En la Huasteca potosina, la lucha contra el fracking es parte de la defensa integral de la vida comunitaria, el territorio, los derechos indígenas y la naturaleza. Esta resistencia se ha construido desde el espacio más importante de decisión colectiva, la asamblea comunitaria, donde los pueblos indígenas y comunidades rurales definen su presente y su futuro, y han sostenido y fortalecido sus procesos organizativos, desde las redes de autoridades comunitarias y los organismos de la sociedad civil que los acompañan, basados en la identidad social y cultural nahua y tének.

Hoy, la amenaza del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 tiene una dimensión territorial y técnica preocupante, que contempla la exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales o de geología compleja mediante fracturación hidráulica.

Esta técnica implica perforaciones que inyectan alrededor de 29 millones de litros de agua por pozo, mezclados con más de 750 sustancias químicas altamente tóxicas para, mediante gran presión, fracturar la roca madre y liberar gas y petróleo.

El Plan de Pemex contempla realizar trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en la cuenca hidrocarburífera Tampico-Misantla.

Particularmente, en la Huasteca potosina se propone afectar un área donde se encuentran 367 comunidades indígenas tének y náhuatl (276 ejidos y 91 bienes comunales) de 17 municipios (Matlapa, Ébano, Tamuín, Ciudad Valles, Coxcatlán, Tanlajás, San Antonio, Huehuetlán, San Vicente Tancuayalab, San Martín Chalchicuautla, Tanquian, Tampacan, Tampamolon, Tancanhuitz, Tamazunchale, Axtla de Terrazas y Xilitla).

Estas áreas se ubican en los polígonos Castaña y Maguey, que abarcan una superficie de 4 mil 444.69 km² (444 mil 469 hectáreas), en los que existen 200 cuerpos de agua perennes y mil 306 intermitentes, entre ríos, arroyos, manantiales y lagunas, que estarían en riesgo de contaminación, además de los suelos y el aire, lo que traería daños irreversibles a la biodiversidad y a la salud de la población.

En conjunto, la vida de alrededor de 735 mil habitantes dependen de estos ecosistemas para su reproducción social y cultural.

La contaminación que genera el fracking hacia las aguas, suelos y aire, ampliamente documentada, provoca la fragmentación del territorio y afectaciones graves a la salud, incluyendo cáncer en adultos y en infantes, enfermedades respiratorias, asma, alergias y partos prematuros.

Por ello, las comunidades rechazan ser convertidas en una zona de sacrificio que perpetúe un modelo energético basado en combustibles fósiles. El agua y los ecosistemas de la Huasteca son la base de la vida, de la producción agrícola, de la cultura y de la identidad de los pueblos. Su contaminación significaría la ruptura del tejido comunitario y la pérdida de sus formas de vida y cosmovisión.

La resistencia al fracking en la Huasteca, durante 2014 a 2018, dejó importantes enseñanzas: a) la información y sensibilización social a través de procesos asamblearios comunitarios, reuniones intercomunitarias por municipio, foros microrregionales y regionales constituyen la actividad fundamental para lograr el consenso de la colectividad indígena expresado en actas de asamblea comunitaria en rechazo a la técnica; b) la articulación de la comunidad indígena con sus pares a nivel municipal, a través de las asociaciones de comunidades indígenas y una articulación regional que permita la coordinación permanente del movimiento, a fin de blindar organizativamente el territorio; c) la obligada gestión ante los ayuntamientos municipales para que levanten actas de cabildo de no autorización de cambio de uso del suelo, por las facultades establecidas en el artículo 115 constitucional; d) la política de que el Congreso del Estado formalice su oposición al fracking y exhorte al Ejecutivo Federal a detener esta práctica y al Congreso Federal a que la prohíba en la Constitución.

Además de ello, la movilización social, la búsqueda de la solidaridad social, las más amplias alianzas y la permanente difusión pública son una combinación que se debe tener en alta consideración.

Se generaron más de 200 actas de asamblea comunitaria, nueve municipios declarados libres de fracking, el consenso del congreso local de rechazo a esa práctica, la articulación comunitaria a nivel municipal y regional, las alianzas estables en el plano regional y nacional, y una difusión y consenso social que crearon las condiciones políticas para detener el proceso de licitaciones de bloques petroleros, en 2018.

Dadas las características sociales de esta región indígena, sin duda, la comunidad y sus determinaciones, a través de la asamblea general comunitaria, están en el centro de la defensa territorial. Las actas de asambleas comunitarias registran y formalizan los acuerdos y normas para poner en práctica políticas y acciones organizativas fundamentales que reflejan el consenso colectivo y el ejercicio de la autodeterminación.

Éstas establecen soluciones que corresponden a necesidades internas de defensa, protección y mejora de la vida y el territorio en relación con los ámbitos municipal, estatal y federal, estableciendo límites a proyectos que puedan vulnerar a la comunidad y los derechos colectivos; a la vez son instrumentos de defensa jurídica que permiten sustentar acciones legales en tribunales, para la defensa del agua y los bienes comunes de los pueblos, con base en los derechos humanos, nacionales e internacionales, para dar la batalla en ese terreno.

Por ello, frente a la amenaza actual de implantación del fracking en la región, el movimiento se ha reactivado. A partir de la publicación del Plan de Pemex, del 5 de agosto de 2025 se han realizado cinco foros y encuentros regionales (en los municipios de San Antonio, Xilitla, Tancanhuitz y Axtla de Terrazas), así como múltiples reuniones municipales de autoridades comunitarias con el objetivo de compartir información y diseñar estrategias para hacer frente a la amenaza.

Dichos eventos se centran en promover los procesos asamblearios en todas las comunidades de la región, para que en los próximos meses estas cuenten con la suficiente información y condiciones de levantar sus actas de asamblea.

Al mismo tiempo, el movimiento contra el fracking realiza diálogos con autoridades municipales, diputados locales y diputados federales para que en el ámbito de sus atribuciones hagan lo propio.

Las comunidades movilizadas contra el fracking defienden un modelo de vida con identidad cultural y tejido social colectivo y solidario, con fuerte raigambre con la naturaleza y basado en el fortalecimiento de un desarrollo local realmente sustentable, que apuesta a una transición justa hacia el uso comunitario de energías renovables como la solar, eólica, hídrica y biomasa, entre otras, a la luz de las experiencias existentes.

Al mismo tiempo, proponen fortalecer economías locales sostenibles basadas en la agricultura, la agroforestería y el turismo comunitario.

La resistencia en la Huasteca comparte una lección clara de que la información, la organización y la toma de decisiones colectivas permiten una defensa exitosa del territorio.

La movilización demuestra que las comunidades comprenden los riesgos y están ejerciendo las herramientas organizativas. Han asumido acuerdos y compromisos comunitarios de mantener la información activa en todas las comunidades, vigilar cualquier intento de incursión extractiva, fortalecer las alianzas y las capacidades jurídicas, y avanzar hacia una matriz energética sustentable.

La lucha contra el fracking en la Huasteca es una lucha por la autodeterminación y por la defensa del territorio, protege la organización, la memoria y la autodeterminación frente a un modelo extractivo que pone en riesgo la vida.

La asamblea informa, decide, forma, articula y moviliza; ahí se comparten y se transmiten conocimientos, se construyen consensos y se define colectivamente el futuro.

Gregorio Sánchez García, Solomon S. Rodd,
Rogel del Rosal Valladares y Rosa Esther Peña Soto
Integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina
Correo-e: sedepac.huasteca@gmail.com