Las megafábricas porcícolas consisten en grandes proyectos de infraestructura que contienen naves donde están confinados decenas de miles de cerdos, todos ellos criados con múltiples hormonas y antibióticos, para ser destinados al matadero en “plantas procesadoras”, y cuyas partes, desde la cabeza hasta las pezuñas, pasando su sangre y su grasa, son empleadas para numerosas industrias. El capital aprovecha cada gramo del cerdo industrial.

Sobre las tierras mayas de Yucatán, en donde antes florecía el henequén, ahora se han instalado cientos de fábricas de cerdos, las cuales han aprovechado las tierras ejidales a bajos precios, la fuerza de trabajo de alrededor de 40 mil henequeneros que quedó disponible después de su jubilación y liquidación anticipadas por el Estado en 1992, y abundante agua disponible, proveniente del acuífero que es considerado la mayor reserva de agua subterránea de México.

Tan solo el Grupo Porcícola Mexicano, la principal empresa del sector en la región, tiene una concesión de extracción de agua subterránea de más de 8 millones de metros cúbicos al año.

Además de tierras, agua y fuerza de trabajo, la industria porcícola ha podido crecer en Yucatán debido a que el estado se encuentra libre de las fiebres porcinas clásica y la africana, las cuales han arrasado con millones de cerdos en otras partes del mundo, así como por el decidido apoyo del gobierno del estado.

En 2024, Yucatán se convirtió en el tercer mayor productor de cerdo en México y en el principal exportador de carne porcina, principalmente a mercados asiáticos.

En la comunidad maya de Santa María Chi, una ex hacienda henequenera ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Mérida en la que actualmente viven poco más de 400 habitantes, las empresas Chumoxil y Pecuaria Peninsular (o San Gerardo), de la familia Loret de Mola, instalaron en 1986 la granja “Santa María”, la cual, con el paso de los años, se constituyó en un megaproyecto de 72 naves y una capacidad de producción de más de 45 mil cerdos de destete, gestación y maternidad en una superficie de más de 220 hectáreas.

Aunque las decenas de miles de cerdos se encontraban confinados y los directivos porcícolas exigían medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios de los cerdos –exigiendo la sanitización de quienes entran, así como la prohibición a la población local de tener otros cerdos que puedan infectar a los de la mega fábrica–, lo cierto es que sus efectos se perciben en toda la comunidad.

Las emisiones de metano, amoniaco y el ácido sulfhídrico despedidos por las toneladas de desechos de la fábrica porcícola provocan una pestilencia que va mucho más allá del común mal olor de las heces fecales de cerdos y ha alterado la vida cotidiana de la comunidad.

El “apeste” de la granja, como le llaman varios vecinos de Santa María Chi, ha hecho que actividades domésticas cotidianas como cocinar, comer, lavar la ropa o abrir las puertas y ventanas para tomar el aire fresco se vuelvan agravios contra la dignidad.

Al mismo tiempo que se protege a los cerdos confinados, sus aguas residuales eran descargadas sin permiso por medio de aspersores de riego en los montes de la zona, los cuales forman parte de un acuífero kárstico altamente poroso, con suelos muy delgados, llenos de oquedades, que tienen poca capacidad de retención de contaminantes.

Por ello, las aguas subterráneas de la región, que son la única fuente de agua dulce de la entidad, son muy vulnerables a la contaminación.

Desde 2023, diversos estudios de calidad de agua de pozos domésticos de Santa María Chi –que la población usaba para regar, lavar o dar de beber a animales– han documentado la presencia de contaminantes como coliformes fecales, Salmonella, suspendidos sólidos totales, entre otros, muy por encima de los límites permisibles.

Debido a los flujos de las corrientes de agua subterráneas, estos contaminantes afectan no solo a la población de Santa María Chi, sino que representan una amenaza a la salud de la región.

Debido a estos y otros agravios, como la falta de consulta a la comunidad maya de Santa María Chi sobre la expansión de la granja Santa María, la falta de permisos como la autorización de impacto ambiental y de descarga de aguas residuales, en mayo de 2023, pobladoras y pobladores de la comunidad nos organizamos de manera pacífica para defender nuestros derechos como pueblo maya, instalando un campamento a unos metros de uno de los accesos de la megafábrica.

En respuesta, la empresa demandó a Wilberth Nahuat, subcomisario de Santa María Chi, bajo los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad y despojo.

No es la primera vez que la industria porcícola criminaliza a las personas defensoras de sus territorios. En 2023, a los pocos meses de que Santa María Chi comenzara su movilización y se criminalizara a su subcomisario, Amnistía Internacional publicó el informe México: tierra y ¿libertad?, sobre la criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, en el que incluyó el caso de tres personas mayas de la comunidad de Sitilpech por oponerse a la megafábrica Kancabchén II, con una capacidad de producción de 48 mil cerdos. La producción de riqueza en la industria porcícola no solo requiere de la extracción de millones de litros de agua y del confinamiento de decenas de miles de cerdos, sino también de la inhibición de la protesta; necesita trabajadores y comunidades dóciles que se adapten a los cerdos confinados, no a mayas defensores de derechos, a quienes amenaza con prisión.

Gracias a la movilización de la comunidad de Santa María Chi, la megafábrica fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente en septiembre de 2025 y los cerdos fueron retirados en abril de 2026.

Asimismo, en una audiencia reciente, el tribunal no encontró evidencias para imputar a Nahuat los cargos de los que lo acusa la empresa. Sin embargo, a pesar de estos logros, la megafábrica aún cuenta con permisos, como licencia de funcionamiento y sus cerdos han sido destinados a ser confinados en otras naves, aunque sus excrementos siguen en la comunidad, filtrándose al subsuelo, y la empresa aún puede apelar a la decisión del tribunal sobre el caso de Nahuat, o bien, criminalizar a las personas defensoras de futuros casos.

Por ello es urgente que el Estado mexicano cumpla plenamente con sus obligaciones derivadas del Acuerdo de Escazú y garantice la integridad de quienes defienden la vida y el territorio.

Wilberth Nahuat Puc
Subcomisario de Santa María Chi
Correo-e: comisaria.santa.maria.chi@gmail.com

Rodrigo Llanes Salazar
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales,UNAM
Correo-e: rodrigo.llanes@cephcis.unam.mx