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AÚN CONTRA SENTENCIA DEL JUEZ, LA PRESA LOS PILARES VA / 266

EL PUEBLO MAKURAWE (GUARIJÍO) DE ÁLAMOS, SONORA, VÍCTIMA DE LA CONTINUIDAD NEOLIBERAL QUE LE IMPONE LA OBRA EN EL RÍO MAYO

El 20 de mayo, El Imparcial de Hermosillo informaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno ya autorizó recursos “para darle continuidad a la construcción de la presa Los Pilares en Álamos, Sonora, para prevenir inundaciones. Ya había un avance importante, pero no había presupuesto. Aprovecho para decirle a los sonorenses que ya se autorizó el presupuesto para darle continuidad a esa obra y terminarla lo más pronto posible, a ver si se logra terminar antes de que empiece o esté en apogeo la temporada de lluvia” (nota de Shaila Rosaguel).

Sin embargo, más de un mes antes, el seis de marzo el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, emitió sentencia definitiva a favor del pueblo makurawe o guarijío, protegiendo sus derechos colectivos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado respecto a la construcción de la presa ‘Bicentenario’ o ‘Los Pilares’, herencia del gobierno panista de Padrés, bajo el programa Sonora Sí, de infame memoria.

Tonatiuh Castro Silva, investigador del Colegio de Sonora, escribe en “El pueblo makurawe ante el diluvio de la civilización” (Libera Radio, 20 de mayo): “La obra hidráulica pasó en breve tiempo de ser promesa de progreso, a erigirse como amenaza de un diluvio arrasador del entorno ecológico y de la cultura ancestral”. Señala que el presidente López Obrador “inesperadamente abrió la herida en su conferencia de prensa” al declarar: “en Sonora estamos apoyando también al gobierno del estado. Hay obras importantes. Acabamos de autorizar la continuidad de la presa de Álamos. Es una presa que va a ayudar mucho para evitar inundaciones”.

Castro Silva apunta que “con el anuncio, prácticamente echó con ello de la agenda del Bienestar al pueblo originario del municipio de Álamos, no obstante la sentencia que se consideraba definitiva”.

Y más: “La acción de la nueva administración federal reaviva los proyectos del régimen neoliberal en la región, y constituye la primera señal trascendente de la postura oficial ante los pueblos originarios de Sonora, que en los últimos lustros han enfrentado la amenaza de varios proyectos de gran infraestructura e incidencia territorial, como el Acueducto Independencia y el Gasoducto Sonora, en el caso de los yaquis. La generalidad de las etnias (sic) del estado padece no sólo el desabasto de agua, sino además la embestida de proyectos que les despojan del líquido” en favor de sectores sociales privilegiados. Los guarijíos habitan “una de las áreas más accidentadas de la porción sonorense de la Sierra Madre Occidental. Ante las dificultades y costos de instalación de servicios públicos, con excepción de una ínfima red eléctrica instalada por la presidencia de Fox, que atiende sólo al dos por ciento de las viviendas, los gobiernos han preferido no intervenir. Habitualmente los guarijíos se abastecen de agua del río Mayo y de los arroyos, pues menos de la cuarta parte de la población tiene agua entubada. Su territorialidad, en su conjunto, está por desaparecer, más que por intervención benéfica del mismo, para su explotación.

“Para atender a los grandes agricultores del valle del Mayo, el gobierno estatal de Guillermo Padrés impulsó la presa ‘Bicentenario’ en la región de los guarijíos”. Además “hay versiones de que la obra tendría como principal beneficiaria a la actividad minera”. La construcción de la presa fue anunciada hacia los primeros meses de 2012 por parte de funcionarios públicos tanto estatales como federales. En abril de ese año, Teresa Valdivia Dounce, profesorainvestigadora de la UNAM, presentó en El Colegio de Sonora el trabajo “Pros y contras del proyecto de presa en Los Pilares, Sonora”. Consideraba entre los riesgos de su construcción: “cambio en la temperatura del agua y de la presa, cambio del clima local, contaminación del aire (por CO² y metano), afectación de la placa tectónica, transformación de la biósfera, proliferación de mosquitos (dengue y paludismo), pérdida de especies animales y vegetales, de sitios arqueológicos, de cuatro panteones, de tierras para la siembra, de viviendas, infraestructura, árboles frutales y plantas medicinales, de terrenos de solares para vivienda e instalación de servicios, de caminos y carreteras, muerte total de 300 kilómetros de río, y etnocidio como consecuencia”. Según Valdivia, cita Castro Silva, “el proyecto carece de sustento en lo referente a la alimentación de la presa, dado el carácter cambiante de su cauce, propio de un río del desierto”. En cuanto a los beneficios que podrían recibir los makurawe, citó que consistirían en agua para riego en el valle del Mayo, beneficiando supuestamente a 11 mil 700 usuarios, y afectando únicamente al 10 por ciento de la población (72 ejidatarios). Otras presuntas virtudes serían el control de sequía e inundaciones en el valle, y la instalación de una hidroeléctrica en sociedad común”.

No obstante, era previsible que los auténticos beneficiarios fueran sólo algunos agricultores. “En cuanto al manejo del flujo, cuyo torrente cambiante ha causado problemas naturales de impacto social, resulta elemental la premisa de la limitada vida útil de toda presa”. Aunque se prometía que a los makurawe correspondería el tres por ciento de la sociedad, “no se cumple tal porcentaje”. Ante la inconformidad desde su inició generó, y a la problemática por la imposición del acueducto Independencia, “el proyecto se encuentra varado”. El magistrado consideró que al violar el derecho a la consulta de los guarijíos, “queda nulo todo protocolo relacionado con la presa, comenzando por la Manifestación de Impacto Ambiental, e incluyendo al permiso de construcción de la obra”.

Así, apunta Castro, también investigador de la Dirección de Culturas Populares, la sentencia deja fuera a los gobiernos estatal y municipal de Álamos, “al haber actuado de mala fe amenazando a los representantes de las comunidades involucradas para que cedieran sus derechos sobre la tierra”. La sentencia ordena a CONAGUA y SEMARNAT la realización de un genuino procedimiento de consulta “previa al acto de autoridad; culturalmente adecuada; informada, y de buena fe”. Se deberán organizar las reuniones públicas de información “que resulten necesarias, de acuerdo con las condiciones específicas de las comunidades quejosas”. Allí “se les explicaría de manera completa y entendible mediante el apoyo de los intérpretes y traductores” los aspectos técnicos y ambientales considerados para la proyección de la obra”, así como “los posibles impactos” de su edificación y operación, las medidas de prevención y, en su caso, mitigación.

“No obstante, en evidente desacato, el grupo promotor de la obra, identificado ya por años como ‘los preseros’, tras la sentencia han continuado ejerciendo acoso sobre las autoridades tradicionales, pretendiendo la posesión de su territorio. Los pueblos originarios de México viven un momento histórico marcado por el despojo y el desplazamiento”, con un impacto mayor respecto a los actos de esta misma naturaleza efectuados durante la Colonia, el liberalismo decimonónico o el Porfiriato”. Las consecuencias serían agudización de la pobreza “y la pauperización general”. Esto, concluye Castro Silva, “ahonda la brecha social que segmenta a la sociedad mexicana, y convierten en vacuo artilugio los avances jurídicos locales e internacionales”.

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