Apuntes del doctor Marcos Orellana, Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU.

En marzo de este año, la ONU anunció que, por primera vez, el gobierno mexicano autorizaba la visita a nuestro país de uno de sus expertos en materia de sustancias tóxicas y derechos humanos.

Durante 11 días, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el relator Marcos Orellana pudo escuchar las diferentes problemáticas ambientales y de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en México y casos que por más de dos décadas continúan sin resolverse.

Al término de su visita, el doctor Orellana cerró con una conferencia de prensa (20 de marzo 2026) sobre el panorama general de lo observado y escuchado en el país emitiendo señalamientos por él calificados como fuertes alertas en cuestión de derechos humanos debido a la falta de atención y de regulaciones estrictas por parte del Estado mexicano.

En este artículo se retoman algunas de sus opiniones sobre la problemática que se enfrenta en materia de políticas públicas y específicamente casos en la península de Yucatán –tema central de este número de La Jornada Ecológica– en relación a la mortandad masiva de abejas por el uso de plaguicidas, siendo los más críticos aquellos utilizados para el cultivo de soya transgénica; la expansión de megagranjas porcinas, y cómo han sido las persecuciones de entidades privadas y también del propio Estado contra las comunidades, contra las y los defensores mayas, así como de los movimientos y organizaciones sociales que los acompañan.

Entre los señalamientos del relator, destacamos:

• La ausencia en México de una ley general de sustancias químicas y una sobre plaguicidas altamente peligrosos, acompañadas por políticas públicas de corto, mediano y largo plazos.
• Respetar el derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos como la piedra angular de un futuro de paz y prosperidad para los pueblos.
• La preocupación por la proliferación de zonas de sacrificio a lo largo del país debido al crecimiento industrial; por lo que llama al Estado a adoptar políticas y acciones concretas ya que son áreas donde la expansión industrial no ha ido acompañada de normas lo suficientemente robustas para asegurar una producción limpia y descargas cero de contaminación al agua.
• La obligación de garantizar el acceso a la justicia a las comunidades afectadas por sustancias tóxicas, en particular por la contaminación del agua derivada de la actividad industrial.
• En esta visita mencionó que pudo conocer numerosos casos de madres y padres que han debido enterrar a sus hijos por la exposición a sustancias peligrosas, al igual de casos de trabajadores también expuestos a estos tóxicos que enfrentan enfermedades terminales y otros testimonios de numerosas personas que hablan acerca de la vida en comunidad, sabiendo que la exposición a sustancias tóxicas en cualquier momento puede generar una enfermedad mortal.
• Señala que parte de esta problemática se debe a que muchas sustancias tóxicas en México no están reguladas como en otros países como en Europa y Estados Unidos, que vienen a México a instalar sus empresas sabiendo que aquí pueden contaminar y en sus naciones no; por lo que resulta indispensable el fortalecimiento institucional y normativo.
• En México, la ley ambiental prohíbe la importación de plaguicidas que están prohibidos en sus países de origen. Sin embargo, esta prohibición muchas veces no se aplica cuando el gobierno está obligado a cumplir con el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
• Aborda la importancia de proteger a las personas que, por exposición a sustancias, presentan deterioro en su salud, en sus fuentes de sustento, en sus derechos culturales, en la armonía de sus ecosistemas.
• Señala con preocupación la problemática de defensores ambientales cuyas estadísticas de asesinato y hostigamiento van en aumento. Son numerosos los casos de defensores ambientales que pierden la vida al movilizarse junto con sus comunidades para la defensa al derecho a vivir en un medio ambiente sano, limpio y sostenible, por lo que es necesario cumplir también con el Acuerdo de Escazú para lograr la protección efectiva de los defensores ambientales.
• Debe existir un alineamiento de la política pública con las evidencias científicas que genere una política pública orientada hacia la defensa de los derechos humanos.
• Sobre temas que el gobierno ha reservado por considerar de interés nacional menciona que el interés nacional, desde la óptica de los derechos humanos, debe ser la protección de éstos donde el acceso a la información juega un rol ineludible e irreemplazable.
• Que los planes de justicia ambiental del que hablan las autoridades mexicanas eviten medidas cosméticas o que sean falsas soluciones, como lo son las plantas de tratamiento de agua que no tienen la capacidad de abordar carga tóxica, que no limpian hormonas ni antibióticos como es el caso de Yucatán con la expansión descontrolada de las fábricas de cerdos.
• La expansión industrial en Yucatán vulnera los derechos de la gente por el aumento descontrolado de fábricas de animales, especialmente de cerdos. Hay más de 500 fábricas, algunas con 50 mil y hasta 100 mil cerdos, cuyos volúmenes de residuos peligrosos, excretas y otros como el uso de hormonas y de antibióticos en los procesos industriales de crianza generan un tremendo impacto en los acuíferos ya que Yucatán tiene suelos kársticos donde el agua se encuentra a muy pocos metros de profundidad por lo que los contaminantes migran muy rápidamente a los acuíferos que proporcionan el agua que las comunidades utilizan.
• Actualmente se está enfrentando una triple crisis planetaria por la pérdida de biodiversidad, pérdida de ecosistemas, contaminación y el envenenamiento paulatino del planeta con todos los impactos que eso genera además de la emergencia climática. El concepto de desarrollo sostenible no es un proceso aislado, sino que va de la mano con la protección del medio ambiente y el desarrollo social.

Todas estas violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) no han cambiado con los nuevos gobiernos, por lo que aún se continúa vulnerando entre muchos otros, el derecho biocultural de los pueblos de proteger su territorio, prácticas y conocimiento tradicional, relación intrínseca entre su cultura y biodiversidad.

Estamos pues pendientes y esperando el informe oficial sobre la visita del relator especial que se presentará al Consejo de Derechos Humanos próximamente (2026) para avanzar en la defensa de los derechos humanos, el territorio y la justicia ambiental. También continuaremos señalando la mercantilización del medio ambiente que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace como toda una experta.

Marisa Jacott
Fronteras Comunes-Colectiva México Tóxico
Correo-e: toxicoscolectiva@gmail.com