En este número de La Jornada Ecológica se abordan dos temas de crucial preocupación por su alto impacto en la salud ambiental humana y de los ecosistemas: el uso de plaguicidas altamente peligrosos y el incremento de las megagranjas porcinas en el sureste mexicano.

Con respecto al tema de los plaguicidas se analizan aspectos desde la importancia de un cambio en la legislación del uso y aprobación de nuevas moléculas, hasta evidencias científicas de las afectaciones a la salud femenina por la exposición a estas sustancias tóxicas.

La Revolución Verde surge como una estrategia para incrementar la producción agrícola y la promesa de combatir la hambruna, siendo su principal pilar el uso exhaustivo de plaguicidas.

Lejos de alcanzar este objetivo, las consecuencias de esta práctica son, entre otros:

• El surgimiento de los monocultivos.
• El agotamiento de las parcelas cultivables.
• La disbiosis de los suelos (o sea el desequilibrio en la composición, diversidad o el funcionamiento de la microbiota).
• La contaminación de cuerpos de agua, suelo y aire.
• La producción de alimentos con baja calidad nutricia (por la pérdida del microbioma del suelo).
• La introducción de cultivos transgénicos acompañados con el uso indiscriminado de glifosato (probable carcinógeno para humanos).
• La síntesis de nuevas moléculas más tóxicas ante la resistencia desarrollada por las plagas.
• La muerte masiva de abejas y otros insectos polinizadores, lo que está ocasionando una disminución en la producción de alimentos.
• Las afectaciones a la salud humana, entre otros.

Existe suficiente evidencia científica de que todos los plaguicidas tienen efectos tóxicos en la salud humana. Desde los que se ofrecen como de uso doméstico, los empleados en las campañas de salud para el control de enfermedades transmitidas por vectores, hasta los utilizados para la producción de alimentos y la actual afectación a las comunidades mieleras que experimentan una mortandad de abejas sin precedentes.

Con relación al segundo tema, la península de Yucatán resulta atractiva a los industriales de las megagranjas porcinas por dos aspectos: su ubicación geográfica y por contar con un abundante recurso hídrico. Sin embargo, es un mito que esta megaindustria sea sustentable pues es extractivista y tiene un fuerte impacto socioambiental.

Aproximadamente, el 47 por ciento de las megagranjas porcícolas están instaladas en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. El suelo de Yucatán es kárstico. Por su naturaleza porosa, su acuífero es vulnerable a la contaminación dada la fácil infiltración de aguas residuales. Y en el caso de las megagranjas porcinas, éstas son una verdadera amenaza ambiental, pues contienen una importante carga orgánica (un cerdo produce hasta cuatro veces más heces que el ser humano), orina, antibióticos y hormonas, entre otros. Contaminan así los cuerpos de agua, siendo los cenotes de principal preocupación y las parcelas cuando esta agua es empleada para riego.

Otras consecuencias de las megagranjas son el alto consumo de agua y su contaminación (por cada kilogramo de producción de carne de cerdo se requieren aproximadamente 6 mil litros por lo que su huella hídrica y residual es sumamente alta), degradación de los suelos, pérdida de la biodiversidad, afectaciones al ecosistema, generación de malos olores, entre otros.

Pero además, un importante impacto a la salud pública de las comunidades mayas, así como el desplazamiento de la actividad porcina doméstica, indígena y campesina, y su impacto a las actividades económicas tradicionales (apicultura, milpa, turismo alternativo) acompañada del desalojo de comunidades mayas para dar cabida a esta actividad agropecuaria intensiva.

Estas actividades, el uso exhaustivo de plaguicidas, la muerte incuantificable de abejas y la megaindustria porcina, atentan contra los derechos humanos por lo que urge una transformación de los modelos actuales. Igualmente cambios en la política pública sobre violaciones al derecho al medio ambiente sano y del Acuerdo de Escazú y otros instrumentos de protección nacionales e internacionales.

Este número incluye también los apuntes del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, sobre la violencia del Estado, la depredación, envenenamiento y otras violaciones a los derechos humanos en México. Dicho relator visitó nuestro país en meses recientes.

Agradecemos profundamente a Iván Restrepo, a la editora Laura Angulo y a Estela Guevara, por dar voz en este importante suplemento del diario La Jornada a todos los problemas socioambientales, históricos y actuales, que sufren los pueblos de México.

Leticia G. Yáñez Estrada
Laboratorio de Género, Salud y Ambiente, Facultad de Medicina,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Correo-e: lyanez@uaslp.mx