El Convenio de Minamata sobre Mercurio es un acuerdo ambiental vinculante a nivel mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones antropógenicas y liberación de mercurio y sus compuestos, a pesar de estar firmado (2013), ratificado (2015) y de entrar en vigor en México en 2017, no se ha establecido ningún plan nacional de implementación ni se han dictado regulaciones dirigidas a establecer medidas de prohibición, fiscalización, restricciones de uso, reducción de emisiones y liberaciones, así como mejoras en la gestión del mercurio en todo su ciclo de vida.

El mercurio está considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las diez sustancias químicas de mayor preocupación, por representar una amenaza al medio ambiente y a la salud de millones de personas en el mundo.

El mercurio afecta los derechos humanos fundamentales en poblaciones y trabajadores por su amplia exposición a través de la manufactura, reciclaje, disposición final y colonialismo de la basura/comercio transfronterizo de diversos productos y procesos.

Tales serían la producción y reciclaje de baterías, lámparas fluorescentes, cosméticos, plaguicidas, termómetros, amalgamas dentales, minería artesanal, quema de residuos como incineración y coprocesamiento, rellenos sanitarios, sector de metales no ferrosos (minero metalurgia), en alimentos, entre otros.

Particularmente en este artículo se aborda la protección del Convenio de Minamata a los grupos de población más vulnerables de la contaminación por mercurio que provocan las amalgamas dentales, para lo cual el convenio creó la Enmienda de los Niños que señala se dejen de usar las “amalgamas dentales para el tratamiento dental de los dientes temporales, de pacientes menores de 15 años y de mujeres embarazadas y lactantes, excepto cuando el odontólogo lo considere necesario en función de las necesidades del paciente”.

El 25 de marzo de 2022, más de 100 gobiernos incluido México, decidieron por unanimidad adoptar la enmienda citada para evitar mayor contaminación por mercurio.

Al celebrarse el primer aniversario de la histórica Enmienda de los Niños y del compromiso de México para su ejecución, Fronteras Comunes, como parte de la Alianza Mundial para una Odontología Libre de Mercurio/World Alliance for Mercury-Free Dentistry, exhortó al gobierno de México a su cumplimiento, estableciendo contacto con la Secretaría de Salud y realizando un investigación sobre las acciones que el gobierno federal en el sector público, instituciones y universidades desarrollaban para cumplir con este instrumento (IMSS, ISSSTE, SSA, Cenaprece, y en la Facultad de Odontología y clínicas universitarias de la UNAM).

También se realizó un trabajo exploratorio que encontró venta de mercurio a granel en depósitos dentales sin el menor cuidado y restricción. Dicho estudio además reveló que en poblaciones de bajos recursos se aplican este tipo de amalgamas por su bajo costo; que en el tema de la salud ocupacional, ni trabajadoras de las clínicas ni las personas que atienden los depósitos dentales conocen los riesgos del mercurio; y el escándalo mayor, que el Sector Salud dio la orden desde 2022, de no cumplir con la Enmienda de los Niños y continuar con la aplicación de amalgamas dentales.

Si bien el Sector Salud modificó la NOM 013 SSA2 en 2016 para evitar el uso de mercurio a granel en amalgamas dentales y en 2021 publicaron un acuerdo oficial para la atención con insumos libres de mercurio; fue en 2023 cuando el gobierno de México suspendió todos los avances respecto del establecimiento de políticas preventivas sobre contaminación por mercurio, bajo el alegato de aplicar la Ley Federal de Austeridad Republicana –promovida por el anterior presidente de México– para agotar todas las existencias/inventario de amalgamas con mercurio del sector público de Salud. Aquí una cita textual de un párrafo del oficio del 5 de diciembre 2022:

“Derivado del acuerdo antes mencionado en el cual se establece que: a partir del presente año 2022, se debe omitir el uso y comercialización de la amalgama dental y fomentar el uso de otros materiales para la obturación dental. Sin embargo se tiene conocimiento de que la mayoría de las entidades federativas e instituciones aún tienen reservas de dicho insumo, debido a que durante la pandemia se trabajaron exclusivamente urgencias; por lo que se propone seguir utilizando este insumo hasta agotar su existencia. Esto, en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana y así, evitar el derroche y mal uso de recursos”.

Nuevamente, queda al descubierto que el interés económico está por arriba de los derechos y protección de la población y, en este caso, de la más vulnerable.

Lo anterior fue expuesto al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos, Marcos Orellana, para que en su próximo informe de país, haga un llamado al gobierno de México para que se cumpla el Convenio de Minamata; la Enmienda de los Niños y otros tratados internacionales de protección al ambiente, salud y derechos humanos.

El gobierno de México debe establecer políticas públicas contundentes para evitar mayor contaminación por mercurio. Esto no es un asunto de dinero, y mucho menos de “derroche y mal uso de recursos” sino de evitar mayor contaminación química, de proteger nuestros derechos, de salud ambiental por lo que no olvidemos que trabajos de la misma Relatoría Especial señalan que: son los Estados los que tienen la obligación de prevenir la exposición a sustancias y desechos peligrosos.

Marisa Jacott
Fronteras Comunes/Colectiva México Tóxico
Correo-e: toxicoscolectiva@gmail.com