La cacerolita de mar o cangrejo herradura (Limulus polyphemus) habita las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Diversos especialistas han advertido sobre la disminución de sus poblaciones, incluso en áreas naturales protegidas que resguardan playas de anidación y zonas esenciales para su desarrollo.

Entre las principales amenazas se encuentran la pérdida de hábitat por desarrollo costero, el turismo no regulado, la contaminación y su uso como carnada en la pesca de pulpo.

Por ello, la especie está catalogada a nivel global como “vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En México se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie “en peligro de extinción”, lo que implica un alto riesgo de desaparición en su ambiente natural. En este contexto, su extracción, acopio, transporte o comercialización constituye una actividad prohibida y sancionada por la legislación ambiental vigente.

La Ley General de Vida Silvestre establece que el aprovechamiento de especies silvestres solo puede realizarse bajo autorización de Semarnat y en condiciones de sustentabilidad. Asimismo, tipifica como infracciones el daño a la vida silvestre o a su hábitat, así como cualquier aprovechamiento sin autorización, especialmente en especies en riesgo. También prevé la obligación de reparar el daño ambiental conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Por su parte, el Código Penal Federal contempla sanciones de prisión y multa para quienes capturen o comercialicen fauna silvestre de manera ilegal, con agravantes cuando se trate de especies en peligro de extinción o cuando las actividades se realicen en áreas naturales protegidas. También sanciona el daño a humedales, manglares y otros ecosistemas costeros que forman parte del hábitat de la especie.

En este marco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con atribuciones para la protección, vigilancia y restauración de los ecosistemas costeros y de la vida silvestre, incluyendo especies en riesgo y áreas naturales protegidas.

Por ello, se consideran prioritarias las acciones de vigilancia en zonas de distribución de la cacerolita de mar, las inspecciones a actividades pesqueras y la capacitación a autoridades y comunidades sobre su importancia ecológica y legal.

El fortalecimiento de estas acciones puede derivar en aseguramientos y sanciones administrativas y penales, así como en la reparación del daño ambiental.

No obstante, el objetivo central debe ser prevenir la afectación de la cacerolita mediante la educación ambiental y el cumplimiento de la ley, promoviendo una cultura de conservación y de sostenibilidad.

Eduardo Rendón Hernández, Jesús Contreras Franco, Gustavo Ampugnani
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente