En la península de Yucatán, la selva no solo se está talando. También se está contaminando. Durante años, la conversación pública ha puesto el foco en los megaproyectos turísticos o de infraestructura. Pero hay otro modelo de desarrollo que avanza con menos reflectores y con impactos igual o más profundos, se trata de la expansión de las megagranjas porcícolas industriales.

Hoy sabemos que no se trata de casos aislados. En Yucatán operan más de 500 granjas de este tipo, albergando promedios de entre 30 y hasta 50 mil cerdos en cada una. Más del 90 por ciento operan de forma ilegal, sin autorización de impacto ambiental.

La mayoría están instaladas en zonas habitadas por comunidades mayas que han mantenido una lucha férrea contra ese modelo, y sobre un territorio particularmente vulnerable: un sistema kárstico donde el agua no corre por la superficie, sino bajo tierra.

En la península de Yucatán, contaminar el suelo es contaminar el agua. Y contaminar el agua es poner en riesgo la vida. Las propias autoridades lo han reconocido.

La Profepa ha documentado daños al agua, al suelo y al aire derivados de la operación de megagranjas porcícolas, particularmente cuando no cumplen con la normatividad ambiental.

Las denuncias comunitarias coinciden. La calidad de vida de las personas se ha visto afectada seriamente por incesantes olores nauseabundos. Ahora el agua de los pozos huele mal, ya no se puede beber, y por si fuera poco, también se han documentado numerosos casos de afectaciones a la salud.

De esta manera, la producción industrial de carne a marcha acelerada está costándole muy caro a las comunidades en cuanto a salud y contaminación de su agua.

El problema no es menor y tampoco es nuevo. Durante años, la expansión de la porcicultura industrial se dio en un contexto de vacíos regulatorios, autorizaciones fragmentadas y una débil coordinación entre autoridades locales y federales. Eso permitió que numerosas granjas operaran sin cumplir plenamente con la ley ambiental.

Aparentemente, hoy se intenta corregir el rumbo. En febrero de este año, la Semarnat, la Profepa y el gobierno de Yucatán firmaron un convenio para fortalecer la evaluación de impacto ambiental del sector porcícola, mejorar la coordinación institucional y cerrar los vacíos que durante años permitieron irregularidades.

El acuerdo es relevante, pues reconoce implícitamente que el problema existe. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿llega a tiempo? Y también, ¿es suficiente para ponerle un freno a la debacle ambiental de la península ocasionada por esta expansión industrial?

Porque mientras se diseñan mejores mecanismos de evaluación, el daño ya está ocurriendo. Y en un sistema ecológico como el de la península, interconectado, poroso y frágil, los impactos no se quedan solamente en donde ocurren sino que se expanden por todo el ambiente.

Desde la campaña México al Grito de ¡Selva! de Greenpeace México, hemos insistido en que no se puede hablar de desarrollo ni crecimiento económico mientras se compromete el agua o se implementa a costa de la degradación de los ecosistemas que hacen posible la vida en la región.

Y tampoco se puede seguir tomando decisiones sin escuchar a las comunidades que habitan esos territorios, como regularmente ha sucedido hasta hoy.

El caso de las megagranjas porcícolas es parte de un modelo que hemos visto replicarse por toda la península en distintos tipos de industrias en los que se externalizan costos ambientales y sociales, mientras que los beneficios económicos terminan concentrándose en muy pocas manos.

Regular mejor no será suficiente si no se cuestiona ese modelo y se plantean alternativas reales. La necesidad de establecer límites claros es más urgente que nunca.

Se tiene que establecer con la máxima claridad posible dónde sí, dónde no y bajo qué condiciones, lo cual amerita espacios de trabajo y seguimiento constante entre autoridades, comunidades y especialistas, porque cuando el agua se contamina, no hay mitigación posible que repare completamente el daño.

La selva maya no solo está siendo fragmentada y deforestada por carreteras, hoteles o megaproyectos turísticos. También está siendo erosionada desde su corazón de agua, esa reserva tan valiosa para la vida en toda la región. Y ahí es donde se juega una de las batallas más importantes de nuestro tiempo.

El llamado a las autoridades locales y federales para proteger la selva maya de forma íntegra es de alta urgencia.

Carlos Samayoa
Coordinador de la campaña México al Grito de ¡Selva!
Greenpeace México
Correo-e: csamayoa@greenpeace.org