciada. La participación femenina ocurre en la elaboración y maquila de productos (carteras, joyería, adornos, prendas de vestir y calzado, etc.), seguido de la manutención y cuidado de ejemplares en cautiverio; mientras que la masculina en el aprovechamiento (caza o captura de ejemplares) se da en el transporte y movimiento de los ejemplares.

Con las evidencias encontradas -registros del jaguar en vida libre, pérdida de hábitat, aseguramientos, decomisos, situación de las UMA y PIMVS, irregularidades, sitios de comercio, los conflictos con el ganado y los atropellamientos (dos de las principales causas de inicio oportunista del comercio ilegal) se generaron mapas de riesgo de actividades ilegales, que permiten identificar los grados de riesgo a nivel municipal, en dónde ha habido más inspecciones y vigilancia y en qué sitio existe una mayor incidencia de irregularidades, los cuales son útiles para priorizar esfuerzos, recursos y acciones para el combate del comercio ilegal del jaguar.

Los municipios con riesgo crítico son Campeche, Solidaridad, Carmen y Tulum, seguidos de 22 con riesgo alto y 21 de riesgo menor. Las áreas con mayor probabilidad de que se presente el conflicto con el ganado están al norte y oeste de la península donde existen el mayor número de cabezas de ganado.

Existe mayor probabilidad de atropellamientos en carreteras de 6-10 metros ancho y de 60-100 kilómetros por hora.

Ningún estado de la península ha suscrito convenios con la federación y dos cuentan con leyes estatales específicas en vida silvestre.

El grado de regulación de las obligaciones legales es diferente en cada estado. Los códigos penales estatales no consideran acciones específicas contra el tráfico ilegal. Ningún estado cuenta con normas técnicas ambientales sobre tráfico.

Las evaluaciones de impacto ambiental no incluyen acciones específicas en contra del tráfico ilegal; los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano carecen de lineamientos para su combate; los instrumentos jurídicos de vida silvestre están mejor calificados en Quintana Roo, seguido de Campeche y Yucatán. Campeche es el mejor calificado en capacidades institucionales.

La reserva de la biosfera Calakmul es la mejor calificada para la protección del jaguar ante el tráfico ilegal.

Principales conclusiones:

• El comercio ilegal del jaguar está relacionado con actividades que inician de manera oportunista, con incidencia local, regional y nacional, más que mercado ilegal internacional.
• Existe el manejo y aprovechamiento ilegal que se debe a las irregularidades en autorizaciones otorgadas para el establecimiento y operación de esquemas legales en materia de vida silvestre.
• Existe un mercado electrónico de comercio ilegal del jaguar a través de plataformas digitales.
• El marco legal federal para combatir estas actividades ilegales es suficiente, aunque requiere modificaciones y actualizaciones. Por el contrario, a nivel estatal es insuficiente.

Recomendaciones:

• Ampliar el estudio a todas las regiones de México, lo que finalizó en 2023; continúan las gestiones para lograr que las propuestas emitidas sean aplicadas.
• Realizar acciones concretas para enfrentar la problemática, entre ellas: modificar la resolución 10.6 de CITES; actualizar las unidades de conservación; contar con una guía de denuncia ciudadana; aplicar los protocolos de actuación; consolidar un proyecto de norma oficial mexicana que establezca las especificaciones de marcaje; emitir iniciativas y exhortos al Poder Legislativo para mejorar el marco normativo; donar a las autoridades mexicanas la aplicación fija y móvil “NoTraEs” (No al tráfico de especies); desarrollar el proyecto “ADN Jaguar” para obtener información genética de individuos en cautiverio y en vida silvestre para crear una base de datos con la que sea posible comparar ejemplares, partes y productos; constituir una red para la erradicación del comercio ilegal de vida silvestre.

Javier Enrique Sosa-Escalante
Investigador, profesor y perito
Responsable técnico de proyecto por la Asociación Mexicana de Mastozoología.
Correo-e: javiersosae@hotmail.com