En los últimos años se ha planteado desde la industria e incluso desde el propio gobierno que, aunque el fracking es una técnica riesgosa, es posible realizarla utilizando la mejor tecnología, con criterios regulatorios robustos y además, lejos de las comunidades.

Estas teorías cobraron mayor relevancia en agosto del 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, en el que plantea que se busca incrementar la producción de petróleo y gas a través de la explotación de “yacimientos de geología compleja”, que no es otra cosa que la obtención de hidrocarburos que, por sus características, son muy complejos de extraer, por lo que se requiere forzosamente utilizar el fracking.

El fracking o fractura hidráulica es una técnica de perforación que se utiliza cuando hay petróleo y gas atrapados en rocas. La técnica consiste en realizar una perforación vertical y luego otra horizontal e inyectar una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión para que fracture (de ahí su nombre) las rocas y se liberen los hidrocarburos.

Pero, ¿qué tan cierta es esa afirmación? ¿Es posible hacer fracking de manera regulada? ¿Los instrumentos normativos actuales han sido suficientes para disminuir las afectaciones socioambientales?

En 2019, me di a la tarea de contestar esas preguntas a través de un análisis de las legislaciones sobre la industria energética de los estados de Texas y Pensilvania, en Estados Unidos, Neuquén, en Argentina, y las correspondientes a México con el objetivo de identificar los criterios, instrumentos y mecanismos de protección socioambiental y compararlos con los impactos y daños documentados en estos países, vinculados a la utilización del fracking.

Los resultados de esta investigación mostraron profundas diferencias en cuanto al grado de detalle que tienen las diferentes regulaciones, por ejemplo: Pensilvania y Texas tienen un amplio marco normativo en cuanto a la exploración y explotación de hidrocarburos y particularmente, regulaciones estrictas sobre el uso de la factura hidráulica, algunas de ellas referentes a la distancia que debe de existir entre los pozos petroleros y los cuerpos de agua, criterios para la perforación, calidad y forma en la que se realizará la extracción; asimismo, una descripción de los químicos que utilizarán para perforar los pozos, entre muchos otros.

Por su parte, en México y en Neuquén las disposiciones son muy generales y no establecen las obligaciones concretas que los operadores tienen que realizar, más bien contemplan criterios que solo representan un conjunto de buenas intenciones.

Tenemos entonces por lo menos dos tipos de legislaciones: uno, con esquemas regulatorios robustos y especializados y otro, con instrumentos normativos basados en “háganlo lo mejor que se pueda”.

A esta ya compleja situación hay que sumarle que países como Estados Unidos cuentan con dinero, equipo y personal para vigilar y, en su caso, sancionar a los operadores que estén actuando al margen de la ley. En este punto, me salta otra pregunta: ¿tenemos esas mismas capacidades en México o sabemos de antemano que la industria petrolera hace lo que quiere porque no hay nadie que vigile?

Después de la revisión de estos instrumentos, se analizaron los impactos, daños y riesgos ambientales que han sido documentados por el uso de esta técnica en estos países. Los resultados son escandalosos.

Los impactos mayormente documentados sobre el uso de esta técnica son:

• Consumo masivo de agua: de 9 a 29 millones de litros de agua potable por pozo.
• Contaminación de cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos.
• Liberación de potentes gases de efecto invernadero como el metano.
• Contaminación de suelos, daño a los ecosistemas y pérdida de biodiversidad.
• Generación de sismos y un largo etcétera.

En Estados Unidos, la comunidad científica determinó que en al menos el 78 por ciento de sus investigaciones hay un vínculo directo entre el daño ambiental y de salud y las operaciones del fracking.

En Argentina no hay estudios ni investigaciones científicas que cuantifiquen el impacto ambiental y social que genera el uso del fracking; sin embargo, la propia Secretaría de Ambiente de Neuquén reconoce que se producen dos derrames por día y, en los últimos años, las petroleras han reconocido haber tenido nada más y nada menos que ¡3 mil 368! “incidentes ambientales”.

Las autoridades en México han actuado en completa opacidad, pues no existe información oficial sobre cuántos pozos han utilizado esta técnica, en qué sitios ni los estudios de impacto ambiental que la sustentan, por lo que las comunidades del Totonacapan han sido testigos de la devastación del territorio, los cambios en sus proyectos de vida y las afectaciones sociales, culturales y de salud pública.

Frente a todo esto, la conclusión es clara, no se puede realizar fractura hidráulica sin tener impactos ambientales y climáticos negativos y afectaciones graves a la salud humana, así que por más que nos quieran vender falsas ilusiones sobre la viabilidad del fracking, lo cierto es que los daños que provoca no son excepcionales sino parte inherente del propio método.

Aunque una mejor regulación, capacidades técnicas, económicas y operativas pueden disminuir una parte de las afectaciones, por ejemplo, limitar el número de derrames o accidentes, lo cierto es que ni los estados más avanzados han logrado eliminar los daños que el fracking trae consigo.

Entonces, la pregunta no es si es posible o no hacer fracking, sino si estamos dispuestos a sacrificar ecosistemas y comunidades para sostener un modelo energético que únicamente beneficia a unos pocos.

Este es un riesgo latente, por eso es importante no dejarnos engañar por aparentes soluciones que suenan bien, pero que en realidad amplían el problema. Regular el fracking no lo hace seguro, solamente lo envuelve en palabras que lo hace más aceptable en el discurso.

Viridiana Maldonado Galindo
Correo-e: viridiana.maldonado@terravidamx.org