Los megaproyectos de infraestructura no desaparecen; se repliegan y regresan, a veces con el mismo nombre, otras con uno distinto. Así ocurre con la presa Milpillas, en Zacatecas, hoy reincorporada al Plan Nacional Hídrico pese a que en 2019 se anunció su cancelación.

La nueva manifestación de impacto ambiental (MIA) ingresada en septiembre de 2025 por la Secretaría de Finanzas del estado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se presenta en un escenario de actuación cuestionable de la Procuraduría Agraria, que no ha garantizado plenamente los derechos de los ejidos impactados, así como de presiones y agresiones estatales contra el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

Según la justificación gubernamental, la presa abastecería al corredor Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, supuestamente para beneficiar a 514 mil habitantes y reducir la sobrexplotación de los acuíferos regionales.

La inversión asciende a 9 mil 323 millones de pesos. El proyecto contempla almacenar 69.88 millones de metros cúbicos, inundar 284.4 hectáreas y construir una cortina de hasta 88 metros de altura, además de tres plantas de bombeo, potabilizadora y un acueducto de 166 kilómetros.

Tomaría agua del río Atenco y afectaría directamente a los ejidos Atotonilco, El Potrero, Corrales y Estancia de Guadalupe, en el municipio de Jiménez del Teul, en una zona de alto valor ambiental y social.

Ante esta reactivación, 37 especialistas del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, convocados por el Movimiento y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, entregaron una carta a la titular de Semarnat y a la Presidencia cuestionando la viabilidad técnica, financiera y social de la MIA y solicitando que no se apruebe.

De manera paralela, la Universidad Autónoma de Zacatecas publicó un estudio en el que se plantean alternativas basadas en ordenamiento de concesiones, recarga de acuíferos y eficiencia hídrica.

En la carta sostiene que la “nueva” MIA es casi igual a la presentada en 2015. Señalan que el proyecto responde a una lógica hidroextractiva neoliberal, reafirmando que los grandes beneficiarios serían usuarios industriales, especialmente mineras y cerveceras, mientras miles de personas enfrentan desabasto cotidiano.

La MIA no precisa la proporción del volumen de agua destinada para “usos domésticos” y para usos “industriales”, por lo que no garantiza el abastecimiento urbano.

Destacan que la MIA reconoce que los acuíferos del centro de Zacatecas presentan un déficit anual de 262.4 millones de metros cúbicos. La presa aportaría 41 millones al año, menos de una sexta parte.

No se demuestra cómo ello permitiría su recuperación. La extracción proyectada equivale al 92 por ciento del caudal del río Milpillas sin especificar caudal ecológico mínimo. Además, el costo casi triplica el presupuesto estimado hace una década y no detalla con claridad los gastos de operación ni los requerimientos energéticos.

La reactivación de Milpillas confirma que la respuesta del Estado frente a la crisis hídrica sigue centrada en ampliar infraestructura y presupuesto para aumentar la oferta, en lugar de atender las causas estructurales del abastecimiento y el acceso desigual del agua.

A nivel estatal se reproduce una competencia política por atraer “grandes proyectos” y recursos federales, donde la obra se convierte en símbolo de gestión al margen de su viabilidad técnica, incrementando la presión sobre las comunidades. Frente a ello, 79 organizaciones nacionales e internacionales exigieron alto a las agresiones y actos de coacción que vive el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

La Conagua afirma que el objetivo es garantizar el derecho humano al agua para la población del corredor. Sin embargo, bajo su discurso de seguridad hídrica, se consolida un esquema donde las zonas rurales se convierten en territorios de sacrificio para sostener la expansión urbana e industrial, este patrón no solo impacta a las comunidades directamente afectadas.

La experiencia en México, América Latina y Europa muestra que las presas no han eliminado la crisis hídrica, en cambio han generado violencia y deterioro ecológico, perpetuando la gestión inequitativa del agua.

El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco ha reiterado que no busca trasladar la presa a otro territorio, ni reducir dimensiones del proyecto, ni aceptar consultas para legitimar decisiones previamente tomadas. Exige respeto pleno a los derechos agrarios y una transformación profunda del modelo de gestión hídrica que ponga fin a la práctica de cancelar presas en un sexenio para reactivarlas en el siguiente.

Cuestionar Milpillas no significa negar la gravedad de la crisis del agua, sino exigir una política hídrica distinta. La decisión sobre la MIA 2025 y la cancelación del proyecto mostrará si las autoridades profundizan el hidroextractivismo, o transitan hacia una transformación real en la gestión del agua.

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería/REMA
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