México se enfrenta a un plan de industrialización que emana del Plan Nacional de Desarrollo. Con esta visión industrializadora, concentrará inversión manufacturera y servicios en clústers industriales que reconfigurarán la geografía del país creando nuevas regiones de sacrificio y recrudeciendo las ya existentes.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 dice priorizar el desarrollo sustentable y fomentar el aprovechamiento de residuos mediante la economía circular, incentivando el reciclaje y la gestión de desechos para reducir la contaminación. Sin embargo, no enfatiza en la reducción de la generación de residuos ni los impactos en las comunidades vulnerables.

Primero llamados Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, después Parques de Economía Circular, meramente son clústers industriales para potenciar sectores económicos estratégicos a costa de entregar nuevos territorios y sacrificarlos a cambio de oportunidades de inversión fundamentalmente privada. Y con ambiciosos incentivos fiscales y fast-track administrativo. En cuanto a ubicación, vocación y permisos, prevalece la opacidad.

Las ambiciones del Estado mexicano para facilitar y apresurar el proceso industrializador es amplia y opera desde las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y que con prontitud han generado encuentros e intenciones con la industria farmacéutica, automotriz, industria química, cementera, minera, hulera y diversas cámaras industriales, inclusive Walmart de México y Centroamérica, Cemex, Grupo Rica (embotelladora de Coca-Cola en Hidalgo, Morelos y Puebla) junto con PetStar, a los que se les ofrecen facilidades logísticas, disponibilidad de energía, agua, mano de obra, infraestructura, etcétera.

En un giro macabro, para el lanzamiento del primer parque de economía circular en Hidalgo, primero lo declararon zona de restauración ecológica durante los últimos días del gobierno de López Obrador y meses después se emite la Declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular Parque Hidalgo, proyectos en los que se traslapan dos municipios: Tlaxcoapan y Atitalaquia, aunque con influencia en otros municipios incluso del estado de México.

El Parque de Economía Circular de Hidalgo se impulsó como punta de lanza del nuevo plan ambiental y bandera del desarrollo sostenible; inverosímil en una región que lleva muchos años en lucha por la contaminación y los problemas socioambientales que generan las operaciones de actividades industriales de alto impacto ambiental. Como una refinería, una termoeléctrica, un corredor industrial y el desagüe del Túnel Emisor Oriente, lo que condiciona el saneamiento de la región frente a la instalación de este megaproyecto.

Mirando los actores como José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, que ha ido abonando al proyecto (y que nunca contó con manifestación de impacto ambiental), ofrece una mirada de la megaescala del proyecto que para su existencia articularía el flujo de materiales y residuos de una amplia región, incluyendo la Ciudad de México.

Finalmente, ante las manifestaciones y expresiones de rechazo de los movimientos sociales, organizaciones y ciudadanos en contra de este proyecto en Hidalgo, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena declaró a los inconformes: “Si no quieren el proyecto del Parque de Economía Circular nos lo llevamos a otro estado”.

Ante la oposición, el gobierno se vio obligado a realizar una consulta pública sobre el parque donde se impuso el rechazo apabullante y el proyecto quedó cancelado en diciembre de 2025. Ante los resultados, muy sutilmente la presidenta Scheimbaum anunció la posibilidad de que el Parque de Economía Circular se haría en Puebla. Con ello deja de lado la crítica de fondo y el rechazo a los proyectos de esa naturaleza que solo recrudecen los impactos en las regiones de sacrificio reafirmando una vez más que las competencias económicas son el criterio rector.

Es importante destacar que, mientras esto sucedía, gobierno, industria, legisladores y Semarnat, cocinaban la aprobación de la inaceptable Ley General de Economía Circular.

De acuerdo con diversas organizaciones, la Ley General de Economía Circular es una simulación que, bajo el disfraz de construir cadenas de valor, deja una carta abierta a las corporaciones al apostar a la autorregulación de la propia industria.

En el contexto de la visita que este mes hará a México Marcos Orellana, relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y sustancias y desechos peligrosos, resaltamos la importancia de traer a la luz los sumarios de afectaciones a la salud y los derechos humanos en proyectos de gran escala bajo el cobijo de la “economía circular” que condenan a comunidades a asumir los costos sociales y ambientales con el propósito de construir capacidad instalada para quemar residuos, ocupar territorios, uso del agua y energía, y para que otras continúen su ritmo de consumo dejando en el olvido el principio máximo de evitar la generación de residuos.

Alain Castruita
No Es Basura/NEB
Colectiva México Tóxico
Correo-e: revista@noesbasura.com