El Estado mexicano ha establecido sus políticas públicas ambientales priorizando los intereses de los actores económicos e industriales sin importar los daños a la salud y al ambiente, lo que ha impactado durante décadas a muchos territorios y a los derechos humanos.

Esta supremacía de los derechos del capital sobre el bienestar de la población y los bienes comunes es uno de los factores más importantes que ha llevado al país a altos niveles de deterioro, entre ellos por la intensiva generación de residuos y emisiones industriales que provocan vastos pasivos y emergencias ambientales, degradación química, regiones en sacrificio, conflictos socioambientales, y una crisis generalizada por contaminación química, agravada por el colonialismo tóxico que promueve el gobierno con la importación masiva de residuos peligrosos y desechos plásticos, cuando ni siquiera existe la capacidad de lidiar con los que se generan en el país.

Preocupa enormemente el impulso que el actual gobierno está dando a la quema de residuos, basura y plásticos en hornos cementeros –definida en la legislación ambiental como “coprocesamiento”– y en la recientemente aprobada Ley General de Economía Circular donde la quema de residuos sigue siendo un esquema disfrazado de la actual economía lineal, que solo fomenta y promueve el hiperconsumo; el úsese y tírese, sin políticas de reducción y sin importar los impactos sociales y la contaminación que genera, beneficiando solo la economía del sector privado.

México es un país que no ha logrado reducir y atender la contaminación por residuos y esto no se arregla con tecnologías de incineración, por lo que la afectación a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA) de todos los ciudadanos se agrava.

La política nacional de residuos ha fracasado en su tarea de “Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, para su desarrollo, salud y bienestar”, como lo señala el objetivo central de la ley ambiental marco del país (LGEEPA) al igual que en la Constitución.

La quema de residuos a través del coprocesamiento y la incineración continúa siendo impulsada por la industria, el gobierno y la cooperación alemana (GIZ), como “reciclaje energético”, “valorización” y “economía circular”.

Un ejemplo de ello es la llamada “nueva neutralidad de plásticos” de Nestlé, que no es más que la quema de desechos plásticos en hornos cementeros, a través de una alianza con Geocycle, compañía que se encarga de preparar residuos para su quema en la cementera Holcim.

El coprocesamiento genera emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (COP), metales pesados, gases de efecto invernadero y cenizas tóxicas, entre otras, lo que también contraviene la aplicación del Convenio de Estocolmo al no cumplir con la reducción y eliminación de las emisiones de COP que provocan diferentes enfermedades como alteraciones funcionales, hormonales, inmunológicas además de ser contaminantes persistentes, bioacumulables y tóxicas.

Estos impactos ambientales y de afectaciones a la salud fueron una de las tantas razones por las cuáles la población y movimientos sociales rechazaron rotundamente el proyecto de este gobierno que pretendía establecer un parque de economía circular en Hidalgo, por lo que tuvo que ser cancelado.

Estas formas de “valorización energética” es solo maquillaje verde; sin embargo se contempla lamentablemente como “reciclaje” en la recién aprobada legislación de economía circular.

Otro ejemplo es Cemex, que, desde el 2022, no sólo quema residuos y plásticos, sino que también ofrece servicios de recolección, transportación y segregación de basura a través de su nueva compañía Regenera (antes ProAmbiente) para asegurar ciertas fracciones de residuos para quema en sus hornos.

Datos contenidos en los reportes de Cemex del 2020 al 2022 muestran el incremento en el consumo de residuos para su quema/coprocesamiento lo que les generó un ahorro en su factura energética por 200 millones de dólares en 2021.

De ahí su proyección de incrementar el coprocesamiento en un 50 por ciento al 2030 garantizando la entrada también de residuos sólidos urbanos y de manejo especial de gobiernos locales y estatales a través de Regenera, además de los residuos peligrosos.

Es inadmisible que el gobierno de México permita mayor contaminación y daños a la salud para que las empresas reduzcan sus gastos.

Toda esta problemática se compartió con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, en la búsqueda de un pronunciamiento internacional a favor de políticas públicas que prioricen y protejan la salud ambiental y el pleno goce de los derechos humanos en México ya que estas prácticas han devastado territorios y en palabras del anterior Relator Especial, Baskut Tuncak, esta inconmensurable contaminación química es ya una crisis mundial.

Para conocer más sobre el impacto negativo del coprocesamiento de residuos en la industria cementera y el incremento masivo en los últimos años de importaciones de basura plástica, así como el colapso de los territorios por el modelo actual de gestión de residuos y corrupción, y las falsas soluciones, invitamos a revisar la plataforma, geovisualizador y storymap sobre El colonialismo de la basura plástica en México.

Colectiva México Tóxico
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