En las últimas semanas, el fracking ha estado presente en la discusión pública con tal intensidad que varios medios han estado abordando el tema, con más o menos debate o mirada crítica.

El conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán ha visibilizado con más claridad cómo la economía global depende de los combustibles fósiles y las consecuencias que tendría un corte en el suministro de petróleo proveniente de los países árabes.

Sin embargo, esta dependencia no es inamovible ni inevitable, porque es consecuencia de un modelo económico extractivista basado en los combustibles fósiles.

En México, por ejemplo, desde 2012 se decidió tratar al gas como si fuera un combustible limpio, se le exentó de cualquier impuesto del carbono y se le promovió como fuente generadora de energía eléctrica.

Hoy, alrededor del 50 o 60 por ciento de la electricidad que se produce en México depende del gas importado de Estados Unidos. Como si eso fuera poco, ya nos anunciaron la construcción de más plantas generadoras de energía que usarán gas. Claro que esa vulnerabilidad por diseño genera inquietud, pero ¿es el fracking la solución?

Estados Unidos ha realizado fracking durante unos 30 años, por eso la mayoría de las investigaciones sobre los impactos de esta técnica se ha producido allá, sobre Texas y Pensilvania, donde inició y se ha concentrado la fractura hidráulica.

Las primeras resistencias conocidas surgieron en ese mismo país y, en 2013, el movimiento en Nueva York logró la prohibición del fracking en ese estado. Los Científicos Comprometidos con la Sociedad de Estados Unidos y Médicos Comprometidos con la Sociedad de Nueva York, hicieron un compendio de las investigaciones sobre los impactos en el ambiente y la salud del fracking que sirvió de base para esa prohibición.

Desde entonces, este documento ha tenido actualizaciones y nuevas ediciones que han sido un gran insumo para argumentar y sustentar con evidencia científica el rechazo a esta técnica.

En América Latina, Argentina tiene la reserva de hidrocarburos más grande del continente en Vaca Muerta. En el año 2012, una nueva crisis económica aparecía en el horizonte argentino y entre sus razones se encontraba la caída de la extracción petrolera en los yacimientos del país. Vaca Muerta fue presentada entonces como la solución energética y económica para aquel país.

En México, con la vecindad de Estados Unidos, se empezó a plantear la posibilidad de hacer fractura hidráulica, como se hizo a nivel piloto en Nuevo León.

Es en este contexto que, en 2013, surge la Alianza Mexicana contra el Fracking y empiezan los intercambios de información con organizaciones de diversos países: Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil que más tarde dieron lugar a la Alianza Latinoamericana frente al Fracking.

Desde entonces y durante 13 años, la resistencia al fracking en nuestro país ha sido un común denominador de varios territorios ubicados principalmente en la cuenca Tampico Misantla y en el Paleocanal de Chicontepec. Amenazados unos e impactados otros, han robustecido su tejido social y comunitario para blindar sus territorios frente al extractivismo y muy especialmente contra el fracking.

En la arena legislativa, también se impulsaron al menos ocho iniciativas de prohibición del fracking con representantes de diferentes partidos políticos. Sin embargo, independientemente de quién tenga la mayoría o esté en el poder, ninguna de estas iniciativas logró prosperar.

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, en agosto de 2025 el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, se encendieron las alertas en las regiones amenazadas por el fracking. Y ello porque contempla la exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales o de “geología compleja” mediante fractura hidráulica.

El pasado abril, la presidenta anunció la creación de un comité científico para que evalúe si es factible hacer fracking, cómo y cuánto costaría. También dijo que le daría dos meses para entregar esa evaluación. El 6 de agosto, la presidenta informó que el comité recomendaba utilizar el fracking, pese a la oposición de algunos de los expertos convocados para tal evaluación.

Para enriquecer esta discusión, este número de La Jornada Ecológica reúne las voces de personas conocedoras y expertas que suman elementos al análisis sobre la conveniencia de aplicar la técnica del fracking en nuestro país.

Aquí se reúnen voces muy diversas: desde las ciencias exactas y las sociales, hasta los derechos humanos y las voces de las comunidades.

Tenemos la mirada de la bióloga Carla Flores Lot, de CartoCrítica, quien nos describe los impactos en la flora durante su recorrido por la Sierra Norte de Puebla y la zona de Poza Rica-Papantla, en Veracruz, donde hay pozos explotados mediante fracking.

La Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, en las palabras de Gregorio, Solomon, Rogel y Rosa Esther, nos deja claro que su lucha es por la vida y que impedir el fracking es parte de la defensa integral de la vida comunitaria, del territorio, de los derechos indígenas y de la naturaleza.

También está el aporte de Alejandra Jiménez, parte de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), que explica el papel del fracking en el modelo de transición energética de las corporaciones.

Claudia Campero, integrante de la campaña ¿Ballenas o Gas?, nos narra lo que el fracking ha dejado en Texas y nos llama a rechazar esta técnica y evitar que venga a destruir el Golfo de California.

En su texto, Areli Sandoval dimensiona los impactos del fracking en clave de derechos para evitar que las autoridades antepongan intereses económicos y políticos, y cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El Dr. Kjell Kühne, de la campaña global Leave fossil fuels in the Ground! –Déjalo en el subsuelo!– LINGO (por sus siglas en inglés) lanza el reto de apostar por dejar los hidrocarburos en el subsuelo para lograr otras formas de generación de energía.

Están reunidas en este suplemento distintas miradas desde los territorios donde pueblos originarios, guardianes de la biodiversidad y de los ecosistemas están dispuestos a debatir si es necesaria más energía, para qué, para quién. Esos pueblos de los que las autoridades se dicen muy orgullosas, pero que están dispuestas a destruir su entorno.

Las voces jurídicas expertas de Viridiana Maldonado y Nora Cabrera son fundamentales para entender que una práctica como el fracking, no debería regularse, sino prohibirse, y que el derecho al futuro se define, sobre todo, por los límites que una sociedad se atreve a discutir y poner en tiempos complejos como los que atravesamos.

Esperamos que la información y opiniones vertidas en este número de La Jornada Ecológica permitan a sus lectores profundizar y sobre todo, sumarse a las acciones que organizaciones, pueblos y colectivos realizan para exigir que se prohiba el fracking.

Dolores Rojas Rubio
Fundación Heinrich Boell
Correo-e: Dolores.Rojas@mx.boell.org

Beatriz Olivera Villa
Engenera
Correo-e: beatriz.olivera@engenera.org