Escribo invitado a realizar un breve análisis de minería, tóxicos y derechos humanos. La trilogía es un título sugerente, pero mi vivencia me induce a compartirles otra óptica, aunque por el acotado espacio editorial, solo haré un magro esbozo. El doctor Juan Almendares, decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Honduras, eterno acompañante y un ser humano solidario con las comunidades en la atención y el monitoreo de los daños generados por la actividad minera, cambió mi manera de entender la salud o el daño a través de razonar el significado de la holobiosalud. Como él mismo cita: “desde la perspectiva de la complejidad y mediante el análisis holístico de los impactos en el ambiente, la salud y los derechos humanos es más fácil entender la situación de salud de una población, sin que acabemos con el clásico enfoque reduccionista de los daños”.

Dicho en una frase compleja, pero simple a la vez: ni la ciencia, ni la medicina, ni la tecnología de punta, ni por supuesto clausurar una mina por generar daño ambiental, ni la fantasía de la remediación o rehabilitación sirven para sanar el tamaño de los daños ocasionados por la actividad minera, porque, entre muchas otras razones, genera daños estructurales y perpetuos.

Cuando el Dr. Almendares plantea que los daños estructurales están intrínsecamente relacionados con el ambiente, lo hace con una claridad elocuente: “el ambiente debe ser una categoría esencial en la formulación de una política ecológica, por ello, al ser inseparable de la vida, está estrechamente vinculado a la salud y los derechos humanos”.

Su afirmación es inequívoca, quien daña el ambiente daña la salud. Y sin ambiente sano y sin salud, el resto de los derechos humanos –que están interconectados– simplemente decrecen y desaparecen.

Los promoventes de la actividad minera en México y en el mundo han especializado un discurso asertivo, bondadoso, verde y sustentable bajo la seducción del progreso y desarrollo asociada a la importancia de invertir para el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Pero las evidencias de la actividad minera no solo son incompatibles sino totalmente opuestas:

• Devastación de bienes naturales interconectados y estratégicos para la vida –no los árboles solos, no el agua sola, no la fauna sola, no la vegetación sola, etcétera y etcétera.
• La desaparición y alteración de ecosistemas y los negativos y regresivos efectos que ello gesta en el mediano y largo plazo.
• La eliminación/contaminación de bienes naturales de uso social –sea un bien natural específico, como por ejemplo, el agua.
• La aparición de eventos relacionados con la violencia sistémica que, en su proceso más álgido, ocupa el territorio mediante el uso de la fuerza o la violencia.
• El creciente conflicto del desplazamiento forzado que implica vivir, en carne propia, el efecto final de las devastadoras violencias de eventos cotidianos.
• Los daños/conflictos relacionados con la pérdida de la salud.
• Insistir en el uso masivo de bienes naturales finitos.

Todas y cada una de estas categorías pasan por tamices que agrandan las asimetrías; temas inexistentes en leyes o protegidos y encubiertos a favor de los inversionistas, pésimamente legislados, con regulaciones y normativas a favor del modelo, sin supervisión en campo y poco profesionalizadas. Y cuando es posible aplicarle un solo artículo a una empresa y no haya impunidad, el gobierno opta por proteger el capital.

En ese marco, la minería y los tóxicos son hermanos, pero los derechos humanos son totalmente irrelevantes.

Citar la multiplicidad de los daños es invitarles a dejar atrás la “simplicidad de los daños a la salud” a la cual pretenden acostumbrarnos como una simple causal de provocar enfermedades que las empresas aprendieron a canalizar para su atención médica en contubernio con los sistemas de salud estatales. También aprendieron a implantar negociaciones económicas para subsanar daños conforme al maltrecho derecho laboral. Igualmente, de vez en vez, se consideran los estropeados e inoperantes estándares internacionales.

Por ello, aquellas poblaciones adyacentes a un proyecto minero sin duda enfrentarán el difícil derrotero relacionado con los daños a la salud, quebrantos laborales divididos entre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; daños psicológicos que en términos de atención ni siquiera son una referencia a considerar. Y, por supuesto, los daños integrales, los cuales en paralelo traen la aparición y el incremento de conflictos sistémicos por estar intrínsecamente asociados.

La complejidad de los daños suele generar confusiones. Pero esta agrupación inacabada encuentra su origen en el daño al ambiente.

A mi entender ya no me resulta relevante hablar de minería, toxicidad y derechos humanos puesto que la actividad está tipificada de alto riesgo al estar circundada por metales pesados que son tóxicos, usan químicos peligrosos y hay una alta incidencia de gases y polvo que en conjunto plantean graves riesgos a la salud. Por lo tanto, cuando una comunidad acepta la actividad minera –por derecho propio o porque se lo imponen sin tener idea de los daños–, de facto “admite” la violación flagrante de todos sus derechos, los cuales, como mencionábamos líneas arriba, están interconectados y solo existen si su derecho fundamental prevalece: el derecho a un ambiente sano.

Lamentablemente las tres palabras han sido deslactosadas en leyes y se encuentran dentro de un absurdo e irrelevante marco que dice proteger los derechos humanos, y por lo tanto, pelearlos es falso.

Si consideráramos la relevancia, los retos y señales derivadas del calentamiento global, estaríamos hablando de los límites del crecimiento para reorganizarnos bajo la premisa que plantea el Dr. Almendares: “el ambiente debe ser una categoría esencial en la formulación de una política ecológica”.

Sin embargo, a pesar de los daños estructurales inherentes a la fastuosidad de las pretensiosas implicaciones económicas y de poder relacionadas con el modelo extractivo minero, éstas las exacerbamos cuando al modelo le agregamos ocurrencias e imaginaciones políticas que inducen “nuevas modas del progreso, desarrollo y crecimiento”. Como ocurre con la denominada transición energética.

Ofende la aparición de políticos ignorantes del complejo entramado, como el secretario Marcelo Ebrard, haciendo declaraciones “de brazos abiertos en México para facilitar la inversión minera” en la XXXVI Convención Internacional de Minería (Acapulco, 2025), acto que lo desnuda de cuerpo entero tal cual neoliberal progresista es. Entre otras razones, porque fomenta una postura política económica rapaz que sabemos no solo persigue el propósito de la acumulación por desposesión, sino que impulsa el extractivismo, que es el principal motor de la agresión al planeta, el cual hoy hace tambalearnos ante los efectos del calentamiento global.

Con el marco político actual, no importa si la minería se legisla para que no sea tóxica y se haga “verde”. Sin ambiente sano simplemente no habrá derechos humanos plenos.

Miguel A. Mijangos Leal
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
Correo-e: mimijangos@hotmail.com