PROYECTO INTEGRAL MORELOS. LOS PUEBLOS TIENEN OTROS DATOS

Las cuentas alegres del presidente

“Ya no hay problema legal, se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año. Es una muy buena noticia”, anunció desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 10 de septiembre. “Jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y jurídicamente puede continuarse con el proyecto”, sentenció la secretaria de Gobernación, Olga Cordero Sánchez, en referencia al Proyecto Integral Morelos (PIM), que contempla dos hidroeléctricas, un gasoducto y un acueducto en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En dos asuntos, indicó la funcionaria, “de todos los que se interpusieron, se consiguió la suspensión definitiva para el efecto de no disminuir el agua de riego de los ejidos. A efecto de corroborar si había una afectación para los ejidatarios, se realizaron diversas periciales en hidrología forense, las cuales arrojaron que el proyecto no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego de los ejidos”. Actualmente, continuó su explicación en la conferencia de prensa mañanera, “los dos juicios de amparo únicamente vinculados con el nivel de suministro de agua para el riego se sobreseyeron en lo principal y fue confirmada esta resolución del juez de distrito por el Tribunal Colegiado de Circuito, ya que no hubo una afectación de los derechos de los ejidatarios”. Pero, como en muchos otros casos, la población indígena y campesina tiene otros datos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) que aglutina a comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se oponen al PIM, asegura que hay 15 amparos vigentes. Además, advierte la organización que defiende el territorio desde el 2012, están vigentes seis suspensiones que impiden que operen los componentes del proyecto.


Tres suspensiones vigentes

El mismo 10 de septiembre, horas después de que la presidencia anunciara el inicio de operaciones de la termoeléctrica de Huexca para diciembre de este año, el FPDTA aclaró que existen 3 suspensiones de plano que impiden el uso del agua para la termoeléctrica de los ejidos de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velázquez; una suspensión que impide la descarga de las aguas de purga de la termoeléctrica, interpuesto por la comunidad de Huexca; una suspensión de plano del ejido de Amilcingo que impide el funcionamiento del Gasoducto Morelos; más una sentencia que amparó a las comunidades de Atlixco contra el Gasoducto Morelos, ordenando se realice una consulta, misma que no ha terminado “y por lo tanto no se puede volver a violar su derecho a una consulta libre, previa, de buena fe y adecuada culturalmente”.

La abogada y académica especialista en Derecho indígena, Magdalena Gómez, consideró en su participación en un foro sobre el tema que las declaraciones presidenciales ponen en evidencia que “no tienen límites, que no se van a detener y quién sabe hasta dónde van a llegar”.

“¿A quién le importa en el gobierno federal la reacción de todas estas poblaciones y ejidos afectados desde ahora por el proyecto que se quiere imponer a toda costa? Es importante que se señale a los jueces que emitieron las resoluciones ahora que se necesita tanto un poder judicial autónomo para detener los megaproyectos”, indicó Gómez.

En el mismo foro, el también abogado Francisco López Bárcenas señaló que la decisión de poner en marcha la termoeléctrica “deja ver la intención del poder Ejecutivo de llevar a cabo sus proyectos sin tomar en cuenta el descontento de los pueblos que se verán afectados. No se están tomando en cuenta, sobre todo, los derechos que estos pueblos tienen reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes mexicanas… Los pueblos indígenas, además de ser titulares de derechos, son fundantes de la nación y le dan sentido multicultural al México en el que vivimos”. Pero, lamentó, “lo que estamos viendo es que eso solamente está en el papel, y que este gobierno está tratando a los pueblos como se les trató en los gobiernos anteriores, y en muchos casos, peor. Se piensa que la legitimidad de los votos alcanza para violar las leyes y eso es un grave error”.

López Bárcenas advirtió que “hay una colusión de poderes para afectar los derechos de los mexicanos, y muy particularmente de los pueblos indígenas”. Y no sólo en el caso del Proyecto Integral Morelos, pues, indicó, existen “sentencias similares en los amparos que han presentado diversas comunidades que están inconformes con el Tren Maya. Y a ellos les están dando los mismos argumentos: que no tienen derecho, que no tienen interés jurídico ni legítimo”. Estas mismas respuestas, añade, están recibiendo los mayos para permitir que se instale una fábrica de amoniaco en Sinaloa, así como el pueblo macurawe, en Sonora, para permitir que su territorio sea inundado por la presa Pilares.

Para el abogado mixteco, los pueblos que se oponen al PIM “no están defendiendo un pedacito de tierra. Su lucha se vuelve más importante porque están defendiendo también los derechos de otros mexicanos en otras latitudes. La importancia de unirse a esta lucha es para decirle al gobierno que deje de violar los derechos, que vuelva al orden constitucional, y para exigirle a la Corte y al poder judicial que cumpla con su deber y utilice los instrumentos que la ley le da para restaurar los derechos violados”.


Seguir luchando, en la estela de Zapata

El también historiador recuerda que hace casi un siglo, en diciembre de 1911, el general Emiliano Zapata Salazar le mandó decir a Francisco I. Madero, quien le pedía que renunciara a su lucha y que entregara las armas porque ya había triunfado la Revolución, lo siguiente: “Yo, como no soy político, no entiendo de esos triunfos a medias; de esos triunfos en que los derrotados son los que ganan; de esos triunfos en que, como en mi caso, se me ofrece, se me exige, dizque después de triunfante la revolución, salga no sólo de mi estado, sino también de mi patria. Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más baluarte que la confianza, el cariño y el apoyo de mi pueblo”. Hoy, indica López Bárcenas, “parece que la situación está volviendo a ser la misma, y que la única posibilidad que tenemos para evitarlo es seguir luchando”.
Carlos González García, del Congreso Nacional Indígena, añadió en su participación que el interés legítimo de las comunidades es evidente, “porque son los amparistas o quejosos los beneficiarios de las aguas que están en cuestión”. La autoridad demandada, aclaró, “no puede dar la opinión técnica oficial, porque está el juzgador, la autoridad responsable y el quejoso como partes perfectamente señaladas… No son pocos los jueces que formaron parte de esta resolución. Tenemos claro que en este país están profundamente penetradas las estructuras del Estado de la corrupción y la complicidad con los poderes fácticos”, finalizó.