LAYÚ BEEU NAXHIÑA RIINI TIERRA LUNA ROJA SANGRE

Sexta entrega de la serie dedicada a la comunicación interoceánica en el istmo de Tehuantepec

“Con agua se vive, con oro no”

Una partida de militares vestidos de civil porta armas largas y pasea campante en pleno día por la plaza de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, mientras la gente se reúne en asamblea para tratar de resolver quién sucederá en el cargo de Comisariado de Bienes Comunales a José Medel Jiménez Cruz, un tradicional dirigente priista municipal, quien fuera asesinado en una emboscada la mañana del 20 de julio del año pasado. El cargo en cuestión es crucial para determinar el destino de las concesiones mineras que por más de 7 mil 200 hectáreas otorgara el gobierno federal, sin consulta previa a las comunidades, a favor de la empresa canadiense Minaurum Gold (Lote Jackita, 1,499 hectáreas; Lote Mar de Cobre, 5 mil 610, para IDM Mining), además del lote “El Chincuyal” de 260 hectáreas, concesionado a la Cooperativa La Cruz Azul. Se espera que el nuevo comisariado realice el cobro pendiente de una cifra millonaria por el pago de servicios ambientales que corresponden a esta comunidad agraria de más de 120 mil hectáreas de la selva de los chimas. Esto, en caso de que el recurso económico no se haya volatilizado en el torbellino de corrupción que envolvió en los meses de su partida a los funcionarios de Peña Nieto y que acosa a la actual administración.

El centro del istmo ha sido en últimas décadas zona de producción de marihuana y escala obligada o puente de las redes continentales del narcotráfico, irradiando el tráfico y consumo, vía narcomenudeo, de cocaína. Para casi nadie en la región es ajena aquella anécdota, hasta cierto punto chistosa, de que en los noventas dejara la avioneta abandonada en una playa, cuyo cargamento fuera utilizado para pintar un campo de beisbol en la comunidad costeña tehuana de Morro Mazatán, en la Chontal baja. Lo triste es que como no se había visto antes, las narcoejecuciones son ahora pan de cada día en cualquier municipio de la región, y lo más lamentable es que estos sicarios se prestan, por el mismo precio, a ejecutar a dirigentes indígenas, luchadores sociales y defensores de derechos humanos, como fue el año pasado con Alejandro Díaz y los jóvenes Ignacio Basilio Ventura Martínez (17 años) y Luis Martínez (19), integrantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) que lucha contra la minería en la costa y sierra Sur.

Dos meses después en la comunidad Álvaro Obregón, municipio de Juchitán, fue asesinado el compañero binnizá Rolando Crispin, integrante de la Asamblea y Policía Comunitaria de Guixhi Ro’, parte de la Asamblea de Pueblos indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, que a su vez forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI). Más recientemente, el pasado 16 de diciembre, lamentamos el asesinato de los jóvenes estudiantes Jesús Cruz Ruiz (recién egresado) y Luis Donaldo Fuentes Martínez, de 21 años (en quinto semestre) de la preparatoria José Martí, de Ixhuatán. Dicha escuela por cooperación se caracteriza también por su activismo contra la minería en la región y participa en el CNI. Como si falta hiciera para teñir la tierra luna sangrienta, hace unos días se dio el asesinato del defensor comunitario y dirigente Sinaí Corzo, en la costa de Arriaga, Chiapas.

Además de los comuneros chimas y Miguel Ángel García, es Adelfo Regino quien conoce bien las aristas del conflicto agrario que subyace en la impostura de un “diferendo de límites” entre Oaxaca y Chiapas, pues durante su cargo como secretario de Asuntos Indígenas con Gabino Cué, él y su equipo visitaron la zona de conflicto y redactaron la propuesta de Controversia Constitucional que no ha sido resuelta por la Corte. Se trata de un parteaguas continental, codiciado por neocaciques de la “familia chiapaneca” y los sicarios dada su riqueza en agua, bosques, montañas, zonas arqueológicas, oro, plata y otros minerales; hace cinco años el Congreso chiapaneco decretó la creación de un nuevo municipio (Belisario Domínguez) en bienes comunales de los chimas en Oaxaca.

Chimalapas es el corazón y centro neurálgico del frágil ecosistema interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Las cuencas de Tehuantepec en el Pacífico, y Coatzacoalcos en el Atlántico, nacen en las montañas de la sierra mixe zoqueana. La deforestación en estas zonas ha provocado el asolvamiento de la presa Benito Juárez, que además de recibir desechos de la minería de San José de Gracia, el 30 por ciento de sus aguas lleva los agroquímicos de más de diez mil hectáreas del distrito de riego 19. El otro 70 por ciento pasa por la refinería de Salina Cruz, antes de derivar en el ecosistema lagunario del Istmo de Tehuantepec. El Coatzacoalcos es el río más contaminado del mundo, por las refinerías y el complejo petroquímico de Minatitlán, Cangrejera y Pajaritos.

Existe entonces la evidencia palpable de que la región no resistirá por diez años más el mismo modelo neoliberal de desarrollo industrial capitalista energético, centrado en la ampliación y el establecimiento de nueva infraestructura petroquímica, gasoductos y oleoductos, más minería, más parques eólicos, líneas de transmisión, transporte ferroviario y carretero. Más concreto, más ganadería, más agroquímicos.

Así, a pesar de los bastones de mando que simulan un “poder obediencial” y los permisos que la Pachamama pudiera otorgar (por mediación del grupo neoindigenista de comunalistas coloniales sistémicos), la modernización de lo que antes fuera el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec tendrá un impacto ambiental que romperá la fragilidad ecológica ya aludida. Es decir que en el istmo, al igual que en la península de Yucatán, el modelo es ecológicamente inviable. Existe un rezago proverbial en el reconocimiento de derechos indios y agrarios en el Istmo de Tehuantepec, tanto en el sur oaxaqueño y chiapaneco, como en el norte veracruzano y tabasqueño.

Desde el inicio de sus megaproyectos, el gobierno enseña el cobre al negociar y buscar interlocución con los gobiernos de los estados “involucrados”, antes que con pueblos indios y autoridades agrarias y municipales de la macrorregión. El gobierno federal pretende imponer en dos años un conjunto de megaproyectos, utilizando como piedra de toque al ferrocarril transístmico y las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Esto lo contradice en los hechos al hacer una consulta “ciudadana” nacional sobre la viabilidad de los proyectos ferroviarios, antes que consultarlo a pueblos y comunidades indias con base en los estándares internacionales del derecho indígena a la consulta.

Los gobiernos neoliberales, neoindigenistas y proempresariales, a pesar de reconocer más del 90 por ciento de propiedad social de la tierra, solapan neolatifundios encubiertos como pequeña propiedad en tierras comunales. Es el caso de Unión Hidalgo, donde además se impone el parque eólico Guna Sicarú de la francesa EDF, al existir ya el permiso para su construcción por parte de la Secretaría de Energía y al existir los contratos de arrendamiento con particulares, pero en tierras comunales, donde las empresas han erogado ya millones de pesos en la modalidad de “reserva territorial”, que rompe con el evento previo de la consulta. En Unión Hidalgo, la consulta indígena que pretende avalar la imposición de al menos tres parques eólicos en más de diez mil hectáreas es ilegal.

El Corredor Eólico ocupa ya más de treinta mil hectáreas. La ilegalidad, la corrupción, la represión, el homicidio y el engaño han sido la principal divisa para imponerlo. Bajo el argumento de que sería la zona con mayor potencial eólico en el mundo, las empresas han corrompido a funcionarios federales, estatales y municipales, además de jueces y abogados.

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…It pitsenko des mixontepa mosa yomune de bin koyumi…