El derecho al futuro suele pensarse como horizonte. Como la posibilidad de imaginar un país distinto, una transición justa, una vida menos amenazada por las crisis que habitamos. Y sí: hay algo de eso. Pero en una época como la nuestra, hablar del futuro no puede quedarse en la parte romántica de imaginar un mundo mejor.

El derecho al futuro se define, sobre todo, por los límites que una sociedad se atreve a poner en tiempos complejos.

Ese es, quizás, uno de los debates más importantes de nuestra época: tener la claridad de responder qué estamos dispuestos a proteger, qué actividades tendrían que limitarse porque comprometen las condiciones mínimas para sostener la vida. Dicho de otro modo, el derecho al futuro se construye a partir de definiciones firmes sobre aquello que la colectividad decide cuidar.

El fracking aparece ahí como ese ejemplo de los “no”. No al fracking. Por ser incompatible con el horizonte que queremos imaginar y con el límite que se debe poner en tiempos complejos.

Me interesa decirlo así porque el derecho al futuro tendría que traducirse en una exigencia ética y jurídica con quienes todavía no pueden defenderse y con los territorios que han sido históricamente vulnerados.

Si esos límites no se sostienen con firmeza, serán ellos quienes seguirán cargando con el peso de la desigualdad que el sistema no ha hecho más que profundizar.

Por eso, el futuro no puede pensarse en abstracto. Se vuelve tangible cuando aterriza en decisiones concretas. Pensemos en una comunidad donde el agua escasea, donde el calor pega más fuerte que hace algunos años, donde sembrar es cada vez más incierto y donde sostener la vida cotidiana exige mucho más esfuerzo que antes.

En un lugar así, autorizar el fracking no es simplemente permitir una técnica de extracción. Es decidir que esa agua, ese territorio y ese equilibrio precarizado pueden ponerse al servicio de prolongar el modelo fósil antes que al servicio de la vida. Es decidir, en los hechos, lo que vale más. Es una discusión constitucional, política y ética; una discusión sobre la vida misma.

Desde el constitucionalismo mexicano, esto importa mucho. Los principios y valores que nos articulan como sociedad existen para ordenar el poder, pero también para contenerlo. Para afirmar que los derechos y la naturaleza no pueden quedar sometidos a la lógica del dinero, de la fuerza o del daño tolerable.

En un marco constitucional que reconoce el derecho al ambiente sano, al agua, al clima sano, así como la obligación de todas las autoridades de proteger y garantizar los derechos, esa discusión se vuelve especialmente urgente en tiempos de crisis climática.

Porque hablar de límites no es solo una cuestión jurídica: es una forma de decidir qué condiciones de vida merecen ser cuidadas y defendidas como parte del futuro compartido.

Pensar el derecho al futuro exige identificar con claridad aquello que nuestra época tendría que asumir como irrenunciable: salir de una economía basada en combustibles fósiles, poner freno a la disposición desmedida del agua, proteger la integridad de los territorios y la conservación de la naturaleza, garantizar que ninguna comunidad vuelva a ser tratada como zona de sacrificio y defender un clima estable y sano como condición material para el ejercicio de otros derechos.

Algunos de estos límites todavía requieren mayor construcción política y jurídica; otros han sido delineados desde hace tiempo por las propias defensas territoriales y retomados por el orden jurídico.

Si no logramos nombrarlos con claridad, el derecho al futuro corre el riesgo de diluirse hasta parecer una promesa vacía, o peor aun, un terreno sobre el que hemos renunciado a decidir.

Y aquí hay algo importante: el derecho al futuro para que sea justo, tiene que tejerse sobre la justicia del presente. Esa es una de las razones por las que exige una conversación sobre lo concreto.

Hablar del futuro sin hablar de las desigualdades que atraviesan la vida de millones sería repetir el mismo error, pedir sacrificios en nombre de un porvenir que nunca llega para quienes viven en condiciones de desigualdad.

Básicamente, el derecho al futuro debe diseñarse a partir de la lógica de los derechos y de la realidad climática de nuestro tiempo.

Por eso importa tanto poner un límite y decir no al fracking. Porque algunos límites tienen la capacidad de ordenar el sentido de una época. No resuelven por sí solos toda la crisis, pero sí dibujan una línea ética y jurídica.

Dejan claro, por ejemplo: que el agua no es un insumo sacrificable, que los territorios no existen para absorber el costo de un modelo que beneficia a unos cuantos, que la realidad de la crisis climática en los territorios impide continuar llamando “desarrollo” a lo que deteriora, contamina y despoja.

Al mismo tiempo, abre espacio para imaginar futuros basados en las condiciones reales de lo que hace posible la vida: el ambiente sano, el agua, el clima estable y la justicia para quienes históricamente han cargado con el daño.

El futuro, si ha de ser justo, no puede seguir decidiéndose sobre la idea de que siempre habrá territorios disponibles para el sacrificio. El derecho al futuro empieza, muchas veces, en la claridad de un límite.

El derecho al futuro no se extrae: se defiende cuando una sociedad decide proteger las condiciones que hacen posible la vida.

Nora Cabrera Velasco
Abogada. Directora de Nuestro Futuro, AC
Correo-e: nora@nuestrofuturo.mx