El 12 de septiembre del año 2000 en Salamanca, Guanajuato, poco antes de las 7 de la noche, ocurrió una explosión de grandes magnitudes en la planta formuladora de plaguicidas Tekchem, levantándose una nube tóxica que llegó hasta Valle de Santiago a 22 kilómetros al sur de Salamanca.

Aproximadamente media hora después, hubo una segunda explosión que, al cambiar la dirección del viento, desplazó la nube tóxica 20 kilómetros al oeste hacia Irapuato.

Todas las versiones, tanto de la empresa como las oficiales y las de algunos medios de comunicación sobre el accidente, no concuerdan y el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato señaló que el accidente se debió al incremento en la presión dentro de un reactor. La empresa Tekchem declaró una fuga de 60 toneladas de malatión, un plaguicida organofosforado, sin que hubiera un análisis posterior que lo confirmara y sin datos de su concentración porcentual.

Además se supo que otras sustancias tóxicas estuvieron involucradas en el accidente y por lo tanto en su quema.

El malatión, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, siglas en inglés), interfiere con el funcionamiento normal de los nervios y del cerebro y la exposición a niveles muy altos en el aire, el agua o los alimentos, por un periodo breve, puede causar dificultad para respirar, opresión del pecho, vómitos, calambres, diarrea, visión borrosa, sudor excesivo, mareo, pérdida del conocimiento y la muerte.

A pesar de la gravedad que puede significar un accidente en una fábrica de plaguicidas, no hubo un manejo adecuado de la emergencia ambiental, ni una coordinación entre las dependencias responsables, ni seguimiento, ni un plan de contingencias y mucho menos, información precisa sobre las sustancias involucradas en la explosión.

Si bien se desconoce el número real de afectados, un reporte oficial de la Cruz Roja señalaba: mil 300 personas intoxicadas; 234 atendidos en diferentes hospitales; 31 hospitalizados, de los cuáles siete personas consideradas con una intoxicación grave y aún, las personas de las colonias aledañas a Tekchem, 25 años después, siguen padeciendo síntomas que no tenían antes del accidente ya que la exposición a este sitio contaminado continúa, aunque haya sido reconocido como pasivo ambiental bajo meta de remediación presidencial desde el gobierno de Vicente Fox. Esta omisión del Estado viola, entre otros, los artículos 4°, 6°, 8° y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como derechos laborales (Artículo 123) y de la legislación ambiental.

Ante las múltiples declaraciones e intenciones fallidas del Estado de remediar el sitio, en 2019 la organización Fronteras Comunes y la asociación ambientalista Huamat “El Hermano de Asís” interpusieron una denuncia ante Profepa por la falta de vigilancia y control en el predio que ocupó Tekchem ya que, además de ser un pasivo ambiental, el terreno sigue contaminado y abandonado, por lo que muchas personas entraban al sitio a “pepenar” la chatarra de lo que quedó de esta empresa de agroquímicos ya que no existía ningún señalamiento ni alerta visible de ser un lugar altamente contaminado.

Sin embargo, las autoridades en lugar de proteger e informar, solo querían enviar a la policía para arrestar a las personas que estaban pepenando, y que también hacían extracción del mercurio remanente en el sitio, en lugar de proteger a la población y a sus derechos humanos como la salud.

Las organizaciones señaladas repudiaron e impidieron el uso de la fuerza pública federal. A pesar de varios planes de gobierno para remediar el sitio, éste aún continúa contaminado y afectando la salud de las comunidades cercanas.

Guadalupe Ponce, integrante del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), en su participación en el Foro sobre Tekchem 23 años de contaminación y daños a la salud, recordó la explosión y señaló algunas medidas pendientes por realizar, recomendando:

Actualizar la información sobre el grado de contaminación de suelos, subsuelo y riesgo hacia el agua subterránea con base en el estudio realizado en el 2009.

Que el gobierno federal financie esta actualización y con los resultados establezca acciones de remediación de acuerdo a las necesidades ciudadanas y realice seguimiento en las comunidades.

Que se establezcan compromisos de las autoridades locales para realizar una vigilancia epidemiológica, sobre todo en poblaciones vulnerables.

Y realizar todas estas actividades con la participación de afectados, movimientos sociales y colonos.

Ante esto, se exhortó al Relator de Tóxicos y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su reciente visita a México, para señalar la necesidad de proteger los derechos humanos frente a este desastre y lograr la justicia ambiental tan ambicionada, desde hace más de 25 años.

Este sitio aún lleno de contaminantes orgánicos persistentes (COP), metales pesados y sustancias que son perturbadoras endocrinas entre otras, continúa como un pasivo ambiental que daña la salud y el ambiente de los pobladores, aunque esté clasificado como sitio remediado por el gobierno en diferentes sexenios.

Maura Alicia Vázquez Figueroa
Humanos por Amor a la Madre Tierra/Huamat
Correo-e: amoalcheguevara@gmail.com