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AFROMEXICANOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

ELIA AVENDAÑO VILLAFUERTE

ENTRE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA BIOÉTICA Y LA NECROPOLÍTICA

En 2020, la pandemia por Covid-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud el 23 de marzo, llega a México en época de austeridad, de recortes presupuestales de los programas sociales y de la desaparición del Seguro Popular, el más precario sistema de salud al que estaban afiliados aproximadamente 51 millones de mexicanos, entre los más pobres. El Seguro Popular será paulatinamente sustituido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Según la Encuesta Intercensal 2015, el 52.8% de las personas afrodescendientes estaban registradas, por lo que ahora su derecho a la salud no está garantizado.

Según la información general, el Covid-19 es un virus “democrático” que no distingue ni discrimina, pues todas las personas se pueden contagiar. La capacidad de sobrevivencia de cada persona depende de sus circunstancias particulares. Están en desventaja quienes se encuentran en situaciones de marginación, exclusión y vulneración económica, social y cultural, pues tienen escasos recursos para hacer frente a la enfermedad, entre ellos sus condiciones de salud previas; la posibilidad de dejar de trabajar durante el tiempo que dure la enfermedad; contar con una vivienda con todos los servicios sanitarios, y el acceso al sistema de salud en caso de que se agrave el padecimiento. Resentirán el mayor impacto de la pandemia. Este escenario recae con mayor fuerza en las mujeres víctimas de la interseccionalidad y generalmente encargadas de las labores de cuidado.

Ésta es la realidad de muchas comunidades afromexicanas, que además sufren cotidianamente los embates de la discriminación racial. Hablar de esa forma de discriminación en México todavía es difícil, por la vigencia de la política institucional del mestizaje que homogeniza la diversidad de la población sin eliminar la racialización constante de la que son víctimas las y los afromexicanos. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, se incluyó a la afrodescendencia como una característica, pero no se midió la discriminación racial. Los motivos o rasgos de discriminación captados fueron: tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. En una revisión de los datos se observa que los estados donde más se discrimina son Guerrero (25.1%) y Oaxaca (24.9%). En esas dos entidades se encuentra la Costa Chica, lugar que concentra la mayor cantidad de población afromexicana (el 6.5% y el 4.9 % respectivamente). También anota que al 23.3% de la población afrodescendiente se le negó de manera injustificada su derecho a recibir atención médica o medicamentos.

Esta privación continúa, así lo señalaron al presidente de México en su gira por Cuajinicuilapa, Guerrero el 14 de marzo: “Nuestra principal preocupación es que podamos ser atendidos cuando enfermamos. Pedimos ser tratados con respeto, nosotros tenemos que esperar más tiempo para que nos atiendan; en muchas ocasiones nos trasladamos varias horas para llegar a un hospital, donde faltan medicamentos, equipo y personal capacitado”.

La discriminación estructural impacta de manera diferenciada a los distintos estratos de la sociedad, y entre los más afectados están los pueblos y comunidades afromexicanas que, después de más de 10 años de lucha, apenas el nueve de agosto de 2019 fueron incluidos en la Constitución Federal. Su visibilidad jurídica es esencial para exigir todos los derechos que les corresponden, de manera individual y colectiva. La inexistencia de políticas públicas afirmativas repercute en la invisibilidad estadística de los pueblos y comunidades afromexicanos, que fueron contemplados en el Censo de Población 2020. La falta de datos nos impide precisar la forma y grado de afectación que están resintiendo por la pandemia, además en los registros hospitalarios no se incluye la autoadscripción, raza o etnicidad de las y los pacientes, por lo que no podemos identificar al número de infectados.

Podemos darnos una idea de la afectación a partir de las noticias del impacto alarmante que ha tenido la pandemia en la población afroamericana de Estados Unidos. Por ejemplo, el portal de BBC News señala que en Chicago representan el 72% de las muertes, aunque son el 30% de la población; en Michigan los decesos fueron del 41%, cuando conforman el 14% de los habitantes; y en Milwaukee hay 49% de defunciones, siendo 26% del total de pobladores. La sobrerepresentación se atribuye a enfermedades previas, a la disparidad de acceso a los servicios de salud, a su continuidad de trabajo en la calle, y a una serie de inequidades sociales que los ponen en desventaja, como la segregación y la falta de inversión en sus comunidades.

Estamos ahora en la tercera fase, se mantienen las medidas de prevención como la sana distancia, la cuarentena y la cancelación de eventos masivos, y se requiere la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial. Sin embargo, la forma en que ha reaccionado el Estado mexicano nos da motivos de preocupación.

El 15 de abril, el Consejo de Salubridad General (CSG) provocó un cúmulo de opiniones y críticas porque emitió un Proyecto de Triaje con una Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, documento propuesto para tomar decisiones al asignar recursos escasos cuando dos o más pacientes los necesitan para salvar su vida. Textualmente señala: “A su asignación a veces se le considera como elegir quién morirá. Esta evaluación es errónea porque la intención detrás del acto de asignar recursos escasos es elegir quién sobrevivirá. La muerte, o daño que sufre, el otro paciente(s) se prevé pero no se busca intencionalmente”.

Esas disposiciones que señalan quién debe vivir y quién probablemente va a morir, causaron un amplio impacto porque fueron emitidas por un órgano colegiado que depende directamente del presidente de la República, como autoridad sanitaria y cuyas disposiciones son obligatorias en el país. El documento refiere que la decisión la tomarán los equipos de Triaje, conformados idealmente por tres personas (un profesional en medicina intensivista o urgencias; un profesional de la enfermería en esas mismas áreas y una persona que administre el centro de salud). A falta de personal, la decisión corresponderá al profesional en medicina. La “Guía” pretende servir para “minimizar el impacto psicológico y reducir la angustia moral de quienes toman tal decisión”.

Los criterios parten del principio de justicia social donde todas las personas tienen el mismo valor y los recursos escasos se orientan a salvar la mayor cantidad de vidas por completarse, por lo que evalúan tanto la posibilidad de que un paciente mejore y sobreviva, como el tiempo que tardará en recuperarse. En esas decisiones tienen menores posibilidades de sobrevivir quienes acumulan antecedentes de marginación, exclusión y discriminación estructural.

Cobra vigencia plena el concepto de necropolítica de Achille Mbembe, cuando el Estado tiene el control sobre la mortalidad y para definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder. La decisión se fundamenta en una extensión de la potestad del Estado. El riesgo es que los prejuicios racistas introyectados de cada persona pueden influir en las decisiones que tome en momentos de emergencia sanitaria como éstos. Y la Guía justificará esas decisiones.

Llegamos a esta situación por la irresponsabilidad previa del Estado para satisfacer los derechos sociales, entre ellos el acceso a la salud, por la adopción de políticas neoliberales que mantienen un sistema de salud precarizado a la vez que privilegian modelos mercantilistas de privatización de servicios hospitalarios y el monopolio comercial de la producción de medicamentos.

En esta realidad tenemos que reflexionar y demandar la aplicación de medidas extraordinarias, que hasta el momento no se han implementado, como las señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las y los afrodescendientes en la Resolución 1-20:

72. Prevenir los usos excesivos de la fuerza basados en el origen étnico-racial y patrones de perfilamiento racial, en el marco de los estados de excepción y toques de queda adoptados por la pandemia.

73. Implementar medidas de apoyo económico, bonos, subsidios, entre otros, para las personas afrodescendientes y comunidades tribales que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, y otras situaciones de especial vulnerabilidad en el contexto de la pandemia.

74. Incluir en los registros de personas contagiadas, hospitalizadas y fallecidas por la pandemia del Covid-19, datos desagregados de origen étnico-racial, género, edad y discapacidad.

75. Garantizar el acceso a servicios de salud pública integral de forma oportuna a personas afrodescendientes y comunidades tribales, incorporando un enfoque intercultural y garantizando a esta población información clara, accesible e inclusiva sobre los procedimientos médicos que se les practiquen. Es evidente que el impacto mortal puede ser más amplio entre quienes se encuentran en condiciones de precariedad general por la marginación económica y social en que han vivido. Los pocos datos que existen nos dan cuenta de la situación de precariedad en que los pueblos y comunidades afromexicanas afrontarán la alta tasa de propagación y letalidad del virus.

A la lucha política de los pueblos negros afromexicanos por su reconocimiento pleno, se suma ahora una dura prueba para su sobrevivencia y resistencia. Es innegable la existencia de un sistema de discriminación estructural que mantiene a las comunidades afromexicanas en una situación de exclusión que en esta pandemia las condena con mayor probabilidad a la muerte. Nuestro compromiso se debe encaminar a difundir estas situaciones y a proponer mecanismos de igualdad que generen cambios estructurales.

21 de abril de 2020

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