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PROYECTO INTEGRAL MORELOS / 267

GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

NO SON LAS VÍAS LEGALES LAS QUE TIENEN DETENIDO EL PROYECTO, ES LA FUERZA DE LOS PUEBLOS

A casi seis meses del asesinato aún impune de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio y comunicador comunitario, y de la consulta presidencial sobre el funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a un diálogo público en la comunidad de Huexca, en respuesta a las declaraciones presidenciales del pasado 8 de julio, en las que aseguró que hablaría de manera directa con los afectados del Proyecto Integral Morelos (PIM).

“Usted quiere explicarnos sus razones, adelante, lo escuchamos, pero es justo que también escuche las nuestras y nos conteste de manera honesta y sincera, sin ataques ni descalificaciones de ‘radicales de izquierda’, que (para usted) somos lo mismo que ‘conservadores’”, señalaron los pueblos opositores agrupados en el FPDTA.

Las comunidades nahuas indicaron que están dispuestas a recibir al presidente para que responda, entre otras, a las siguientes preguntas: “¿Por qué cuando usted estaba en campaña dijo que no a la termo, no al gasoducto y no al acueducto, que lo apoyáramos a llegar a la Presidencia para cancelar esos proyectos y hoy nos dice que se tienen que hacer?”, “¿la violación al derecho a la consulta y autodeterminación de los pueblos no merece un castigo en la transformación que usted plantea?” y “¿quién mató a Samir? ¿Por qué tres días antes de la consulta? ¿Qué empeño y atención ha puesto en encontrar a los culpables, caiga quien caiga?”

La invitación al diálogo la envía el Frente de Pueblos en el contexto de dos importantes resolutivos jurídicos a su favor obtenidos entre mayo y julio de este año. El más reciente representa uno de los triunfos jurídicos más importantes en siete años de lucha, pues un juez otorgó la suspensión de plano al ejido de Amilcingo sobre la operación del Gasoducto Morelos, con lo cual se protege a las 60 comunidades afectadas, “pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca”, explicó en un comunicado el FPDTA.

La suspensión fue otorgada por la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, “donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, resultando 5 compañeros baleados el 13 de abril de 2014”.

El otro resolutivo favorable a los pueblos fue contra el desechamiento de los amparos que promovieron el 18 de febrero de 2019 (dos días antes del asesinato de Samir) reclamando que la consulta presidencial del 23 y 24 de febrero sobre el funcionamiento del PIM violó su derecho a la consulta indígena y libre determinación.

El Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvieron las quejas 62/2019 y 55/2019 respectivamente, interpuestas por las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, contra el desechamiento de los amparos que promovieron estas comunidades reclamando la violación a su derecho a la consulta indígena.

La resolución fue contra la decisión de los juzgados Primero y Cuarto de Distrito con sede en Puebla, que habían desechado los amparos 199/2019 y 209/2019 por considerar que la consulta promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador no era un acto de autoridad, y que las comunidades afectadas no tenían interés legítimo en la consulta y el proyecto.

Pero el Segundo Tribunal Colegiado manifestó que el Juez de Distrito no debió desechar la demanda, y señaló que “la realización de la consulta de mérito y su resultado aprobatorio por la mayoría de los encuestados, abre la puerta a la inminente concreción del Proyecto Integral Morelos, con lo que es patente que se estaría modificando, de manera unilateral, la situación jurídica de los quejosos, respecto de su derecho a que se les dote como pueblos y comunidades indígenas, de una protección especial, en la que se garantice su participación efectiva en las medidas administrativas que se lleven a cabo dentro de su territorio que puedan llegar a impactar su entorno o hábitat, como es la construcción de una planta termoeléctrica, un acueducto y gasoducto”.

Además de aludir al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que les da derecho a una consulta libre, previa, informada, de buena fe y adecuada culturalmente, las comunidades afectadas manifestaron ante los Tribunales Colegiados que “es inequitativo e injusto que los resultados de una votación general determinen el impulso de las autoridades responsables para culminar la construcción del proyecto y su funcionamiento, tal y como sucedió después de haberse desechado la demanda, pues en la consulta que se llevó a cabo el 23 y 24 de febrero de 2019, las comunidades que no son afectadas o involucradas bajo un interés jurídico o legítimo en el Proyecto Integral Morelos, decidieron sobre la votación de las personas afectadas directamente; lo que motivó que el Presidente de la República, al día siguiente, determinara continuar con el proceso de construcción y funcionamiento del PIM”. A estos procesos legales se suman la suspensión definitiva que fue otorgada a Huexca para impedir la contaminación del río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, así como las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades, lo que “sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas”, destacó el FPDTA.

Pero “no nos engañemos”, dice Juan Carlos Flores, abogado del FPDTA, “no son las vías legales las que tienen detenido al proyecto, ésas son un escudo más, pues el guerrero es el pueblo que sigue combatiendo, y ahí radica la fuerza de la lucha contra el PIM”.

Para los pueblos, insiste el abogado, “los amparos siguen siendo una herramienta ante las acusaciones de que no quieren el progreso, pero con esto demostramos que no somos ignorantes ni somos opositores al desarrollo, sino que estamos defendiendo nuestros derechos y defendiendo la vida”.

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