DESPOJO EN EL LLANO EN LLAMAS. UN INTENTO DE QUITARLES SUS PROPIAS CASAS
El ejido de San Isidro, en San Gabriel, Jalisco, enfrenta un proceso de despojo integral del territorio y de sus bienes comunes, perpetrado por empresas transnacionales y particulares, algo permitido y solapado por parte de las instancias de gobierno municipal, estatal y federal.
Desde la década de 1940, este ejido emprende acciones legales para que se les terminen de entregar las tierras dotadas en Resolución Presidencial de 1938, y siempre han demostrado en diferentes instancias administrativas y judiciales ser los legítimos propietarios de las 280 hectáreas invadidas por la empresa transnacional Amway-Nutrilite, en un enredo jurídico donde Amway alega que se las compró a alguien más, que a su vez había invadido. Lo real es que la razón jurídica y legal le corresponde a San Isidro para toda el área conocida como El Petacal. No obstante, no hay voluntad política para ejecutar las sentencias a su favor, mucho menos para resolver el conflicto social que esto ha provocado por más de tres generaciones.
Sumado a esto, en los últimos diez años el gobierno de Jalisco ha dado prioridad a su consolidación como gigante agroalimentario de México (así lo presume en todo tipo de campañas), lo que ha significado que en la región de los municipios de Ciudad Guzmán, Tapalpa, Sayula, Tuxcacuesco, Toliman y San Gabriel, entre otros, se deforeste y desertifique más: miles de hectáreas para transformar bosques, montes y parcelas en plantaciones e invernaderos que consumen día y noche millones de litros de agua, herbicidas, plaguicidas y vidas humanas de jornaleros mal pagados. En la microregión donde se ubica San Isidro, está Nutrilite, pero junto, puerta con puerta, hay un campo de experimentación de Monsanto. Detrás, extendiéndose por cientos de invernaderos, prospera la empresa BioParques de Occidente.
El ejido de San Isidro ha resistido al embate de personas que, mediante contratos leoninos buscan que les renten sus tierras a los aguacateros, y su pueblo (que está fuera de la dotación ejidal) tiene tres años cercado por plantaciones de aguacate que provocan recurrentes intoxicaciones en la población por las fumigaciones.
Los pobladores de San Isidro habitan estas comunidades desde hace más de cien años al margen de la exhacienda San Isidro y lograron en 2013 obtener escrituras de cada una de sus casas de manera particular. Fue una gestión junto con el municipio y el gobierno del estado dentro del programa de regularización de fraccionamientos o asentamientos humanos de propiedad privada en Jalisco.
Un terrateniente particular tramitó un amparo pidiendo la nulidad de estas escrituras. Alegaba que esto viola su derecho de propiedad. Se dice propietario de las tierras en donde está el centro de población de San Isidro. En la situación actual pesa que el terrateniente actuó jurídicamente contra varias autoridades, entre ellas el municipio, y en teoría “ganó” el juicio sobre todo porque las autoridades demandadas, incluido el municipio, omitieron defenderse. En dicho trámite, la gente que habita el pueblo, los dueños de las casas, nunca fueron llamados a juicio, entonces ellos no fueron escuchados, ni vencidos en juicio y tampoco hay una orden de desalojo, pues debería haber una orden del juez pero tampoco existe. La gente de San Isidro, y abogadas y abogados consultados, consideran que el terrateniente pretendía amedrentar a la población diciendo que se tenían que ir. Hace mes y medio llegó el hijo de uno de implicados junto con el terrateniente, diciendo a la gente que él les podía vender barato, y que tenían que emigrar. La gente piensa que era una extorsión porque les dijo que si no compraban corrían el riesgo de que se los vendiera al doble.
Ante esta situación, la comunidad acompañada por su abogado tomó la presidencia municipal de San Gabriel para exigirle al municipio que actúe en el asunto y evite el conflicto social. La gente del ejido logró, unida como siempre, emprender, además de la movilización, una campaña en redes sociales a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional pues su caso se ha llevado ante Naciones Unidas, y a Foros de Juicio contra Transnacionales. En su comunidad se organizó una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en 2013, donde su caso se detalló. Una exposición de la Fundación Gaia, Nosotros alimentamos al mundo, mostró fotografías y narraciones sobre su situación.
Al cierre de esta edición, la comunidad informó que ante la movilización el cinco de agosto se celebró una reunión en el ayuntamiento de San Gabriel con presencia de las tres partes involucradas: habitantes, presidencia municipal y el “propietario”, quién aceptó la intervención del gobierno municipal y estatal “y a un acuerdo sin desalojo ni medidas de presión”. Aceptó también retirar su publicación de venta de lotes y “resarcimiento de los lugares afectados”. Y se fijó una próxima reunión en Guadalajara con el secretario de Gobierno”.
Es claro que la gente espera que el gobierno estatal ofrezca una pronta propuesta. Hay alegría en San Isidro, porque se dan cuenta que, movilizarse y apelar a la razón que les asiste volvió a surtir efecto, aunque el acuerdo todavía no se concrete.
La movilización presionó al gobierno municipal y al estatal. “Queremos que se hagan responsables por el problema que nos ocasionaron por la expedición de títulos de propiedad a este terrateniente. Y que se llegue a una negociación, involucrando a ambos niveles de gobierno.
Los real es que el gobierno de Jalisco ha subsidiado y otorgado permisos y ha sido cómplice de irregularidades en la instalación de la agroindustria en la región. Siempre en detrimento de las condiciones de vida de los ejidos y campesinos de la región, mermando su acceso al agua, y dañando su salud y el tejido social.
El gobierno debe proteger y garantizar los derechos de los campesinos de San Isidro al territorio donde habitan hace más de cien años y revertir el error de haber generado escrituras y expectativas a terceros sobre su poblado.
Lejos de seguir apoyando al “gigante agroalimentario”, el gobierno de Jalisco debe respetar los derechos de los campesinos que se empeñan en cultivar y producir alimentos y cuidar la naturaleza de forma sustentable y sana.
Los “errores de escrituración” son en realidad parte del andamiaje de corrupción oficial, en su afán por hacer negocios a costa de las condiciones de vida de la gente, la destrucción de la naturaleza y la existencia misma de los ejidos y de los campesinos de la región.