En el marco de la trascendental visita a México de Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, la mirada internacional se posó sobre nuestra casa: la cuenca alta del río Santiago, en Jalisco. Para quienes habitamos El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, esta región no es un caso de estudio, es una zona de sacrificio.

Tras décadas de denuncia, movilización y evidencia científica, el Estado ha reconocido que millones de personas –en su mayoría niñas, niños y adolescentes– nos encontramos en riesgo.

Se nos ha impuesto vivir inmersos en un ambiente totalmente intoxicado; una devastación que no es accidental, sino el resultado de la desregulación deliberada y la planificación del desastre.

Nuestra cuenca alberga uno de los corredores industriales más densos de México, con alrededor de 900 fábricas de alto riesgo.

La realidad territorial exhibe una matriz productiva homicida, donde destacan las industrias electrónica, automotriz, química, farmacéutica y metalmecánica.

Para comprender la profundidad de esta crisis, las comunidades organizadas hemos rastreado el camino de los tóxicos, logrando desentrañar cómo funciona el metabolismo social de la región: un metabolismo intoxicado y sometido a la voluntad industrial.

En la fase de apropiación y producción, la industria extrae enormes volúmenes de agua limpia del subsuelo, mermando acuíferos abatidos desde hace décadas, para luego reinyectarla al ciclo superficial cargada de metales pesados y compuestos sintéticos.

Los complejos procesos de producción inducen en nuestro territorio una toxicidad de la que dependemos forzosamente pueblos, barrios y ecosistemas enteros.

Durante la fase de circulación y consumo, la toxicidad invade y se infiltra en nuestros ciclos vitales. Los tóxicos viajan por el aire que respiramos a diario: en Las Pintas se han registrado concentraciones de ácido sulfhídrico (H₂S) de hasta 22.00 ppm, una cifra que supera brutalmente el límite seguro de 0.1 ppm de la Organización Mundial de la Salud.

Al mismo tiempo, respiramos 41 compuestos orgánicos volátiles (COV), con predominancia de tolueno y concentraciones de benceno (un cancerígeno comprobado) que rebasan por mucho los estándares internacionales.

A esto se suma que cerca del 75 por ciento de las fuentes de agua de Guadalajara son superficiales: lago de Chapala, río Calderón y el propio río Santiago.

Los contaminantes llegan directamente a las viviendas de la ciudad debido a la deficiente potabilización del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). La toxicidad fluye en el agua, se asienta en la tierra y asfixia nuestro aire.

En la fase de excreción, el sistema evidencia su contradicción más violenta. Al utilizar la cuenca como un sumidero gratuito, el desecho tóxico de la industria termina alojándose en nuestros propios cuerpos.

Los monitoreos biológicos nos dan la razón: el 100 por ciento de la población evaluada en nuestras comunidades presenta exposición a aluminio y níquel, excediendo entre 12 y 16 veces los límites aceptados.

Nos están envenenando: el 66 por ciento de los habitantes de El Salto presentamos síntomas de intoxicación crónica por compuestos BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno).

Nuestros niños tienen plomo en la sangre con niveles de alto riesgo neurocognitivo y concentraciones de arsénico en orina (hasta 58.0 μg/L) que rebasan los umbrales de daño neurológico y riesgo de arsenicosis.

La altísima incidencia de enfermedad renal crónica – con tasas atípicas que llegan a mil 088 casos por cada 100 mil habitantes en El Salto–, junto con leucemias linfoides y malformaciones congénitas que superan la media estatal, no son trágicas coincidencias estadísticas.

Se nos obliga a subsidiar con la salud de nuestras poblaciones las utilidades de los industriales.

La sangre, los huesos y los tejidos de nuestras familias son el depósito final de la toxicidad del capital.

Nos encontramos, además, ante una contradicción institucional crucial: el Estado como garante de derechos humanos frente al Estado como garante de inversiones.

A la par que se planifica una restauración ecológica y una atención sanitaria en el alto Santiago, se proyecta su consolidación como el principal polo de la industria tecnológica, lo que requiere expandir parques industriales, destruir las pocas reservas naturales periféricas y avalar megaproyectos energéticos e hidráulicos que den certidumbre a los capitales.

La visita del relator de la ONU es un oportunidad crucial para que la comunidad internacional corrobore lo que llevamos décadas gritando: la industria enferma y mata.

Hoy podemos sostener esta afirmación con evidencia científica, contundente y sobrada. La reproducción del capital es antagónica a la reproducción de la vida.

Detener esta maquinaria de muerte exige desmantelar la impunidad, decretar moratorias al crecimiento industrial para frenar la contaminación en su origen, y reducir radicalmente el metabolismo social de la región, lo que requiere replantear nuestro imaginario sobre bienestar social y calidad de vida.

Alan Carmona
Agrupación Un Salto de Vida, El Salto, Jalisco
Correo-e: alan.carmona.gtz@gmail.com