Un conjunto de organizaciones enviamos un breve informe al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos con motivo de su visita a México. En él se destaca la grave situación por la que la población mexicana sigue estando expuesta a plaguicidas altamente peligrosos, vulnerando sus derechos humanos.
Aquí lo resumimos.

No se ha cumplido el aspecto central de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre plaguicidas de alta peligrosidad (CNDH 82/2018) que fue aceptada al inicio del sexenio anterior.

Esta recomendación indica que las autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) deben elaborar, cada una, un programa sectorial con “objetivos, metas, estrategias y prioridades, para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas”.

Esto permitiría prevenir y reducir la exposición a plaguicidas que representan riesgos para el desarrollo de cáncer, daños reproductivos, alteraciones hormonales y daños neurológicos. Además de evitar la muerte masiva de abejas, de peces, y eliminar plaguicidas muy persistentes presentes en agua, suelo o sedimentos, o que están incluidos en convenios ambientales internacionales.

Hasta septiembre de 2025, siguen autorizados en México 200 plaguicidas de alta peligrosidad, de los cuales 161 están prohibidos en otros países, como se detalla en la lista de plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México y prohibidos en otros países (2025), elaborada por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) y expertas de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Los datos mencionados consideran el decreto presidencial de prohibición de plaguicidas de 35 moléculas publicado en septiembre de 2025. Asimismo, Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció una “estrategia de reducción y uso adecuado de plaguicidas” y que estaría coordinada por cuatro secretarías de Estado; sin embargo, hasta la fecha no se han establecido mecanismos de participación ciudadana, particularmente de académicos expertos en plaguicidas y salud pública, de instituciones y organizaciones con experiencia en agroecología y agricultura orgánica, para definir los criterios de selección de futuras prohibiciones y discutir las alternativas.

En las campañas de nebulización para control de vectores en 2026 se siguen recomendando plaguicidas altamente peligrosos como el clorpirifos, un neurotóxico infantil autorizado también en la agricultura y que fue aprobado para su prohibición mundial en el Convenio de Estocolmo, firmado por México y que entró en vigor en 2004.

La población en condición especial de vulnerabilidad

En México, miles de niñas y niños crecen en comunidades agrícolas donde el uso intensivo de plaguicidas forma parte de la vida cotidiana.

Viven, estudian y juegan a escasos metros de parcelas que son tratadas de manera recurrente con estos productos; con frecuencia acompañan a sus familias a las labores del campo, situación que se agrava con los jornaleros agrícolas.

Esta realidad coloca a la niñez en una situación de exposición crónica, involuntaria y temprana a mezclas complejas de plaguicidas, en abierta contradicción con su derecho a la salud, a un ambiente sano y a un desarrollo pleno. Investigaciones encabezadas por la Universidad Autónoma de Nayarit, en colaboración con otros centros educativos y de investigación, han documentado de manera sistemática los efectos de estas exposiciones en la niñez local. Por ejemplo se han identificado hasta 10 plaguicidas distintos en el agua donde se pidió se lavaran las manos niñas y niños dentro de las casas en comunidades rodeadas de campos agrícolas, además se han detectado niveles elevados de metabolitos de plaguicidas en orina, lo que evidencia una exposición múltiple y continua.

Muerte masiva de abejas por plaguicidas

En México están autorizados 72 insecticidas que tienen una alta toxicidad para las abejas. Prioritarios para su prohibición en el país deberían ser el insecticida fipronil, y los neonicotinoides imidacloprid y tiametoxam, no autorizados en numerosos países.

La muerte masiva de abejas por plaguicidas es un tema de emergencia nacional denunciado y documentado de manera repetida por organizaciones de apicultores.

Urge una política de Estado que prevenga riesgos asociados al uso de plaguicidas y cumpla con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.

El informe fue enviado por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM, investigadoras de la Universidad Autónoma de Nayarit, del Departamento de Toxicología, Cinvestav, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, de Muuch Kambal, la Alianza Maya por las Abejas de la Península de Yucatán Kaabnalo’on, y la Organización Nacional de Apicultores (ONA).

Fernando Bejarano
Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM)
Correo-e: coordinacion@rapam.org