Han pasado más de 10 años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el permiso para la siembra de soya genéticamente modificada (GM) en 2015, después de un largo proceso legal y organizativo liderado por apicultores, apicultoras, meliponicultoras, milperos y milperas en colaboración con académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y comercializadores de miel (https://www.jornada.com.mx/2012/06/12/opinion/020a2pol). A pesar de la prohibición, en la actualidad se reportan grandes extensiones de este cultivo en la península de Yucatán.

En 2012, el gobierno federal había otorgado a la empresa Monsanto un permiso para sembrar hasta 253 mil 500 hectáreas de soya GM resistente al herbicida glifosato. Pero tres años después, en 2015, la SCJN otorgó una suspensión, debido a que el proceso de autorización de esta variedad había omitido el proceso de consulta previa libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe a las comunidades mayas de la península de Yucatán, previsto por la Constitución Mexicana, y establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En 2017, el gobierno federal decidió cancelar el permiso de siembra, suspendiendo de facto la consulta. En 2020, tras varios juicios y apelaciones de la empresa que promovió la siembra de soya genéticamente modificada, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la revocación definitiva del permiso.

Durante los años previos y posteriores a la autorización hubo un fuerte debate en el sector apícola, gubernamental y no gubernamental, y agroindustrial sobre la posible coexistencia a largo plazo de la apicultura y la soya genéticamente modificada.

En este debate, los promoventes de la soya argumentaban la asincronía del periodo de floración de la soya (verano) con los meses de cosecha de la miel (primavera) en la península de Yucatán.

Los apicultores organizados, académicos y algunas organizaciones no gubernamentales, argumentaron varios puntos clave de mayor profundidad que la asincronía mencionada. Entre ellos, destacaba la reflexión sobre la impertinencia de promover cultivos intensivos y extensivos en una de las regiones con mayor biodiversidad del país, las afectaciones de usar la soya GM resistente al glifosato y por ende el incremento obligado en el uso de este herbicida con esta variedad de semillas, y el cambio de uso de suelo por la expansión de tecnologías asociadas a la agricultura industrial.

La oposición a la siembra de la soya GM no terminó en 2015 con la decisión de la SCJN ni en 2017 con la revocación formal del permiso por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Apicultores organizados en colaboración con académicos, en su búsqueda por saber si la decisión de la SCJN estaba teniendo efecto, realizaron monitoreos para conocer la naturaleza (transgénica o convencional) de la soya que se sembraba principalmente en el municipio de Hopelchén, Campeche. Los monitoreos y pruebas para identificar proteínas recombinantes (producidas por plantas modificadas genéticamente) se han hecho en cientos de muestras.

Los análisis mostraron un aumento gradual de la siembra ilegal de soya GM a partir de 2015. Cada año se ha incrementado, no solo la superficie de soya, sino también el porcentaje de parcelas de soya genéticamente modificada.

Tan solo en el municipio de Hopelchén, se pasó de sembrar 6 mil 851 hectáreas de soya a 42 mil 630 en 2024. Los años posteriores es decir, en 2024 y 2025, no se han realizado los monitoreos ya que significa un esfuerzo considerable que no necesariamente deriva en acciones gubernamentales para evitar que se siga sembrando soya genéticamente modificada.

La expansión de la soya GM ha alcanzado otros municipios de la península en los estados de Yucatán y Quintana Roo causando un acelerado proceso de deforestación en los municipios en donde este modelo agrícola se ha implementado.

Por otra parte se han acumulado otros elementos graves que demuestran la fuerte crisis derivada de la agricultura industrial en la península de Yucatán. Por un lado, estudios realizados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) durante el 2022 señalan que a través de inspecciones en campos menonitas del municipio de Hopelchén, se encontraron cultivos de maíz transgénico.

Esto indica un gran riesgo para la integridad genética del maíz criollo, para la agricultura campesina y para la alimentación de la población en general. Por otro lado, en años recientes se han descrito grandes niveles de deforestación, así como daños a las abejas por el uso de plaguicidas.

Después de 14 años de debate y denuncia, volvemos a afirmar que la coexistencia a largo plazo de los cultivos GM (transgénicos) y la producción de miel no es posible.

Hoy cabe hacer nuevas preguntas:

Para la sociedad civil: ¿vale la pena seguir defendiéndose de permisos dañinos cuando no se cumple su suspensión? y ¿tiene caso seguir haciendo monitoreos ciudadanos para documentar la presencia de soya GM cuando solo sirven para documentar el tamaño de la ilegalidad?

Para el sector agrícola: ¿cómo controlar el flujo de semillas de cultivos prohibidos, una vez que han sido adoptados por una fracción de los agricultores industriales?

Para el Estado, y en particular el Estado de derecho: ¿qué medidas tomar para garantizar que se cumpla la suspensión dictada por la SCJN en 2015 y la cancelación por el propio gobierno en 2017?

Eric Vides
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Everardo Chable Huehuetl
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Rémy Vandame
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Itzel Pech Pech
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